domingo, 28 de junio de 2009

Editorial : Hay que rechazar el regreso a la barbarie


Por Armando García


El secuestro del presidente de Honduras por un grupo de militares, no tiene justificación alguna. Por las características en que se desarrolló, es sin lugar a dudas, un golpe de estado.

El Congreso Hondureño, sin debatir alguna la forma la forma en que el Presidente Constitucional Manuel Zelaya Rosales fue sacado del país por militares, optó por decir que tiene en su poder una carta de renuncia del mandatario, aun a pesar que el Presidente Manuel Zelaya Rosales negó desde Costa Rica a medios informativos, que él haya escrito esa misiva al Congreso de su país.

De no ser cierta de renuncia de Zelaya, el Congreso entero debería renunciar por ampararse en un documento ilícito sin condenar la acción militar contra Zelaya.

El Congreso nombró a Roberto Micheletti como presidente provisional de Honduras hasta enero del 2010, pero de mantenerse en ese cargo, estará aislado del mundo, ya que los acontecimientos han sido condenados por la OEA, otros organismos internacionales y la mayoría de los gobiernos en el mundo.

Las acciones del Congreso Hondureño de destituir a Zelaya acusándolo de acciones inconstitucionales por promover una consulta popular, tienen el rostro claro de que el nuevo presidente sea protegido por los militares hasta que se realicen las elecciones en noviembre o se consiga que Zelaya recupere el poder que a punta rifles y bayonetas se le fue rebatado.

Hay que rechazar el regreso a la barbarie de militares golpistas que caracterizó a muchos países latinoamericanos en el Siglo XX. Las acusaciones que se le imputan a Zelaya, bien pudieron canalizarse dentro del país, y juzgarlo por el delito que sus opositores indican que él cometió

Pero es lógico pensar que la táctica golpista fue deshacerse de Zelaya y de su gabinete que se tuviera carta abierta para la juramentación de Micheletti. Honduras está dividida y tomará mucho tiempo en que se levante de esta crisis.

La solución inmediata es devolver al poder a Zelaya y que se arregle el asunto a través de las instituciones del estado.

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