sábado, 30 de noviembre de 2019

Movimientos sociales en Bolivia, ¿del poder a la resistencia?





¿Acaso 14 años en el poder no les permitió recursos simbólicos y materiales (económicos) suficientes para organizar-formar-comunicar-movilizar a toda Bolivia? ¿Por qué Evo Morales y García Linera (ideólogo del proceso de cambio boliviano) tuvieron que refugiarse en la Provincia del Chapare, Cochabamba, más solitarios que hace 14 años atrás?….


En la coyuntura boliviana actual, constatamos que el 10 de noviembre último se consumó un Golpe de Estado cívico-cristiano-militar promovido por el gobierno de los EEUU.
De lo contrario, ¿cómo se le llama a la ruptura del orden constitucional mediante la insubordinación cívico-militar que obligó al gobernante democráticamente elegido a exiliarse en México? ¿Cómo se denomina la autoproclamación inconstitucional y el ejercicio de poder de facto como Presidenta de Jeanine Añez quien jamás fue electa para dicho cargo?
El Golpe de Estado consumado, instauró un régimen violento que en cuestión de una semana masacró más de 30 indígenas que protestaban contra el Golpe, centenares de heridos de bala, y una persecución jurídico-militar contra todo lo que respire a dirigente social. Cerró, ocupó y/o expulsó a todos los medios de comunicación que mostraban las acciones populares de resistencia al Golpe. Así, se instauró la Dictadura cívico-militar en Bolivia.
Una vez “sofocada” la resistencia popular en las calles, el gobierno de facto de Jeanine Añez obligó al Órgano Legislativo del Estado Plurinacional (con mayoría parlamentaria del MAS) a anular las recientes elecciones generales (del 20 de octubre pasado), le exigió sancionar la Ley de convocatoria a nuevas elecciones (sin Evo Morales, ni Álvaro García, como candidatos), y les mandó a agilizar la selección de nuevos vocales de los tribunales electorales para que organicen las próximas elecciones generales en Bolivia.
Simultánea a esta acción, el gobierno de facto, con el Decreto (Nº 4078) de masacre indígena en mano, sentó a la mayoría de los dirigentes de los movimientos indígenas, campesinos y obreros del país “al diálogo”, y les obligó a levantar los bloqueos de caminos. ¿Cuánto costó esta subordinación dirigencial al gobierno de facto? La historia lo dirá.
En cuestión de horas destituyó a los funcionarios públicos y administrativos principales de las empresas públicas, y colocó en dichos puestos a los familiares y amigos de los actores principales del Golpe de Estado, provenientes de las empresas privadas. Y éstos, ya comenzaron a difundir el conocido discurso neoliberal: “empresas públicas son ineficientes, están sobre endeudados, debemos privatizarlas…”.
Antes que Evo Morales aterrizase en México como exiliado político, el conocido asesor de lo que fue la Embajada de los EEUU en Bolivia ingresó al Palacio de Gobierno de Bolivia como asesor principal de la autoproclamada Añez, y ésta restauró las relaciones diplomáticas con los EEUU e Israel. ¿Dónde están los movimientos sociales que una década atrás sacaron de Bolivia a la Embajada gringa?
¿Y los potentes movimientos sociales que llevaron a Evo Morales al poder?
Por casi 14 años se sostuvo que el gobierno de Bolivia era un gobierno de los movimientos sociales. Morales, políticamente fue producto de los movimientos sociales que a su vez contaban con su propio instrumento político: MAS-IPSP.
Los movimientos indígenas y campesinos, en alianza con otros movimientos, no sólo llevaron al poder (y lo mantuvieron) al primer Presidente indígena en la América Latina criolla, sino también emprendieron las “nacionalizaciones” de los bienes naturales privatizados, impulsaron y concretaron la redacción y aprobación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional.
¿Qué pasó con esa apoteósica potencia plebeya que expulsó incluso a la Embajada norteamericana y a la DEA de Bolivia? ¿Acaso sus dirigentes como Morales no eran funcionarios del Estado?
¿Acaso 14 años en el poder no les permitió recursos simbólicos y materiales (económicos) suficientes para organizar-formar-comunicar-movilizar a toda Bolivia? ¿Por qué Evo Morales y García Linera (ideólogo del proceso de cambio boliviano) tuvieron que refugiarse en la Provincia del Chapare, Cochabamba, más solitarios que hace 14 años atrás?….
A simple vista, al parecer, a los potentes movimientos sociales de Bolivia (CSUTCB, Bartolinas, CONAMAQ, CIDOB, Interculturales, COB) casi 14 años en el ejercicio del poder los desgastó como sujetos sociopolíticos.
Los cuadros dirigenciales de los movimientos sociales políticamente fueron subsumidos por el “instrumento político” MAS-IPSP. Y, éste, a su vez, se convirtió en un aparato electorero, y “bolsa de trabajo” en tiempos no electorales. El brazo político absorbió casi por completo al cuerpo social (movimientos sociales), al límite de inmovilizarlo.
¿Por qué la “soledad” de Evo Morales en el momento del Golpe de Estado?
Cuando ocurre el Golpe de Estado, ya no mandaban los movimientos sociales sobre el instrumento político. Mandaba el MAS. Y el MAS, como organización política, en el momento del Golpe, estaba casi completamente desmoralizado/desgastado por las denuncias del supuesto fraude. En muchos departamentos, las estructuras de los movimientos sociales se encontraban disgustadas con la dirigencia del MAS por las designaciones verticales de candidatos.
A esto se suma el creciente “cerco comunicacional” que padecía Evo Morales con relación a la coyuntura convulsiva/golpista del país. Sus allegados/asesores, no sólo impedían que actores de los movimientos sociales se aproximasen a Él, sino que le “dibujaban” una realidad ficticia sobre la realidad Boliviana, haciéndole creer que “Evo Morales era inamovible de la presidencia de Bolivia”.
Este fue el campo social fértil que aprovecharon los golpistas para derrotar psicológicamente al gobierno de Morales en las calles, en las entidades públicas, en la Policía Nacional, y finalmente en las Fuerzas Armadas.
Por eso, cuando Morales hace su última conferencia de prensa como Presidente, prácticamente se encontraba sólo, junto a su Vicepresidente. Únicamente acompañado por algunos actores de los movimientos sociales. Los funcionarios públicos (clase medieros) que le habían jurado lealtad ya habían desparecido antes “antes que la Biblia llegase al Palacio”.
¿Y los potentes medios estatales de comunicación y empresas públicas?
Si bien antes y durante el Golpe de Estado los golpistas, mediante las redes sociales y medios privados, instalaron en el imaginario colectivo boliviano el correlato de “Evo Morales es dictador, es el enemigo de la paz social”. Una vez ya en el poder, ocuparon los potentes medios de comunicación estatal construidos en 14 años por Morales (Canal de Tv estatal, Red de Radios Patria Nueva, periódico Cambio), y desde allí, junto a los medios corporativos privados “bien pagados con los ahorros públicos”, convencen a la audiencia boliviana que: “Morales es narcoterrorista”, “el MAS y las protestas sociales son criminales”.
De este modo, Morales no sólo dejó potentes medios de comunicación estatal para que desde allí, ahora, los golpistas hagan escarnio de él y de los movimientos sociales, sino también dejó suficiente dinero público ahorrado para financiar dicha campaña. Además, decenas de empresas públicas económicamente solventes, creados por Morales, son repartidas como botín a los “familiares/amigos” de los principales golpistas.
De este modo, los pujantes movimientos sociales indígenas, campesinas y obreros que apenas hace una década atrás hicieron retroceder al sistema neoliberal y pusieron a uno de sus dirigentes como el primer Presidente Indígena en América Latina bajo el lema: “de la resistencia al poder”. Ahora, con la extirpación violenta que el gobierno usurpador hace de todo cuanto respire a movimiento social emancipatorio, éstos, al parecer, se retiran hacia sus territorios bajo la consigna de: “Del poder a la resistencia comunitaria. Volveremos y seremos millones”.



Explosión de indignados pone en el banquillo al modelo neoliberal chileno





SANTIAGO, 25 nov 2019 (IPS) - Cinco semanas de protesta con más de cuatro millones de indignados en las calles han desnudado las carencias del modelo neoliberal de Chile tras una explosión social con más de 23 muertos, 220 tuertos por balines policiales, miles de heridos,  detenidos, procesados y millones de dólares en daños.
La movilización social aparentemente no cesará hasta que aumenten los salarios y las pensiones, mejoren los planes de salud, baje el precio de los medicamentos y se ponga una lápida a la Constitución de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que ha representado y representa una rémora para la democracia del país.
Están abiertas varias interrogantes sobre el futuro político, económico y social que no se dirimirían hasta que este país de unos 19 millones de habitantes cuente con una nueva carta fundamental, según coinciden especialistas y actores de diferentes lados de la crisis institucional abierta en octubre.
Un punto alto del estallido social se vivió con 1,2 millones de personas protestando en el centro de Santiago el 25 de octubre.  Siguió con cientos de marchas y cabildos autoconvocados (asambleas de debate) y manifestaciones pacíficas en todo el país.
En forma simultánea se producen, hasta ahora, actos de pillaje, saqueos, vandalismo e incendios que afectan a grandes centros comerciales, iglesias, cuarteles de policía, bancos y pequeños comercios en ciudades del norte y sur.
Efectivos de Carabineros (policía) han sido sobrepasados, coinciden alcaldes de todas las tendencias, quienes lamentan saqueos y robos en sus comunas (municipios).
Las organizaciones sociales y algunos partidos de izquierda, como el comunista,  exigen cambios estructurales a un modelo neoliberal que se aplicó hasta el exceso y que fue la espita de la explosión social. Anuncian que seguirán movilizados.
Presionados por la multitudinaria movilización de la calle, el derechista presidente Sebastián Piñera, partidos y legisladores de izquierda, centro y derecha apuraron el paso y tramitan varias de esas demandas, a fin de responder a la movilización social, aunque, al menos por ahora, sin cambiar el modelo que originó el estallido social.
Y hay una tercera línea más dura, de extrema derecha, que en las redes sociales pide una represión mayor para mantener incólume el modelo socioeconómico y volver al que llamaban oasis chileno previo al 18 de octubre.
Carolina Espinoza, portavoz de la Mesa de Unidad Social, que reúne a más de 200 organizaciones populares (sindicales, poblacionales, medioambientales, feministas y estudiantiles), contó a IPS que en estas semanas avanzó la reconstrucción del tejido social y político chileno para reparar el déficit de democracia que persiste casi 30 años después de acabarse la dictadura.
Un grupo de análisis de esa Mesa, que coordina la movilización social, ya recibió más de 1 150 actas de cabildos realizados en 180 comunas (de un total de 346) en los que unas 20 000 personas debatieron una nueva constitución. La Mesa impulsa una Asamblea Constituyente paritaria, multiétnica y plenamente elegida por los chilenos.
La opción de una nueva Constitución y el mecanismo para elaborarla se definirán en un referendo en abril del 2020, si se concreta un acuerdo logrado por   parlamentarios y líderes políticos de todos los sectores, con excepción del izquierdista Frente Amplio y del Partido Comunista.
La socióloga Lucía Dammert, de la pública Universidad de Santiago, elogió la realización de cabildos “en un país cuyo debate político había sido invisibilizado. Se había despolitizado la conversación cotidiana, la  mitad de la gente votaba y muchos eran escépticos de la política, pero escépticos sin acción”.
Los cabildos “tienen que seguir avanzando, pero no solamente en términos de proveer propuestas, sino  también en el entendimiento de lo que significa esta toma de decisiones”, dijo a IPS.
“Un gran desafío es que estos cabildos no repliquen los niveles de segregación socioterritorial de Chile. Porque, finalmente, los cabildos terminan siendo conversaciones entre gente muy similar y homogénea y eso puede perder la riqueza del  debate”, advirtió, en un país signado no solo por la desigualdad sino por el clasismo.
Espinoza subrayó que la Mesa seguirá bregando por una Asamblea Constituyente y por otras demandas económicas y sociales, entre las cuales un salario mínimo equivalente a 625 dólares y no a solo 430 como propone Piñera.
“Eso significa seguir en la calle, realizar actividades  culturales y usar todas las  herramientas que la historia de la humanidad entrega para alcanzar justicia social.  Por supuesto hay que racionalizar y focalizar porque no podemos vivir todos los días marchando y tocando cacerolas, pero la calle no la vamos  abandonar”, declaró.
Espinoza advirtió  que es crucial “la investigación, justicia y reparación a  las graves violaciones a los derechos humanos” ocurridas en estas semanas.




Litio y energías limpias en Argentina: ¿desarrollo o espejismo?









OLAROZ, Argentina, 27 nov 2019 (IPS) - Con su blanco intenso que interrumpe la monotonía árida de la Puna, los salares semejan postales lunares en el noroeste de Argentina. Bajo su superficie se esconden las mayores reservas mundiales de litio, el mineral clave en la transición hacia energías limpias, pero cuya explotación ya comenzó a generar controversias.
La discusión no es solo sobre el impacto ambiental sino sobre los verdaderos beneficios para las comunidades locales de este entorno de más de 4 000 metros de altura donde se dificulta la respiración para los no habituados a estas altiplanicies andinas.
“Yo no tengo dudas de que nuestra provincia está destinada a jugar un rol clave en los próximos años, que serán los del abandono de los combustibles fósiles”, dice a IPS Carlos Oehler, presidente de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse).
“Es una oportunidad para el desarrollo. Y quienes ponen el acento en el impacto ambiental lo hacen desde el desconocimiento”, agrega en la sede la empresa en Salvador, capital de la provincia de Jujuy.
Jemse, propiedad de esta provincia –limítrofe con Bolivia y Chile- produce litio desde 2014 en el salar de Olaroz, mediante una sociedad público-privada con la australiana Orocobre y la japonesa Toyota Tsusho, bautizada como Sales de Jujuy.
La presencia de Toyota Tshusho -parte del conglomerado automotriz Toyota– es una muestra del interés internacional que despierta el litio para la producción de baterías de vehículos eléctricos, mercado que apunta a un gran crecimiento durante los próximos años en los países industrializados.
El impacto de esta realidad en la Puna jujeña es por ahora limitado y distinto según las zonas, según pudo constatar IPS en un recorrido de varios días por las dispersas localidades de esta agreste ecorregión de mesetas altoandinas.
Varias de estas comunidades, mayoritariamente pobladas por indígenas del pueblo kolla, se convirtieron este año en Pueblos Solares, un proyecto provincial que aprovecha la privilegiada radiación de la Puna para llevarles la electricidad.
A pocos kilómetros del Salar de Olaroz está el pueblo del mismo nombre, compuesto por unas cuantas decenas de casas de adobe y al que se llega por un desolado camino de tierra.
Aquí, el año pasado se inauguró la primera escuela secundaria, que es una institución técnica con orientación en química y que apunta justamente a formar jóvenes en el conocimiento de la estructura del litio.


Además, el litio trajo trabajo estable para algunos, en una región pobre, con una mayoría de población que sobrevive con la cría de llamas y ovejas.  “Acá todo mundo quiere entrar a la minera, aunque sea para lavar los platos”, resume a IPS Mirta Irades, directora de la escuela primaria de Olaroz.
El beneficio real, de todos modos, es modesto. Un informe presentado en noviembre por los gobiernos de la Nación y de la provincia indica que solo 42 por ciento de quienes trabajan en la operación de Sales de Jujuy pertenece a comunidades locales, lo que equivale a162 personas.
En total, según el documento, el empleo directo de la minería en Jujuy pasó de 1 287 puestos de trabajo en 2006 a 2 244 en 2018, con tres cuartas partes del crecimiento gracias a las operaciones de litio. Es apenas 3,5 por ciento del empleo registrado en la provincia, aunque los sueldos más que duplican el promedio general.
También los tiempos de la producción de litio parecen ser un obstáculo.
Sales de Jujuy es la única empresa en la provincia que ya explota comercialmente su yacimiento. Hay otras decenas de compañías trabajando, pero la exploración, las pruebas piloto, la instalación de plantas de procesamiento y otras tareas previas pueden llevar hasta 10 años.



América Latina ha subestimado la desigualdad, afirma la Cepal



La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, durante la presentación este jueves 28 del Panorama Social de América Latina 2019, en la sede del organismo en Santiago de Chile. Crédito: Carlos Vera/Cepal

Por CEPAL

SANTIAGO, 28 nov 2019 (IPS) - “El llamado es a construir pactos sociales por la igualdad” en la región, dijo este jueves 28 la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, al lanzar en la capital chilena el informe Panorama Social de América Latina 2019.
“Constatamos nuevamente la urgencia de avanzar en la construcción de estados de bienestar, basados en derechos y en la igualdad, que otorguen a sus ciudadanos y ciudadanas acceso a sistemas integrales y universales de protección social y a bienes públicos esenciales, como salud y educación de calidad, vivienda y transporte”, planteó la máxima responsable de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
La disminución de la desigualdad de ingresos es clave para retomar la senda de reducción de la pobreza y cumplir las metas establecidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, considera el organismo regional de las Naciones Unidas.
“Es necesario crecer para igualar e igualar para crecer. La superación de la pobreza en la región no exige solamente crecimiento económico; este debe estar acompañado por políticas redistributivas y políticas fiscales activas”, dice la Cepal en el estudio presentado en Santiago de Chile.
El documento destaca el crecimiento de los estratos de ingresos medios, aunque estos siguen experimentando diversas carencias y vulnerabilidades, tanto en relación con sus ingresos como en el ejercicio de sus derechos, alerta la Comisión.
Entre 2002 y 2017, la participación de los estratos de ingresos bajos en el total de la población disminuyó de 70,9% a 55,9% (porcentaje que incluye a las personas en situación pobreza extrema, pobreza y en estratos bajos no pobres).
A su vez, la participación de los estratos de ingresos medios (divididos en medios-bajos, medios-intermedios y medios-altos) creció de 26,9% a 41,1%. De esta forma, 76,8% de la población de América Latina pertenece a estratos de ingresos bajos o medios-bajos, subraya la Cepal.
Por último, las personas pertenecientes a los estratos de ingresos altos pasaron de 2,2% a 3,0%.
Del total de la población adulta perteneciente a los estratos de ingresos medios, más de la mitad no había completado la enseñanza secundaria en 2017; el 36,6% se insertaba en ocupaciones con alto riesgo de informalidad y precariedad (trabajadores por cuenta propia no profesionales, asalariados no profesionales en la microempresa y en el servicio doméstico); y solo la mitad de las personas económicamente activas estaba afiliada o cotizaba en un sistema de pensiones.
El perceptor principal de ingresos laborales de estos estratos percibe en promedio 664 dólares mensuales, mientras que en los estratos bajos este ingreso desciende a 256 dólares.
Así, el informe evidencia que una alta proporción de la población de ingresos medios experimenta importantes déficits de inclusión social y laboral y un alto grado de vulnerabilidad a volver a caer en la pobreza ante cambios provocados por el desempleo, por la caída de sus ingresos u otros eventos catastróficos como enfermedades graves y desastres.
Siguiendo la tendencia al alza que se registra desde 2015 en América Latina, un 30,1% de la población de la región se encontraba bajo la línea de pobreza en 2018, mientras que un 10,7% vivía en situación de pobreza extrema, tasas que aumentarían a 30,8% y 11,5%, respectivamente, en 2019, según las proyecciones de la Cepal.
Esto significa que aproximadamente 185 millones de personas se encontraban bajo el umbral de la pobreza en 2018, de los cuales 66 millones de personas estaban en la pobreza extrema, indica el Panorama Social de América Latina 2019.
En este año, el número de personas en la pobreza aumentaría a 191 millones, de los cuales 72 millones estarían en la pobreza extrema. Destaca, en esa evolución, el hecho de que prácticamente todas las personas que se suman este año a la estadística de la pobreza se integran directamente a la pobreza extrema.
El alza de 2,3 puntos porcentuales de la pobreza entre 2014 y 2018 en el promedio regional se explica básicamente por el incremento registrado en Brasil y Venezuela.
En el resto de los países la tendencia dominante en ese período fue hacia una disminución, debido, principalmente, a un aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos, pero también a transferencias públicas de los sistemas de protección social, y privadas, como las remesas en algunos países. La pobreza afecta mayormente a niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas indígenas y afrodescendientes, a los residentes en zonas rurales y a quienes están desempleados.
El estudio de la Cepal también señala que la desigualdad en la distribución del ingreso -expresada en el índice de Gini con base en las encuestas de hogares- ha continuado su tendencia a la baja (en promedio cayó de 0,538 en 2002 a 0,465 en 2018 en 15 países), pero a un ritmo menor que en años recientes. Mientras entre 2002 y 2014 se redujo 1,0% anual, entre 2014 y 2018 la caída fue de 0,6% por año.
No obstante, si se corrige el índice de Gini utilizando otras fuentes de información, capaces de captar mejor los ingresos del 1% más rico, se observa que la desigualdad es más elevada y la tendencia al descenso se atenúa en comparación con la estimada solamente a partir de las encuestas de hogares.
Por ejemplo, en Brasil, en 2014, la participación del 1% más rico en el total del ingreso del país alcanzaba a 9,1% de acuerdo con las encuestas de hogares, porcentaje que se elevaba a 27,5% tomando en cuenta la información tributaria.
En Chile (dato para 2015), la participación del 1% más rico en el ingreso total, también medida por las encuestas de hogares, alcanzaba a 7,5%, proporción que subía a 22,6% considerando la información de los registros tributarios y a 26,5% en el caso de la riqueza neta (activos financieros y no financieros menos pasivos) y en Uruguay (dato para 2014) las proporciones también aumentan: 7,3% (con encuestas de hogares), 14% (información tributaria) y 17,5% (riqueza neta).
Por otra parte, el Panorama Social de América Latina 2019 señala que el gasto social del gobierno central aumentó de 10,3% a 11,3% del producto interno bruto (PIB) entre 2011 y 2018, alcanzando a 52,5% del gasto público total.
América del Sur tiene el promedio de gasto público social más alto de la región (13,2% en 2018), mientras que en Centroamérica, México y República Dominicana esa cifra es de 9,1%.
En el Caribe, el gasto social promedio respecto al PIB es más alto (12,2%), pero en 2018 volvió a niveles de 2014, con un peso equivalente a 43,2% del gasto público total. El estudio alerta que justamente aquellos países que enfrentan mayores desafíos para cumplir las metas de la Agenda 2030 son los que presentan niveles más bajos de gasto social.
Finalmente, el documento llama a atender las causas estructurales de la migración y a reforzar la cooperación multilateral para asegurar la protección y la inclusión sociales y laboral de las personas migrantes en todas las etapas del ciclo migratorio.
Entre 2010 y 2019, el número de personas migrantes en América Latina y el Caribe aumentó de 30 a 40,5 millones, lo que equivale a 15% del total de migrantes a nivel mundial. Entre 2000 y 2019, la proporción de migrantes intrarregionales aumentó de 57% a 70% del total.
Las remesas desempeñan un papel importante en el alivio de la pobreza en varios países, plantea el documento. En El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana, la incidencia de la pobreza sobre el total de la población sería entre 1,5 y 2,4 puntos porcentuales más elevada si no fuera por estas transferencias de dinero.
En el informe, la Cepal enfatiza que para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad de los estratos de ingresos bajos y medios son necesarias políticas de inclusión social y laboral.
También se requiere un mercado de trabajo que garantice empleo de calidad y remuneraciones dignas, eliminar las barreras de inserción laboral de las mujeres y fortalecer el desarrollo de sistemas integrales y universales de protección social en el marco de estados de bienestar centrados en los derechos y la igualdad.


El periodismo bajo hostigamiento en el Brasil de Bolsonaro



Joice Hasselmann, diputada del Partido Social Liberal, cuando estaba en sintonía con el presidente Jair Bolsonaro, que la defenestró como jefa de la bancada oficialista cuando no obedeció una orden suya. Desde entonces sufrió una campaña de insultos y difusión de fotos falseadas, con epítetos como "cerda" (la peppa pig) y decidió revelar lo que sabe sobre noticias falsas y difusión de difamaciones en la comisión parlamentaria que investiga el tema. Crédito: EBC




Por Mario Osava

RÍO DE JANEIRO, 29 nov 2019 (IPS) - La presidencia de Brasil excluyó a Folha de São Paulo de los diarios y revistas que sus funcionarios seguirán leyendo pagados con dinero público, en una represalia del presidente Jair Bolsonaro por informaciones que le molestaron en los últimos meses.
La medida ya la había anunciado Bolsonaro el 31 de octubre en la emisora de televisión Bandeirantes, una de sus preferidas. Relacionó su decisión con una entrevista de casi dos meses antes, el 3 de septiembre, concedida al diario que publicó “solo desinformación”, según el gobernante de extrema derecha.
Parece una retaliación mezquina, al suspender suscripciones en cantidad similar a las adjudicadas a otros dos grandes diarios de distribución nacional, O Globo y O Estado de São Paulo, 74 y 73 respectivamente, lo que equivale a pocos miles de dólares al año.
El ascenso de la extrema derecha al gobierno hizo más complejo el ejercicio del periodismo en Brasil, con el ambiente saturado de informaciones falsas o tendenciosas diseminadas por las redes sociales.
Pero se trata de un escarmiento y un aviso a todos los medios de comunicación, a través de dos pesos pesados del sector. Folha de São Paulo es el diario de mayor tirada en Brasil, con cerca de 330.000 ejemplares diarios, y TV Globo encabeza el conglomerado mediático más poderoso del país, que controla la televisión de mayor audiencia, el segundo diario en circulación, y otros periódicos, revistas y radios.
Que la libertad de prensa está en riesgo en este país de 210 millones de habitantes ya se sabe desde las elecciones de octubre de 2018, cuando Folha de São Paulo fue amenazada la primera vez por haber divulgado que empresarios financiaron la difusión masiva de mensajes maliciosos pro Bolsonaro en la plataforma WhatsApp, en lo que podría constituir un delito electoral.
El periodismo es blanco permanente de ataques del gobierno que llegó al presidencial Palacio de Planalto el 1 de enero. Como la enseñanza y el sector cultural, estaría bajo dominio de izquierdistas y del marxismo, según repiten los bolsonaristas.
Bolsonaro amenazó también con sacar del aire a TV Globo, que además de tener la mayor audiencia local es gran exportadora de sus telenovelas. El mecanismo sería no renovar su concesión en 2022, como castigo por su “periodismo sucio, vergonzoso”, según el presidente.
Esa fue su reacción a un reportaje del 29 de octubre que lo involucraba en la investigación policial sobre el asesinato de Marielle Franco, entonces concejala de Río de Janeiro, el 14 de marzo de 2018, un caso de repercusión internacional.
Bolsonaro fue mencionado por un testigo, el portero del conjunto residencial en el oeste de Río de Janeiro donde tienen viviendas tanto el presidente como el principal sospechoso del asesinato, el ex policía militar Ronnie Lessa, preso desde marzo de este año.


Expertos de la ONU deploran que los crímenes de la guerra sucia en México sigan impunes




Por Organización de Naciones Unidas

“Instamos a las autoridades mexicanas a saldar la deuda pendiente con todas las personas que desde hace décadas buscan a sus familiares víctimas de los crímenes cometidos por el Estado mexicano en los años 70 y 80”, señaló un grupo de especialistas en derechos humanos.

Hace diez años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución que condenó al Estado mexicano por violaciones graves de las garantías fundamentales y ordenó una serie de medidas de reparación en el caso de la desaparición de Rosendo Padilla Pacheco, un líder social del estado de Guerrero. 
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos lamentó este viernes que después del decenio transcurrido desde esa sentencia, no haya avances significativos en su implementación.
Rosendo Radilla Pacheco fue detenido ilegalmente y desaparecido por elementos del Ejército Mexicano el 25 de agosto de 1974, durante el periodo conocido como “la guerra sucia” en México, cuando viajaba en un autobús rumbo a Chilpancingo, la capital guerrerense junto a su hijo de 11 años. 
Su detención y desaparición forzada fueron denunciadas a nivel nacional y, ante la falta de una respuesta apropiada y debida diligencia en la investigación por parte del Estado, el 23 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana emitió su sentencia en contra de México.
Aún lejos de la justicia para las víctimas
Los expertos señalaron que a 45 años de la desaparición y 10 años de la emblemática sentencia, “México está aún lejos de esclarecer la suerte y el paradero de Radilla Pacheco y de los cientos de personas que desparecieron durante la guerra sucia”.
Agregaron que los responsables de estas violaciones no han sido llevados ante la justicia y lamentaron la ausencia de medidas encaminadas a la individualización de las responsabilidades. 
Consideraron “inaceptable” que las denuncias penales tramitadas hasta la fecha, tanto en el caso Radilla Pacheco como los de otros desaparecidos por agentes del Estado, no hayan generado la imputación de persona alguna.
Obligaciones del Estado mexicano
Los especialistas afirmaron que el Estado mexicano tiene la obligación de continuar esas búsquedas dado el carácter continuo del delito.
“Las autoridades deben realizar investigaciones exhaustivas, dotar de una mayor asignación de recursos que permitan cubrir todo lo necesario para las búsquedas, asegurar una mayor profesionalización de los equipos forenses involucrados, y garantizar la transparencia de las políticas de búsqueda, permitiendo que las familias, sus representantes y la ciudadanía en general, tengan información sobre los trabajos”, apuntaron.
Recomendaron también establecer un mecanismo especial, conformado por oficiales de alto nivel, a fin de favorecer la implementación de la sentencia.
“Instamos a las autoridades mexicanas a saldar la deuda pendiente, no sólo con la familia Radilla, sino con todas las personas que desde hace décadas buscan a sus familiares víctimas de los crímenes cometidos por el Estado mexicano en los años 70 y 80.”
Finalmente, expresaron su respeto y solidaridad con las víctimas. “A más de cuatro décadas de impunidad, la lucha digna y persistente de las familias nos motiva a sumarnos solidariamente a su legítima exigencia de alcanzar la justicia, conocer la verdad, encontrar a sus seres queridos y mantener viva la memoria”, enfatizaron.
Los expertos firmantes del comunicado son Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición;  y los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias: Luciano Hazan, Tae-Ung Baik, Bernard Duhaime, Houria Es-Slami y Henrikas Mickevičius. 
Nota: Los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.


viernes, 29 de noviembre de 2019

Crisis en América Latina



Moisés Absalón Pastora

Vive nuestra América una profunda crisis socio política que tiene su raíz en una descomunal anemia de valores en la que los pueblos están en modo de una ebullición peligrosa que ya genera una reacción en cadena contra la causa del mal causado, Estados Unidos, como esencia y cabeza del capitalismo salvaje.
Ecuador por ahora acuerdo por el bien del país, pero con un futuro incierto. Sus calles transpiran una resistencia indígena a la que otros sectores se unieron para dar una batalla común contra las despiadadas recetas del Fondo Monetario Internacional que el presidente de ese país, Lenín Moreno, implementó lanzándose a la yugular de su propio pueblo para decretar de un solo plumazo una serie de medidas, entre ellas el descomunal aumento de los hidrocarburos que como era de suponer generaron un efecto dominó y alcista en todos los precios en la economía de ese país y una inflación que hizo que el dólar, su moneda oficial desde el año 2000 en sustitución del Sucre fuera solo papel.
Tras doce días violentos la resistencia indígena se derrotó al Fondo Monetario Internacional, a los poderes fácticos, al capitalismo salvaje, al intento del neoliberalismo por volverse a imponer, a la derecha, a los medios de comunicación que fueron parte de los planes imperiales en Ecuador y por supuesto al mismo gobierno de ese país que tendrá que decidir sobre su futuro inmediato.
Hay que felicitar a la resistencia indígena ecuatoriana por el rol de liderazgo responsable que asumieron en representación de toda su sociedad. Qué madurez, que voluntad, que serenidad y que sabiduría y qué amor por su país. Ya hubiésemos querido aquí que, aunque sea una onza de esa inteligencia y talento de los que ayer noche lograron la derogación del decreto 833 en Ecuador lo tuviera la brutalidad de los que aquí destruyeron a Nicaragua con aquellos tranques malditos que solo eran bendecidos por obispos de la iglesia católica que nunca actuaron como pastores.
Pero en Ecuador también la figura de la traición y la deslealtad se impone como un efecto degradante e impactante en el ejercicio de la política y esa puñalada que Lenín Moreno asesta contra su mentor Rafael Correa, con otros matices, nos remonta a escenarios que ya vivimos en Nicaragua en la relación que hubo entre los expresidentes, Arnoldo Alemán, mentor de quien le sucedió, el ingrato de Enrique Bolaños, al que vamos a recordar aquí como el clon de Adolfo Díaz y sin duda alguna como el ideólogo y sumo pontífice de los vendepatria de aquí y de hoy.
En Perú para volver al tema que realmente nos ocupa, la crisis política pinta a ese país como ingobernable, con una corrupción pestilente que tiene la raíz de su divieso en Odebrecht, la empresa brasileña que trabaja en grandes proyectos de infraestructura en América Latina, pero logrados a través de millonarios sobornos que pringaron a muchos expresidentes y presidentes peruanos sobre los que ha caído una especie de maldición porque desde el año 2000 ninguno de ellos ha podido salir con las manos limpias al extremo que han terminado suicidados, encarcelados o deportados, lo que en definitiva es todo un fenómeno.
Después de largos procesos judiciales Alberto Fujimori, el exdictador, fue encontrado culpable en 2009 de crímenes en materia de derechos humanos durante su mandato, incluyendo los asesinatos de 25 personas a manos de un escuadrón militar de la muerte.
Alejandro Toledo, que portó la banda presidencial a principios de 2000, está tras las rejas en Estados Unidos y con una solicitud de extradición pendiente por cargos de que aceptó unos 20 millones de dólares en pagos.
En abril de este año, mientras las autoridades se preparaban para ejecutar una orden de arresto en la casa de Alan García, sucesor de Toledo, el expresidente se apuntó a la cabeza con una pistola y apretó el gatillo y se mató.
La policía peruana, siempre por los escándalos de corrupción derivados de la empresa brasileña Odebrecht, arrestó a Ollanta Humala, quien fuera presidente de 2011 a 2016 y ahora los fiscales están buscando una sentencia de 20 años de cárcel para él.
La hija del exdictador Alberto Fujimori, Keiko, ha buscado por su cuenta la presidencia a través de Fuerza Popular, un partido populista y conservador, buscando capitalizar el legado de su padre para posteriormente liberarlo, pero ahora también ella está tras las rejas.
Perú había estado en paz desde el 2000, cuando llegó a su fin una guerra civil que cobró 69.000 vidas en el curso de 20 años, pero ahora su situación es confusa con un Martín Vizcarra que, tras disolver el Congreso, anunciando una profunda campaña anticorrupción, no se sabe si realmente gobierna en un país donde la corrupción es quien manda.
En Argentina, a través de la sucia injerencia norteamericana, se logra el cometido imperial de desmontar un gobierno de izquierda con una visión profundamente social encabezado por Cristina Elizabeth Fernández Kirchner para promover a un Mauricio Macri que le sucede en la presidencia, pero solo para traerse tan al abismo a la Argentina que todavía no se comprende cómo este país padezca una pavorosa crisis alimentaria a pesar de los más de 50 mil millones de dólares que simplemente se disolvieron porque no se ven por ningún lado.
En Colombia, el proceso de paz que por tantos años se bordó se estrelló con el asesinato cotidiano y paulatino de los líderes guerrilleros que firmaron el desarme de la guerrilla que dirigieron desde las montañas de ese país, pero ahora apuntan hacia la reedición de una nueva guerra civil que hace muchos años cobró la vida de 215.005 civiles y 46.813 combatientes entre 1958 y julio del 2018.
En Brasil, para que accediera al poder el fascista Jair Bolsonaro, este tuvo que cañonear a un juez previo a la campaña electoral y después nombrarlo fiscal, ya como presidente, a cambio de meter en la cárcel a Luiz Ignacio Lula Da Silva, el gran líder del Partido de los Trabajadores, que desde su mandato había logrado transformar la nación y fue tanto su éxito que le relevó en el mandato Dilma Rousseff, a quien destituyen con patrañas que después resultaron falsas.
En Honduras, hay un narcoestado encabezado por Juan Orlando Hernández quien tiene un hermano preso en Estados Unidos y que ha confesado que el actual presidente catracho, quien ha tenido que enfrentar todo tipo de protestas y cuyo gobierno ha estado a punto de caer por aplicar igual recetas fondomonetaristas, que recibió del “Chapo” Guzmán buenas millonadas de dólares.
Sobre esta profunda crisis de valores en América Latina pudiera decir mucho más, pero para ir aterrizando diré que la Organización de Estados Americanos, la tal O.E.A. es parte de esa misma crisis.
Yo estoy claro que aquí en Nicaragua tuvimos una crisis y muy seria, pero esta no fue del pueblo contra su gobierno, sino de una oposición mediocre y criminal que por no representar nada quiso llegar al poder a través de un golpe de Estado financiado por Estados Unidos que igual que aquí está siendo derrotado por toda nuestra América hispana.
Aquí en Nicaragua la policía no salió a las calles a reprimir al pueblo, por el contrario, por sugerencia de algunos obispos fue recluida a sus estaciones, lo que fue aprovechado por los terroristas para hacer lo que hicieron.
Aquí en Nicaragua no se aplicaron las recetas fondomonetaristas, por el contrario muchos se incomodaron cuando alguien dijo por ahí que ya nos habíamos graduado en el asunto del manejo de nuestra economía y que en consecuencia no necesitábamos del F.M.I.
Aquí en Nicaragua, bajo el actual gobierno, eso de anular los subsidios al transporte, a la canasta básica, a la factura de agua y luz y otros no existe mientras la gratuidad para la salud y la educación es mucho más que una realidad.
Aquí el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, no han dejado ni de prestar ni de desembolsar lo ya aprobado porque saben que la inversión es real y que cada centavo va para lo que fue solicitado.
Aquí en Nicaragua, pese a la barbaridad que nos hizo el terrorismo, comienza nuevamente en el 2020 a pintar su economía con visos de crecimiento y paralelamente privilegiando su visión social.
Aquí en Nicaragua se hace la paz y la reconciliación de manera efectiva y por eso se amnistió al terrorismo y por eso se construyó un puente de retorno para aquellos que huyeron tras ejecutar el golpe contra el Estado y por eso se atiende a las víctimas y a los victimarios de aquella crisis y solo el odio, ciego y obtuso, niega la realidad del país para engañar a un mundo que está despertando y se está dando cuenta que contra nuestro país lo que hubo fue una infamia imperdonable ejecutada por Estados Unidos con la complicidad de una Organización de Estados Americanos que está en rojo y que no dice nada sobre la crisis de valores por las cuales otros gobiernos en nuestro hemisferio sí están masacrando a sus pueblos con fusil, horca y cuchillo porque luchan contra las dictaduras que el imperio insiste en poner en un patio trasero que nunca tendrá su fierro, sobre todo ahora que existe una voluntad de resistencia contra el neoliberalismo y el neocolonialismo.


“We are not homeland sellers” López Obrador






By Armando García 

The Social networks, the Mexicans media, and other news organizations are talking about the threat from President Donald J. Trump to label  Mexican drug cartels as terrorists. The above, apparently, was requested directly to Trump  by a member of the American LeBaron Mormon family, residing in Mexico because nine of  his family members were killed by the drug cartels operating in Mexican territory.
That incident, apart from others, has caused the adversaries of Mexican President Andrés Manuel López Obrador (AMLO) to incite the population and right-wing sectors to remove AMLO from office. And applauding a possible US intervention to overthrow AMLO.
The seriousness of the matter must be considered very dangerous, since as in other countries, the United States, without warning would deploy its troops in Mexico if the drug cartels become considered terrorist groups.
Undoubtedly another page is opening in the history of US invasions in Mexico, the last one occurred in 1914 years after the XIX century war between the two countries, where Mexico lost  more than half of its territory. Now the rumors of a possible intervention or invasion are heard again. I believe that now is the time for Mexicans to make their  National anthem a reality: Mexicans to the Cry of War against any interference in their country.
Mexicans historically are anti American. It could be considered a contradiction, but it is a reality. The Mexican writer Max Villareal, in his book “Los Primos” (The cousins), writes about the American intervention by saying:
“With the creation of its large banks, World, Inter-American, Development, etc.… with which the Mexican people are sold, for at least, three more generations; that if we do not continue to borrow because we only produce to pay the interest, since the capitals, these, were taken by politicians who have governed us mainly the last thirty years and specifically in the presidential periods of Salinas… and Zedillo. And more and more programs, agreements, treaties, compromises, lobbying, many still hidden from public opinion and in all, the only winner economically, have been the United States.”
President AMLO emphasized that his Government will not allow any action that puts his sovereignty at risk.
Foreign Minister Marcelo Ebrard said that "Mexico will never admit any action that means violation of its national sovereignty."
"We do not want interference from any power, from any hegemony, from any foreign country. Our Constitution is very clear. "We are not homeland sellers. We are not going to allow any threat, any intervention from abroad," said the Mexican president. "This issue is covered by international jurisdiction and relies on international treaties and bilateral agreements."
AMLO summed up his position in four words: COOPERATION YES - INTERVENTION NO. The Aztec president stressed that he will not allow any threat of intervention from any foreign country. The US is in an election period and is the time when the passions are lift. And he demanded that the self-determination of all peoples must be respected.
"Hypocrites send weapons, buy coca, train narcos, infiltrate government and then intend to sink nations," said reader Yohana Guzman. “Mexico is not Vietnam, we will be your worst nightmare if you want to, because we were born to die and have no fear of dying. Long live Mexico, and my president, it is better one day standing than a thousand years on my knees.”
I think the Mexican right wing is celebrating. An opportunity came right on time to discredit the AMLO government. I also think they were waiting for this to happen after they fail to let the military rise against the president, and other option was for Trump to say something. And they got it.
Such action, if realized, would be a carte blanche for the United States government, without prior notice, to intervene directly in Mexico, under the excuse of going after the terrorist cartels operating in Mexico.
“Julián LeBaron will be happy. Those who applaud the threat of intervention by the United States are also ignorant,” said Mexican legislator Gerardo Fernández Noroña “They already forgot that in one of those interventions we lost 60% of the territory. But in addition, those who applaud and really believe that US will save them, they would be the first to be massacred. They do not know about the racism that moves the United States Government and part of its people. We are not going to tolerate any intervention by the US army in Mexico.”
President Obrador said Mexico will defend his sovereignty and he is very optimistic says that there is nothing to fear, because his government has a policy of cooperation and not confrontation. He said he saw a foreign interference in Mexico very unlikely.
"And if in a remote case they acted against us," said the president, "We would go to international court."
AMLO said that in talks with Trump, they both clarified that they don't want to fight. "He will not engage in a feud," said AMLO. "Never".
AMLO concluded by saying that art in politics was made to avoid confrontation.

Armando García is a journalist from the United States. He is the editor and founder of Nuestra América Magazine and has worked in various media in the United States and Latin America.

“No somos vende patrias” López Obrador







Por Armando García

Las redes sociales, los medios de información, están hablando de una amenaza del presidente Donald J. Trump de catalogar a los carteles de la droga mexicanos como terroristas. Lo anterior, al parecer, fue a pedido de la familia mormona LeBaron, cuyos varios integrantes fueron asesinados, posiblemente por los carteles que operan en territorio mexicano.
Ese incidente, aparte de otros, ha hecho que los adversarios del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inviten a la población y a sectores derechistas a que se le destituya del cargo. Y aplauden una posible intervención de EE. UU. para derrocar a AMLO.
La seriedad del asunto debe considerarse muy peligroso, ya que como en otros países, Estados Unidos, sin aviso algo desplegaría sus tropas en México si los carteles de la droga pasan a ser considerados grupos terroristas.
Aquí se abre una página más de las invasiones que Estados Unidos ha hecho en México desde la guerra entre los dos países en el siglo XIX e invasiones a principios del Siglo XX. A poco más de un siglo de la última invasión estadounidense, se vuelve a escuchar los rumores de una posible intervención o invasión al vecino país. Ahora en el Siglo XXI, considero que los mexicanos, deber hacer realidad su himno: Mexicanos al Grito de Guerra contra cualquier injerencia en su territorio por parte de EE. UU.
El mexicano, históricamente hablando es anti gringo, pero necesita salir de su país por necesidad y el país más cercano para subsistir, es los Estados Unidos. Podría considerarse una contradicción, pero es una realidad. El escritor mexicano Max Villareal, en su libro Los Primos nos escribe sobre los “gringos” al decir:
“Con la creación de sus grandes bancos, Mundiales, Interamericanos, de Desarrollo, etc.… con los cuales el pueblo Mexicano está vendido, por lo menos, durante tres generaciones más; eso si no se sigue pidiendo prestado dado que solo producimos para pagar los intereses, ya que los capitales, éstos, se los llevaron los políticos que nos han gobernado principalmente los últimos treinta años y específicamente en los períodos presidenciales del nefasto Salinas, ahora convertido en el hombre más poderoso del país, y del chico inteligente Zedillo, al momento un brillante empleado de sus compañías. Y más y más programas, acuerdos, tratados, componendas, cabildeos, muchos aún ocultos a la opinión pública y en todos, el único ganador económicamente, han sido los Estados Unidos”.
El presidente AMLO, enfatizó que su Gobierno no permitirá ninguna acción que ponga en riesgo su soberanía.
“No somos vende patrias”, dijo en su conferencia matutina.
El canciller Marcelo Ebrard señaló que "México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional".
"No queremos injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero. Es muy clara nuestra Constitución. No somos vendepatrias. No vamos nosotros a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero", aseveró el mandatario mexicano. “Esta extraterritorial abarca jurisdicción internacional y se apoya en los tratados internacionales y convenios bilaterales”.
AMLO resumió en cuatro palabras su posición: COOPERACION SI – INTERVENCION NO. El mandatario azteca recalcó que no permitirá ninguna amenaza de intervención de ningún país extranjero. Declaro que en EE. UU. se viven tiempos electorales y es cuando se encienden las pasiones. Y exigió que se deben respetar la autodeterminación de los pueblos.
“Hipócritas mandan, armas, compran coca, entrenan narcos infiltran gobierno y luego pretenden hundir naciones”, dijo la lectora Yohana Guzmán. “México no es Vietnam, seremos su peor pesadilla si así lo quieren, pues para morir nacimos y miedo a la muerte jamás, por la patria es el todo por el todo, de paso vamos por la conquista de los territorios robados y si no le paran de una vez todo, hasta donde tope. Viva México viva mi presidente, más vale un día de pie que mil años de rodillas”.
Creo que la derecha mexicana, está de fiesta. Les llegó un oportunidad para desacreditar más al gobierno de AMLO. Creo también que la buscaron, como les fallo que los militares se alzaran contra el presidente, buscaron la forma de que Trump dijera algo. Y lo consiguieron.
Tal acción, de hacerse realidad, implicaría carta abierta al gobierno de Estados Unidos, sin previo aviso, intervenir directamente en México, bajo la excusa de ir tras los carteles terroristas que operan en México.
“Ya estará contenta la derecha y Julián LeBaron. Esos que aplauden la amenaza de intervención de Estados Unidos, son además de ignorantes, miserables. Ya se les olvidó que en una de esas intervenciones perdimos 60% del territorio. Pero además esos que aplauden y en verdad creen que los van a salvar, serían los primeros en ser masacrados, no se enteran del racismo que mueve al gobierno de Estados Unidos y a parte de su pueblo. No vamos a tolerar intervención alguna del ejército norteamericano en México”, dijo el legislador mexicano Gerardo Fernández Noroña.
El presidente Obrador dijo México defenderá su soberanía y muy optimista dice que no hay nada que temer, porque su gobierno tiene la política de cooperación y no confrontación. Dijo que veía muy improbable una injerencia extranjera en México.
“Y si en caso remoto actuaran contra nosotros”, dijo el presidente “Nos iríamos a leyes internacionales”.
AMLO dijo que en conversaciones con Trump, ambos aclararon que no desean pelearse. “No va a ver pleito”, dijo AMLO. “Jamás”.
AMLO concluyó diciendo que el noble oficio de la política se hizo para evitar la confrontación.

Armando García es un periodista de Estados Unidos. Es el editor y fundador de Nuestra América Magazine y ha laborado en varios medios de comunicación en Estados Unidos y Latinoamérica.











Lorca vive en radio teatro

  Por Armando García Álvarez                                                                                                         Directo...