Por Organización
de Naciones Unidas
“Instamos
a las autoridades mexicanas a saldar la deuda pendiente con todas las personas
que desde hace décadas buscan a sus familiares víctimas de los crímenes
cometidos por el Estado mexicano en los años 70 y 80”, señaló un grupo de
especialistas en derechos humanos.
Hace
diez años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución que condenó al Estado
mexicano por violaciones graves de las garantías fundamentales y ordenó
una serie de medidas de reparación en el caso de la desaparición de Rosendo
Padilla Pacheco, un líder social del estado de Guerrero.
Un
grupo de expertos de la ONU en derechos humanos lamentó este viernes que
después del decenio transcurrido desde esa sentencia, no haya avances
significativos en su implementación.
Rosendo
Radilla Pacheco fue detenido ilegalmente y desaparecido por elementos del
Ejército Mexicano el 25 de agosto de 1974, durante el periodo conocido
como “la guerra sucia” en México, cuando viajaba en un autobús rumbo a
Chilpancingo, la capital guerrerense junto a su hijo de 11 años.
Su
detención y desaparición forzada fueron denunciadas a nivel nacional y, ante la falta
de una respuesta apropiada y debida diligencia en la investigación por
parte del Estado, el 23 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana emitió su
sentencia en contra de México.
Aún
lejos de la justicia para las víctimas
Los
expertos señalaron que a 45 años de la desaparición y 10 años de la emblemática
sentencia, “México está aún lejos de esclarecer la suerte y el paradero de
Radilla Pacheco y de los cientos de personas que desparecieron durante la
guerra sucia”.
Agregaron
que los responsables de estas violaciones no han sido llevados ante la justicia
y lamentaron la ausencia de medidas encaminadas a la individualización de las
responsabilidades.
Consideraron
“inaceptable” que las denuncias penales tramitadas hasta la fecha, tanto en el
caso Radilla Pacheco como los de otros desaparecidos por agentes del
Estado, no hayan generado la imputación de persona alguna.
Obligaciones
del Estado mexicano
Los
especialistas afirmaron que el Estado mexicano tiene la obligación de continuar
esas búsquedas dado el carácter continuo del delito.
“Las
autoridades deben realizar investigaciones exhaustivas, dotar de una mayor
asignación de recursos que permitan cubrir todo lo necesario para las
búsquedas, asegurar una mayor profesionalización de los equipos forenses
involucrados, y garantizar la transparencia de las políticas de búsqueda,
permitiendo que las familias, sus representantes y la ciudadanía en general,
tengan información sobre los trabajos”, apuntaron.
Recomendaron
también establecer un mecanismo especial, conformado por oficiales de alto
nivel, a fin de favorecer la implementación de la sentencia.
“Instamos
a las autoridades mexicanas a saldar la deuda pendiente, no sólo con la
familia Radilla, sino con todas las personas que desde hace décadas buscan a
sus familiares víctimas de los crímenes cometidos por el Estado mexicano en los
años 70 y 80.”
Finalmente,
expresaron su respeto y solidaridad con las víctimas. “A más de cuatro
décadas de impunidad, la lucha digna y persistente de las familias nos motiva a
sumarnos solidariamente a su legítima exigencia de alcanzar la justicia,
conocer la verdad, encontrar a sus seres queridos y mantener viva la memoria”,
enfatizaron.
Los
expertos firmantes del comunicado son Fabián Salvioli, relator especial sobre
la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición; y los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias: Luciano Hazan, Tae-Ung Baik, Bernard Duhaime, Houria
Es-Slami y Henrikas Mickevičius.
Nota:
Los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales
del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el
mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los
Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de
investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a
situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los
expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son
personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes
de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
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