lunes, 31 de agosto de 2020

Tradición histórica de los Mapuches en Chile

 



Por Carolina Trejo

La huelga de hambre que llevan a cabo los presos políticos mapuche en el sur de Chile reabrió el debate acerca de la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y la lucha por su autonomía. Sputnik conversó con Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, sobre esta histórica reivindicación.

La huelga de hambre de los presos políticos mapuches, que supera los 120 días en el caso de los prisioneros de Angol, y que depuso el machi Celestino Córdova tras lograr un acuerdo con el Gobierno chileno, ha relevado uno de los temas centrales de las reivindicaciones exigidas por el pueblo mapuche: la demanda por autonomía y territorio.

Según especialistas, la demanda por autonomía y territorio se podría lograr y desarrollar bajo las disposiciones contenidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989, y en la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del 2006, ambas ratificadas por Chile, pero que en la práctica no se han aplicado.

"El Convenio 169 de la OIT consagra importantes derechos con relación a los pueblos indígenas, no obstante, el Estado chileno demoró 20 años en ratificarlo. Esto es un claro indicio de la nula importancia que para este tienen los pueblos originarios. Por lo mismo, la invisibilización del mapuche por un lado y la criminalización de sus demandas por el otro son parte de una misma estrategia", señala Luis Ernesto Tricot, sociólogo y magíster en Gobierno y Política Latinoamericana, en diálogo con Sputnik.

Tricot, quien es autor del libro Autonomía, el movimiento mapuche de resistencia, indica que tras el fin de la dictadura cívico militar en el país sudamericano no ha existido ninguna voluntad política real de entregar autonomía, ni libre determinación a los pueblos originarios.

"Por lo demás, ni libre determinación ni autonomía, como una expresión de la anterior, se entregan, simplemente se ejercen. Para eso lucha el pueblo mapuche", aclara el sociólogo.

Un ejercicio que bien conoce Héctor Llaitul, vocero de la organización mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM), expreso político mapuche, que pasó cerca de 10 años en prisión y quien fuera objeto del montaje de la policía chilena conocido como Operación Huracán. En conversación con Sputnik, Llaitul explica la importancia y el concepto que tiene para la CAM la autonomía

"Es absolutamente necesario en la causa mapuche la lucha por la autonomía. Para la reconstrucción de la Nación mapuche. Por eso nos vamos reapropiando del concepto para entrar, no solamente en el debate, sino estar en concreto con nuestra práctica política, con nuestra acción política", puntualiza Llaitul.

"Toda vez que planteamos la recuperación de las tierras o del territorio, y hacemos ocupación efectiva de los espacios territoriales que cada vez son más amplios y quedan bajo control mapuche. Ahí se produce el conflicto real, que es histórico, ahí se produce el conflicto en los hechos", añade.

¿Qué es la autonomía indígena?

 

Para la CAM, en palabras de Llaitul, lo fundamental para reconstruirse como pueblo, y de donde surge todo el planteamiento de la resistencia mapuche, pasa por el control territorial.

"Es una forma que tenemos de defender lo propio, y lo que vamos recuperando sobre la base de ejercitar esta plataforma de control territorial. Entonces así nosotros entendemos la autonomía y obviamente así la vamos desarrollando como práctica política", precisa.

Para la CAM es un verdadero proceso por la vía de los hechos. Es el desarrollo de un tipo de autonomía que han denominado Autonomía Revolucionaria.

"Se trata de alguna manera del inicio de un proceso que implica el desalojo del poder burgués, la transformación de esa relación de poder que tiene el mercado, el Estado centralista en el Wallmapu ancestral (territorio mapuche), en el territorio ocupado".

De alguna manera, puntualiza Llaitul, es la recuperación del territorio despojado, para que se desarrolle o se reproduzca el mundo mapuche, "desde una perspectiva más integral y a decir no solamente de tipo material, sino de tipo simbólico, cultural, ideológica y espiritual que permita la reconstrucción del Pueblo Nación mapuche".

Tres dimensiones de la autonomía

Héctor Llaitul advierte que ellos asumen la autonomía como una concepción y lógica central en su práctica política, y la entienden en una triple dimensión. "El primer aspecto es que debe ser entendida como independencia política, organizativa. Eso implica dejar de ser subordinados o dependientes de los partidos políticos, de la institucionalidad, de todo el Estado".

Un segundo aspecto tiene que ver con la autoafirmación de la propia identidad como mapuche, "y esta autoafirmación implica la resignificación de lo propiamente mapuche, lo cultural, lo identitario, lo cosmovisionario, y todo lo que de ahí deviene en materia espiritual".

Finalmente, se trata de desarrollar lo que entienden como autonomía de pensamiento, lo que está relacionado con "la descolonización ideológica que es, de alguna manera, reafirmar el pensamiento de nuestros antepasados, el rakiduam (pensamiento en mapudungun) que nos legaron nuestros antiguos".

Estas tres disensiones, en términos ideológicos o políticos, y el control territorial, como práctica política, son para la CAM la forma en la que han realizado la reivindicación de la autonomía en los hechos.

Este concepto de autonomía difiere totalmente con la que ostenta el Estado chileno, la que también contrasta con la que poseen otras organizaciones mapuches, según el sociólogo Luis Ernesto Tricot.

"La diferencia es esencial: para el Estado no existe ni existirá nunca autonomía y para el movimiento mapuche sí. Es decir, no hay una distinción solo conceptual, sino factual. El Estado Nación chileno es unitario y lo ha sido así desde su génesis en el siglo XIX", precisa.

El vocero de la CAM, por su parte, señala que los protagonistas que están hoy día en demanda por la autonomía entregan diferentes planteamientos: "Hay distintos horizontes en el escenario, hay expresiones que plantea la autonomía regional u autonomía pactada dentro del Estado".

Hay otros que están planteando la autonomía como "una suerte de consideración federalista". Sin embargo, la CAM reitera un tipo de autonomía que es "de facto, en los hechos, revolucionaria".

"En donde nosotros, en base a la lucha y la resistencia, ejercemos control de esos predios, que disputamos a las forestales. Los que desarrollan la industria forestal con políticas extractivistas depredadoras", denuncia.

"Ahí está el problema que es por cierto de estructura. Ahí está el punto de inflexión de este conflicto, cuando nosotros chocamos con esos intereses del gran capital en nuestra realidad inmediata. ¿Para qué? Para recuperar esos territorios, desalojando ese poder y reinstalando el poder o la realidad mapuches", añade.

Plurinacional y multicultural

Declarar la región de la Araucanía como plurinacional y multicultural, como lo sugirió en 2014 la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización, en el segundo mandato de Michelle Bachelet, para los involucrados no alcanza a resolver el tema de autonomía en el caso del pueblo mapuche.

Esto porque para Tricot, el movimiento mapuche es muy heterogéneo y coexisten distintas propuestas en torno a las ideas de plurinacionalidad y pluriculturalidad. Una contempla participar en la institucionalidad chilena, "transformando el carácter uninacional y unicultural del Estado decimonónico chileno, declarándose Estado plurinacional como un paso importante hacia la libre determinación".

Otros piensan, según expresa el sociólogo, que se pueden establecer ciertas áreas autónomas donde pueda ejercerse la autodeterminación. Y también hay segmentos del movimiento mapuche que no creen en un Estado plurinacional, "puesto que esta sería otra forma de sojuzgamiento a la institucionalidad chilena".

Para Héctor Llaitul, justamente, esta no es una solución política viable, porque "la plurinacionalidad nunca ha sido ni es nuestro objetivo político, porque en el fondo representaría más de lo mismo en esta relación de opresión que sufrimos por parte de dos Estados [Chile y Argentina]".

Con esta propuesta "no se cuestiona la relación de ocupación y dominación que tenemos como pueblo nación mapuche", precisa el vocero. "Representa una cuestión meramente jurídica de orden interno. Consiste en rediseñar al Estado desde la Constitución y ciertas leyes solo para que lo pueblos indígenas puedan participar como sujetos colectivos y no como pueblo, y menos como Nación originaria con derechos a territorio y autonomía", detalla.

Son solo derechos culturales y de tipo político mínimos que estarían igualmente "subordinados al ordenamiento estatal, el que por cierto es capitalista y de formato colonial, expresado en concreto hoy en la imposición de un modelo neoliberal al servicio de los grupos económicos que, a través de sus inversiones, depredan los territorios con políticas extractivistas".

Por ello, la CAM cuestiona esta salida institucional porque consideran que en el fondo los mapuches se estarían "subsumiendo al poder y en el fondo nos vamos a diluir o vamos a terminar siendo funcionales a ese poder, y de ahí no hay ningún avance sustantivo en materia de lo que es la reivindicación o la demanda histórica de territorio y autonomía".

"A nosotros se nos puede entender como más rupturistas, porque nosotros hemos hecho el uso de la violencia política, con fines de lograr el control territorial y avances concretos para derechos políticos y territoriales, pero todo en base a la resistencia y la autodefensa", explica Llaitul.

"Por eso es por lo que como CAM reafirmamos con más fuerza que nuestro camino es luchar por la verdadera autonomía, la revolucionaria, la de facto, la de hecho. Con un proceso de acumulación de fuerzas mapuche, en base a los dos pilares estratégicos que son la resistencia y reconstrucción de nuestro pueblo, y sentar así las bases de un verdadero proceso de liberación nacional mapuche", declara.

Para el sociólogo Luis Ernesto Tricot todas las políticas indígenas de los últimos 30 años, ya sean de los gobiernos de la Concertación, la derecha y la Nueva Mayoría "han sido un absoluto fracaso, de lo contrario no se mantendría el conflicto".

Esto porque en primer lugar, según Tricot, se han excluido siempre a los actores centrales de la problemática chileno mapuche, "a las organizaciones y comunidades en resistencia". Y, en segundo lugar, porque justamente "se ha dejado fuera de toda discusión el tema de la autonomía".

Además, para el sociólogo el Estado chileno se ha equivocado rotundamente en su búsqueda de resolver el conflicto mapuche, esto "porque lo ha tratado como un conflicto mapuche, y no como un conflicto chileno-mapuche, para ser más precisos aún, entre el Estado chileno y el pueblo mapuche".

A lo que se suma, según Tricot, que lo ha intentado solucionar policialmente, "es decir militarizando las comunidades, reprimiendo, aplicando la ley de seguridad interior del Estado y la Ley antiterrorista".

Junto con la entrega de recursos económicos, "convirtiendo a los mapuches en pequeños emprendedores, en beneficiarios de magros proyectos, créditos o retazos de tierras. Nunca ha entendido que la solución es política y que ello pasa por aceptar que el movimiento mapuche solo está dispuesto a conversar de autonomía. Eso significa conversar de igual a igual".

Hacia una Nación mapuche

La reconstrucción de la Nación mapuche es una aspiración de gran parte de este pueblo originario, una reconstrucción que en caso de la CAM "implica desobedecer, rebelarse, e insubordinarse a todas las formas de expresión no mapuche, de tipo occidental winka (chilenos no mapuche)".

Un restablecimiento que también pasa por la recuperación del ordenamiento mapuche, las entidades y autoridades tradicionales.

"Lo que nosotros planteamos frente a la Constitución, por ejemplo, es anteponer lo propio, el collaqtún. ¿Qué es collaqtún?, es una forma expresiva política que tenían nuestros antepasados. Que es por sobre los trawun (reunión) en donde nuestra gente se da un propio ordenamiento interno mapuche, más amplio, es político, normativo, institucional, pero mapuche, en los butalmapu (regiones), en los territorios", recalca Llaitul.

Una reconstrucción que impide a la CAM hacerse parte de las invitaciones de las autoridades locales como alcaldes o concejales, y también a toda la institucionalidad del Estado chileno.

"Nosotros como CAM, no participamos en la institucionalidad, porque es opresora y antimapuche y por eso nuestros esfuerzos van en la dirección también de reforzar a las autoridades tradicionales, reforzar a nuestros lonko (cabeza jefe), nuestras machi (médicas), nuestros werkén (voceros), nuestros ñempin pu ñidol (líder referente)", señala el vocero de la CAM.

"Con ellos nosotros nos vamos a ordenar y a direccionar esta lucha autonomista, y con ellos nosotros vamos a trabajar para reconstruir los 'lof' (comunidad), reconstruir los 'rehue' (espacios sagrados), los 'butalmapu' y finalmente la liberación del Wallmapu (todo el territorio ancestral mapuche)", sentencia Llaitul.

 

NUESTRA POESÍA

 DE MI COLECCIÓN DE POEMAS CORTOS (versos libres)
Autora: América Santiago.
Derechos reservados de autor.




 

Si los besos fueran elemento agua,

ni con todo un manantial saciaría mi sed de ti.

Si los besos fueran fuego,

dejaría que calcinaras mi boca.

Si los besos fueran aire,

inhalaría profundo el oxígeno

para llenar de amor mis pulmones.

Si los besos fueran melodía,

danzaría jubilosa

colgada de tu venerada boca

y entre giro y giro, en alas de dicha,

te diría en susurro, “me tienes loca”.


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DIME

Dime ¿Dónde está la playa del olvido

para vaciar mis tristezas convertidas en sal?

Dime ¿En qué lugar de la noche te refugias

para llegar vestida de niebla temblando a tu costal?

Dime ¿En qué recodo de la noche encuentro el beso tibio

que me hable de ti sin extrañarte ni tener delirio, en amor de azar?

Si tan solo supiera……

QUINTO PATIO: Entre ovejas te veas…

 



 

EL “SÁLVESE QUIEN PUEDA”, LA CONSIGNA DE LOS CORRUPTOS.

Nuestros gobiernos hablan de inmunidad de rebaño y nos envían al matadero.


Por Carolína Vásquez Araya


elquintopatio@gmail.com

Entre los términos científicos para explicar los diferentes aspectos de la pandemia que nos tiene encerrados y temerosos, se ha comenzado a difundir el concepto de inmunidad de rebaño (o inmunidad de grupo) como una posible solución para detener la expansión del contagio con el virus SARS-CoV-2, nombre técnico del coronavirus responsable de la pandemia. Es la estrategia de emergencia ante la imposibilidad de realizar una campaña masiva de vacunación, dado que esa vacuna aún está lejos en el horizonte, o por lo menos inalcanzable para miles de millones de seres humanos en el planeta.

La inmunidad de rebaño, de acuerdo con un artículo publicado por los doctores Esperanza Gómez-Lucía y José Antonio Ruiz-Santa-Quitería, ambos investigadores del departamento de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, “se da cuando un número suficiente de individuos están protegidos frente a una determinada infección y actúan como cortafuegos impidiendo que el agente alcance a los que no están protegidos.”. Es decir, para que la estrategia funcione sin la aplicación de una vacuna –lo cual sería ideal- deben haberse contagiado de la enfermedad suficientes personas. Para más claridad, la mayoría de la población. Esto tendría el efecto de desarrollar una barrera inmunológica capaz de proteger a los más vulnerables; sin embargo para que esto suceda también debe haber transcurrido un largo tiempo, sobre todo en países que han aplicado y mantenido severas medidas de restricción.

Otra de las condiciones indispensables para garantizar el éxito de esta aparente solución de carácter colectivo, es poseer una infraestructura sanitaria sólida y eficiente capaz de atender los numerosos casos que se van a producir a partir de la apertura de las restricciones impuestas desde el inicio de la pandemia. Es decir, cuando todo el mundo comience a recuperar la dinámica normal de escuelas abiertas, restaurantes, bares, cines, centros de trabajo y demás, los contagios se multiplicarán de manera exponencial bajo la consigna de la inmunidad de rebaño, llegando con especial dureza a los segmentos de población susceptibles a sufrir la enfermedad con todos sus devastadores efectos: niñez desnutrida (alrededor del 50 por ciento de la población infantil en algunos países centroamericanos), adultos mayores con enfermedades crónicas, personas carentes de seguridad social y de medios para costear la atención hospitalaria.

En países cuya infraestructura y servicio sanitario han sufrido los embates de sistemas políticos y económicos opuestos a satisfacer las necesidades de la población con el objetivo de privilegiar a sectores empresariales de enorme poder, se carece de los recursos mínimos para aplicar una estrategia de tan elevado riesgo para las mayorías. De acuerdo con el documento mencionado, en el caso del Covid19, la inmunidad de rebaño se alcanza cuando el 70 por ciento de la población está protegida y, como indican sus autores, “la inmunidad de grupo, para ser eficaz, necesita que haya un único hospedador (en este caso las personas), que la infección se transmita de persona a persona (sin intermediación de vectores) y que la transmisión o vacunación induzca una inmunidad sólida. En el caso de SARS-CoV-2 no hay suficientes datos como para entender aún la epidemiología de la infección, y además el grado de inmunidad adquirido tras la infección está por determinar.”

En países como los nuestros, con gobernantes opuestos a apoyarse en la ciencia, no se puede hablar de “inmunidad de rebaño” sino de algo mucho más real y específico: el “sálvese quien pueda” de los incapaces.

 

El tiroteo policial contra Jacob Blake

 



Por Amy Godman

 

Rusten Sheskey, un oficial de policía blanco de Kenosha, Wisconsin, le disparó siete tiros a quemarropa por la espalda al afroestadounidense Jacob Blake, de 29 años de edad, cuando Blake ingresaba a su automóvil. Dentro del vehículo estaban los tres hijos de Blake, de 3, 5 y 8 años. Si bien Blake sobrevivió milagrosamente, un video del tiroteo que se volvió viral, muy similar al de la muerte de George Floyd en Minneapolis a manos de la policía en el mes de mayo, provocó un levantamiento en Kenosha contra el racismo y la brutalidad policial. La policía utilizó gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma para reprimir las crecientes protestas del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan, en español). Una milicia llamada “La Guardia de Kenosha” hizo circular un llamado en Facebook a “cualquier patriota que esté dispuesto a tomar las armas y defender nuestra ciudad esta noche de los malditos bandidos” para “tomar las armas y defender nuestra CIUDAD”. Decenas de civiles blancos armados respondieron al llamado, y uno de ellos presuntamente disparó y mató a dos de los manifestantes antirracistas, dejando a un tercero herido de gravedad.

El video que registra el momento de los disparos contra Jacob Blake no provino de ninguna cámara corporal de la policía, sino del teléfono celular de un transeúnte. El abogado de derechos civiles Benjamin Crump, quien representa a Blake, tuiteó: “El Concejo Municipal de Kenosha aprobó una ordenanza en 2017 que requiere que todos los oficiales usen cámaras corporales. Pero nunca las compraron. Están en el presupuesto… de 2022. Si no fuera por el video de un vecino, el tiroteo de la policía contra Jacob Blake no hubiera figurado en ninguna parte y ningún oficial rendiría cuentas por el hecho”.

Este no es el primer caso en el que la policía de Kenosha se ve envuelta en una polémica por dispararle a un ciudadano. El 9 de noviembre de 2004, la policía de Kenosha detuvo a Michael Bell, un joven blanco de 21 años de edad, cuando estaba en su automóvil frente a la casa de sus padres. Bell salió corriendo hacia la entrada de la casa, pero fue sujetado por detrás por dos oficiales que lo inmovilizaron contra un automóvil estacionado. Otro oficial sacó su arma, la colocó contra la cabeza de Bell y apretó el gatillo, matándolo.

El Departamento de Policía de Kenosha realizó su propia revisión y exoneró por completo a los agentes. El padre de Bell, Michael Bell Sr., encargó una investigación independiente que concluyó que la versión policial sugería un encubrimiento. La familia Bell lanzó una campaña que logró sus objetivos en 2014, cuando Wisconsin se convirtió en el primer estado en exigir que, ante casos de violencia policial, se lleve a cabo una investigación externa.

Ahí es donde se encuentra ahora la investigación del caso de Jacob Blake, bajo la supervisión del Departamento de Justicia de Wisconsin. El jefe de policía de Kenosha, Daniel Miskinis, admitió no saber mucho sobre la investigación, pero se tomó el tiempo durante una conferencia de prensa el miércoles para culpar a los manifestantes asesinados por haber salido después del toque de queda impuesto por la ciudad.

Los videos de la noche del martes que se pueden ver en internet señalan a Kyle Rittenhouse, de 17 años, como el asesino de los dos manifestantes. Rittenhouse ha sido arrestado y acusado de homicidio intencional en primer grado. El representante del estado de Wisconsin David Bowen dijo en una entrevista para Democracy Now! respecto a los grupos de civiles armados que descendieron sobre Kenosha: “Está muy claro que estaban en una cacería, no protegiendo la propiedad”.

Los perfiles de las redes sociales de Rittenhouse muestran una obsesión por la policía y las armas desde una edad temprana, así como un fuerte apoyo a Donald Trump. Publicó un video en TikTok que grabó desde la primera fila de uno de los últimos mítines de Trump antes de la pandemia, en la Universidad Drake, en Iowa, que tuvo lugar en enero.

Durante la Convención Nacional Republicana el miércoles pasado, el vicepresidente Mike Pence, al aceptar su nueva candidatura a la vicepresidencia, prometió: “Tendremos ley y orden en las calles de este país. La dura verdad es que no estarán a salvo en el Estados Unidos de Joe Biden”.

El vicepresidente Pence invocó las recientes protestas, pero no mencionó el racismo sistémico subyacente ni las muertes a manos de la policía que han provocado estas manifestaciones históricas, e ignoró el papel de las milicias de derecha en los asesinatos de Kenosha. Al mencionar el asesinato del oficial de las fuerzas federales de seguridad David Patrick Underwood, perpetrado en una protesta en Oakland, California, Pence convenientemente omitió el hecho de que los asesinos de Underwood estaban asociados con el movimiento armado de derecha “Boogaloo” que estaba usando las protestas de Black Lives Matter para encubrir sus crímenes.

Jacob Blake sigue hospitalizado en Milwaukee, supuestamente consciente pero paralizado de la cintura para abajo y con un pronóstico clínico incierto. Blake es oriundo de Evanston, Illinois, donde su abuelo, también llamado Jacob Blake, fue pastor de la Iglesia Episcopal Metodista Africana Ebenezer y participó activamente en la campaña de Martin Luther King Jr. para eliminar la segregación en las viviendas en el área metropolitana de Chicago. Después del asesinato de King, el pastor Blake redobló sus esfuerzos.

En uno de sus famosos discursos, Martin Luther King expresó: “el arco del universo moral es amplio, pero se inclina hacia la justicia”.

Los manifestantes que salieron a las calles esta semana reclaman que el oficial de policía de Kenosha Rusten Sheskey sea imputado con cargos por dispararle a Blake. Las protestas pacíficas continúan, ahora acompañadas por atletas profesionales. Las ligas de deportes profesionales hicieron un paro el miércoles, liderado por los Milwaukee Bucks de la NBA, que se extendió a la mayor parte de la NBA, la liga femenina de básquet, varios equipos de las Grandes Ligas de Béisbol, el fútbol profesional e incluso el tenis. Tal como lo estaban haciendo Aaron Huber y JoJo Rosenbaum cuando fueron asesinados en Kenosha el martes, estos deportistas y miles de manifestantes más en Kenosha y otros lugares del país están reclamando justicia para Jacob Blake, que la policía rinda cuentas y el fin del racismo sistémico.

 

Chile debe declarar a Israel una Entidad terrorista

 



Por Pablo Jofre Leal

La autodenominada Comunidad Judía de Chile (CJCH) se reunió en Santiago de Chile, el pasado 28 de agosto, con el Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno chileno, Andrés Allamand, para hacer una serie de exigencias políticas, como parte de orientaciones cuyo origen se encuentran en Israel.

Por un momento pasó por mi mente, que esta comunidad (en el marco de la pandemia del Covid 19) que representa a los chilenos de creencia judía y de ideología sionista, según su propia definición, presidida por Gerardo Gorodischer, socio director de la empresa de seguridad Safety&Security S.A, se hizo presente en la cancillería con la peregrina idea de ofrecer su ayuda al gobierno, aprovechando su cercanía a Estados Unidos y los holdings sionistas en el mundo. Esto, con la idea ingenua de que se trataría de buscar mecanismos de apoyo internacional, que permitan combatir la pandemia y los efectos económicos que esta enfermedad genera en el país.

Vana esperanza, tal vez simplemente se trató de cierta imaginación desbordante o creer que los representantes del sionismo habían cambiado su concepción de los Goyim (no judíos) y pretendían apoyar a esta parte de la humanidad, que lamentablemente no es parte de algún pueblo elegido o dotado de un destino manifiesto. La visita de la CJCH fue, simplemente, parte de la estrategia política digitada desde Tel Aviv, destinada a ejercer una política de presión contra los movimientos de resistencia al sionismo en Asia occidental, particularmente en Palestina y El Líbano. Como también sumar más gobiernos, en este caso al chileno, a la idea de asumir la definición de antisemitismo de la llamada Alianza Internacional recordatorio del Holocausto (IHRA) que ya tiene en su haber a los incautos gobiernos de Uruguay y Argentina en este plan sionista.

En específico, los dirigentes chilenos judeo-sionistas solicitaron al gobierno, presidido por el empresario Sebastián Piñera, que declare al Movimiento de Resistencia islámica de El Líbano (Hezbolá) como organización terrorista y en segundo lugar, sumarse a la declaración internacional de antisemitismo establecida por La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés) que cuenta con el respaldo y coordinación del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el más incondicional de los aliados de Washington e Israel, el converso uruguayo Luis Almagro.

Una petición, la que dice relación con Hezbolá, a todas luces hipócrita y alineada con los objetivos establecidos por Washington y el gobierno israelí. Y uso el concepto de hipócrita porque en general, esta Comunidad Judía suele argumentar, frente a las denuncias de la comunidad palestina de Chile, respecto a la política de colonización y ocupación de los territorios palestinos, el asesinato de su población y las violaciones a sus derechos humanos y las leyes internacionales que “no es posible trasladar el conflicto de Oriente Medio a Chile” como lo sostiene permanentemente el propio Gorodischer y otros dirigentes sionistas chilenos, quien desea ahora declarar como terrorista a Hezbolá, un movimiento de resistencia, que nada tiene que ver con Chile. La impostura en su plenitud pues ¿qué tiene que ver Hezbolá con Chile? ¿Por qué traer el conflicto que tiene la resistencia libanesa con el sionismo a nuestro país? Sería bueno que se decidieran de una vez y no floten como el corcho al vaivén de las olas.




La segunda petición al canciller chileno es propia de quienes desean prohibir las opiniones, las denuncias contra los crímenes cometidos contra el pueblo palestino a manos de Israel, sus fuerzas ocupantes y los colonos extranjeros afincados en Cisjordania. Como también la violencia crónica ejercida contra la Franja de Gaza convertida en un gueto, un campo de concentración gigantesco cercado por las fuerzas sionistas. La comunidad judeo-sionista le solicita a Allamand que Chile asuma la definición de antisemitismo de la IHRA que señala “el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos, que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”. En forma oportunista la IHRA asimila lo que se entiende por semita y lo judío, a lo sionista, sin que la propia definición que se trata de imponer mencione este último concepto. Manipulación en su máxima expresión, el victimismo crónico.

En el pasado mes de junio de este 2020, esta misma operación política se concretó en Argentina, con el gobierno de Alberto Fernández y en enero de este mismo año en Uruguay. Letra por letra sostengo la misma argumentación respecto a Chile. En el sentido, que el adoptar la definición de antisemitismo, de aquellos que han impuesto un mito fundacional en base a considerarse elegidos y merecedores de una tierra prometida por una divinidad; es parte de una operación de lavado de imagen y de protección de uno de los regímenes más criminales del mundo, como lo es el régimen sionista. Violador de los derechos humanos del pueblo palestino, de decenas de resoluciones de organismos internacionales, agresor de países vecinos como en estos últimos días donde ha utilizado incluso armas prohibidas como es el fósforo blanco contra el sur de El Líbano. 

Israel: Un régimen terrorista.

Y hablo de sionismo, no judío, ni semita, que son definiciones, conceptos distintos, con un campo semántico diferente. Esto, pues la crítica y la denuncia, no es a quien profesa el judaísmo y menos a quienes no son semitas. Afianzar la idea y tratar de fundamentar, que la crítica contra la ideología que sustenta dicha entidad israelí – el sionismo - puede ser calificada de una conducta antisemita es impropio, falso y destinado a acallar las voces de denuncia, con una muestra de ignorancia supina. En el proceso de ocupación y colonización de Palestina, el único pueblo semita es precisamente el palestino. A menos que pensemos, que los colonos de ideología sionista y de creencia judía, extranjeros, de diversos países con diferentes idiomas pueden ser considerados semitas por el sólo hecho de comenzar a hablar el hebreo moderno e instalarse en Palestina. Sólo en Cisjordania los colonos extranjeros sobrepasan los 600 mil (1) Incluso considerando la política israelí de establecer una ley de estado nación judía, ello, en modo alguno, los hace semita. 

No hay consideraciones antropológicas, culturales, históricas que puedan asentar la idea de un “pueblo judío” en aquellos que han ocupado y colonizado Palestina, ya que los actuales judíos deben su ascendencia más a los conversos de la Edad Media que a los antiguos semitas. Resulta interesantísimo recurrir a la obra del historiador israelí Shlomo Sand, quien en su libro “la Invención del Pueblo judío” lo sintetiza magistralmente al demostrar, que el mito nacional de Israel hunde sus orígenes en el siglo XIX, no en los tiempos bíblicos, en los que muchos historiadores judíos y no judíos reconstruyeron un pueblo imaginado con la finalidad de modelar una futura nación. Por ello, tampoco puede ser la crítica al sionismo una conducta antijudía pues ¿cómo asociar una ideología nacionalista dedicada a ocupar y colonizar un territorio de un pueblo como el palestino, a una religión? Es irracional, tanto como aquellos dirigentes sionistas, en Chile, que se califican como chilenos, israelíes, judíos y sionistas. Es el mesianismo en pleno, el enajenamiento.

La petición de la comunidad judeo-sionista chilena responde más a los objetivos de política exterior de Israel que a los deseos y necesidades del pueblo chileno. ¿Qué relación tienen los representantes de la comunidad judía de Chile con Israel que tratan de imponer la agenda del gobierno de Netanyahu en Chile? ¿Es posible aceptar que le soliciten al gobierno chileno, que aplique lo que el gobierno sionista y sus instituciones pretende marcar como parte de sus objetivos de política exterior? Los pasos dados por Gorodischer, junto a los miembros del directorio de la Comunidad Judía de Chile muestran una dirección de lealtades profundamente errada. Da pie para preguntar, por ejemplo, cuántos de los hijos de miembros de esta comunidad han realizado el servicio militar en los territorios ocupados de Palestina al servicio del ejército invasor israelí. Debería informar esta comunidad si sus hijos e hijas, al trasladarse a Israel a la edad de 18 años realizan su labor militar al servicio de una potencia extranjera. 

Como chilenos también tenemos que solicitar ciertas tareas a la Cancillería presidida por Andrés Allamand: 

1. Apoyar la petición de declarar al régimen israelí como una entidad terrorista a la luz de los crímenes cometidos contra el pueblo palestino y las violaciones a las resoluciones, dictámenes y definiciones de organismos como el Consejo de Seguridad de la ONU. La Asamblea General de la ONU. Organismos como la UNESCO, la UNICEF, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.  

2. Solicitar, junto a otras naciones, que se active la resolución N.º 3379 del 10 de noviembre del año 1975 que equiparó al sionismo con el racismo en general y con el apartheid sudafricano en particular, llamando a su eliminación, entendiéndola como una forma de discriminación racial (2) 

3. Exigir que todo hijo (a) de familia chilena, que sostenga tener vínculos con Israel cumpla su servicio militar obligatorio en territorio nacional y no bajo órdenes de un país acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad. 

4. Exigir una declaración a la Comunidad Judía de Chile de condena a los crímenes cometidos por el régimen israelí contra el pueblo palestino. Salida de todos los colonos extranjeros asentados en Cisjordania. Exigir el retorno de los refugiados palestinos. La demolición del muro en Cisjordania. El fin del bloqueo a la Franja de Gaza. El término de las acciones de demolición de viviendas palestinas y destrucción de cultivos. Fin de los asesinatos selectivos y de todo aquello que constituye para los organismos defensores de derechos humanos y la comunidad internacional, crímenes de guerra y lesa humanidad. 

5. Sumarse a la campaña internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones contra la entidad israelí. 

Desde el gobierno chileno se debe emitir una declaración clara y precisa respecto a negarse a cualquier tentativa de implementar leyes, que impida la aplicación de acciones represivas a la libertad de expresión, provenientes de organismos sionistas como es el caso de la llamada Alianza Internacional Recordatoria del Holocausto (IHRA). No a la ley mordaza impulsada por el sionismo. Esta exigencia debe tener el respaldo de la comunidad de descendientes palestinos en Chile, que representan el 4% de la población chilena (desconozco la cifra de descendientes de israelíes en Chile, sobre todo considerando que esta entidad nació el año 1948 con personas provenientes, principalmente de países de Europa Oriental). Chile debe proteger a Palestina por el vínculo histórico, humano que tenemos con esta tierra. 

Y, en ese marco, el gobierno chileno, su parlamento deben trabajar por declarar a Israel un régimen terrorista y cesar todo acuerdo, convenio y tratos con un régimen dotado de una ideología racista, de clara discriminación racista y violador de los derechos humanos de millones de palestinos.  Uno de los pasos es solicitar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se convoque una reunión que aplique el capítulo VII de la Carta de la ONU por considerar a Israel como una amenaza a la paz. 

No podemos aceptar que algunos crímenes (execrables, abominables, que jamás pueden volver a suceder)  como los cometidos por el nacionalsocialismo durante los años de la Segunda Guerra Mundial se conmemoren por las víctimas con solemnidad, al mismo tiempo que procesos similares de asesinatos, de creación de guetos, de violaciones a derechos fundamentales de todo un pueblo, como es el palestino, la destrucción e invisibilización de su historia y su cultura queden impunes, porque se cuenta con el silencio de los más poderosos. No podemos aceptar que la creación de asentamientos en Cisjordania haga imposible la conformación de un estado palestino. Chile debe llamar a la defensa del derecho internacional, de los derechos de millones de seres humanos sometidos a una ideología supremacista, mesiánica y criminal como el sionismo.

 

Horizonte electoral en Latinoamérica: Unidad con contradicciones o derrota del campo popular


 


Por Javier Tolcachier

En los meses por venir tendrán lugar varias citas electorales en la región. En octubre deberán celebrarse elecciones en Bolivia y un plebiscito en Chile sobre la posibilidad de cambiar la Constitución. En noviembre, los ciento cincuenta millones de electores brasileños estarán llamados a designar autoridades municipales. En diciembre, la cita electiva será en Venezuela para renovar la composición de la Asamblea Nacional y normalizar su funcionamiento. En febrero de 2021 se votará para elegir un nuevo ejecutivo y cámara legislativa en Ecuador.

 Si bien las preocupaciones cotidianas de los pueblos probablemente estén de momento mucho más centradas en las necesidades de supervivencia que en cuestiones de superestructura política, no será lo mismo cual sea el signo que resulte triunfante en esas contiendas.

En su costado aliciente, las experiencias recientes de Argentina y México han mostrado que, para las poblaciones de dichos países, luego de la asfixia neoliberal de apenas un período en el primer caso y de una larga agonía de continuados sexenios en el segundo, los gobiernos de Fernández y López Obrador constituyen hoy un respiro y una apertura a mejores posibilidades para las mayorías.

En ambos casos, la vía que posibilitó la derrota de los candidatos de las finanzas corporativas y del sometimiento neocolonial fue el logro de una unidad con contradicciones, pero con el suficiente potencial para dar término a la catástrofe social anterior.

Mirado en perspectiva histórica, el fenómeno no es novedoso. Todas las revoluciones ocurridas en el primer decenio del siglo XXI tuvieron como común denominador la construcción de mayorías a través de la acumulación de sectores diversos alrededor de un programa alejado del yugo neoliberal.

Las derechas y el capital, por su parte, también buscan sumar. Toman para ello como eje la demonización de los gobiernos populares, siendo asistidos por el golpismo, la manipulación mediática y la corrupción del poder judicial, marionetas cuyos hilos se anudan en el deseo geopolítico de los Estados Unidos de retomar su preeminencia perdida en la región.

Bolivia, retomar el hilo constitucional y un renovado Proceso de Cambio

Luego de sucesivas postergaciones, la ley aprobada indica que deberá votarse el 18 de octubre. La reedición de una campaña sucia contra Evo aún sin ser candidato (idéntica a las usadas en todas las campañas anteriores) junto al recrudecimiento de las persecuciones a líderes sociales y personalidades del MAS indican que la campaña electoral de odio de la derecha ha comenzado.

Aún cuando en los recientes bloqueos se verificaron indicios de fisura en el consenso popular, aún cuando la candidatura de Luis Arce no haya conformado del todo al sentir indígena, es obvio que, dada la enorme polarización, el ex ministro de Evo contará con la mayoría de los votos en la elección.

La estrategia de los sectores reaccionarios estará, por tanto, puesta en maniobras de proscripción del masismo, de auto proscripción para favorecer la acumulación alrededor de un candidato o de aglutinar el voto anti evo en una segunda vuelta. El primer caso producirá una oleada de indignación difícil de contener, salvo desatando una mortífera represión. Si la intención del imperialismo occidental (EE. UU.+Europa), enfocada en recuperar la explotación leonina de los recursos naturales del país, es guardar las formas, pondrán todos los recursos a su alcance para “bajar” algún candidato, fomentar el divisionismo en el seno del sector indígena-campesino-trabajador, apostar a sumar para una segunda vuelta o seguramente todas a la vez.

La opción del campo popular es clara: Unidad más allá de las contradicciones o legitimación del golpismo en las urnas.

Chile

Una semana después de la cita electoral en Bolivia, tendrá lugar en Chile el plebiscito que abrirá el camino para desarmar la dictadura neoliberal impuesta a sangre y fuego por el poder corporativo y su sicario Pinochet.

A la pregunta ¿Quiere usted una Nueva Constitución?, los chilenos deberán responder con un claro Apruebo o Rechazo. Sin embargo, como continuidad de la tendencia tramposa instalada en la arquitectura de la vieja constitución, los herederos del viejo régimen instalaron una segunda pregunta mucho más confusa para el ciudadano de a pie.

Acerca del tipo de órgano que deberá redactar la Nueva Constitución, el elector tendrá como opciones “Convención Mixta Constitucional” o “Convención Constitucional”. El casi imperceptible “mixta” introduce la posibilidad de que integrantes del Congreso – considerado la “política de la cocina” (es decir, de las componendas) por la mayoría de los chilenos – conformen un 50% de la convención, fortaleciendo su carácter “reformista” y no refundante.

Otro truco formal es la cláusula de que dos tercios de los convencionales sean necesarios para aprobar el nuevo texto constitucional. Lejos de querer reflejar a una amplia mayoría de chilenos, como señalan sus defensores, la traba de los dos tercios fue uno de los principales cerrojos de la constitución pinochetista para impedir su modificación.

A un año de la gesta de octubre en la que “Chile despertó”, también aquí las opciones son nítidas: Apruebo y Convención Constitucional. La ahora impermitida aspiración de una Asamblea Constituyente Plurinacional, Soberana y Paritaria, como el reclamo de amplios sectores sociales, deberá constar en el reclamo “AC” con el que pueden ser refrendadas las papeletas. Esto quedará como horizonte real de lucha posterior para un pueblo endeudado, empobrecido y maltratado por treinta años de dictadura mercantil, para el cual será necesario seguir creando conciencia y consolidar un sujeto político popular decisivo.

Brasil

En la actual tragedia sanitaria, social y política que atraviesa el Brasil, una elección municipal puede parecer un detalle sin importancia. Sin embargo, muchas de las decisiones cotidianas que afectan a la población son tomadas por gobiernos locales y autoridades federales. Al mismo tiempo, es precisamente desde las entidades municipales, desde los concejales y prefectos, más cercanos a la base social, desde donde debe erigirse la resistencia y alternativa a la monstruosidad hoy gobernante en los poderes ejecutivo y legislativo, siempre mucho más cercanos al poder económico concentrado.

El panorama de las municipales es diverso y todavía confuso. Bolsonaro no logró legalizar su nueva fuerza política (Alianza por el Brasil), cuya estructura reposa en el entramado de iglesias neopentecostales. Sin embargo, es obvio que la extrema derecha posicionará a sus candidatos en otras listas (Republicanos, PSL, etc.). La izquierda mantiene fuertes diferencias y, salvo en unas pocas ciudades, no ha logrado alianzas en la mayor parte de las grandes capitales. El cálculo de las fuerzas progresistas es lograr pactos en segunda vuelta para evitar que, como parece a priori, los partidos conservadores como el PSDB – golpeados en el ámbito nacional por sucesivos escándalos y la falta de figuras aglutinantes – retomen el control estratégico de los principales municipios.

Para no fracasar en el intento de retomar la senda de gobiernos soberanos y solidarios, es evidente la necesidad de un frente popular que nuclee a todas y todos, pero, sobre todo, que retome una íntima ligazón con los sectores populares.

Venezuela

Las principales naciones protagonistas del régimen capitalista prooccidental, los medios de confusión a su servicio, gobiernos súbditos y títeres locales advierten que no aceptarán el resultado de las elecciones legislativas en Venezuela por efectuarse en condiciones viciadas. No se refieren con ello a la situación de bloqueo financiero y comercial, las extendidas medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Donald Trump, la demonización de la que ha sido objeto la revolución bolivariana durante más de 20 años, los ataques a la soberanía nacional mediante intrigas, las amenazas de invasión, el apoyo continuado al golpismo, la instalación fallida de un gobierno paralelo, entre otros factores, sino a supuestas irregularidades producidas por el gobierno en la composición del poder electoral o en las directivas de algunos de los partidos políticos contendientes en las presentes elecciones.

Venezuela es una nación bajo asedio imperial y ese es el factor esencial que debería ser removido para garantizar circunstancias de relativa normalidad en el funcionamiento político del país.

Para reemplazar el actual legislativo, de mayoría opositora y de conducta de bloqueo interno durante los cinco años desde la peor derrota electoral del chavismo, se aprestan a participar, además del oficialista Gran Polo Patriótico (GPP), numerosos partidos opositores y organizaciones regionales.

También aquí hay fricciones internas en el universo de facciones que apoyan a la revolución y competencia entre los partidos opositores por ocupar los puestos con mayor proyección política en la futura Asamblea.

La mejor opción para los revolucionarios en la coyuntura sigue siendo la unidad en la diversidad, favoreciendo la participación popular, una distribución equilibrada de poder dentro de sus filas y valorando la existencia de un contrapoder democrático. De este modo, pueden fortalecerse los consensos en un proceso de diálogo participativo, debilitando así las opciones violentas y revanchistas locales y extranjeras.

Ecuador

Las elecciones presidenciales y legislativas están previstas en Ecuador para el 7 de febrero de 2021. Si bien de acuerdo con el cronograma dado a conocer por el CNE la inscripción de candidaturas recién procederá formalmente a partir del 18 de septiembre, una veintena de candidatos ya han sido nominados por las más diversas agrupaciones.

La profusión de candidaturas, a las que se suman las de asambleístas y representantes al Parlamento Andino, hace, al menos en principio, poco inteligible el panorama. Sin embargo, es previsible que tan sólo tres fuerzas políticas concentren los votos en primera vuelta. Por el progresismo, Andrés Aráuz, joven ex ministro de Economía de la Revolución Ciudadana, respaldado por Rafael Correa; Guillermo Lasso, banquero representante del neoliberalismo salvaje y Cristina Pérez, la cara bonita – ex Miss Guayaquil y presentadora televisiva – del socialcristianismo manejado por Jaime Nebot.

Otras propuestas, como las del indigenismo, la socialdemocracia o las débiles continuidades del actual desgobierno (Construye – ex Ruptura o lo que queda del otrora mayoritario Alianza País) serán sin duda factores de dispersión del voto. Lo mismo, con expresiones menores de la derecha como el expresidente derrocado Lucio Gutiérrez, el ex prefecto de Azuay Paul Carrasco, el Movimiento Suma o la Unión Ecuatoriana del ex fiscal del Estado Pesántez Muñoz.

Sorprendente, y con muchos interrogantes que se disiparán más adelante, fue la renuncia de Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de Moreno, a ser candidato, a quien los medios aliados habían posicionado con fuerza en la escena política. En realidad, éste representaba una renovación generacional gatopardista, o vino viejo en odres nuevos, a la usanza de “Marito” en Paraguay, Carlos Alvarado en Costa Rica o Bukele en El Salvador.

De hecho, faltan aún muchos meses para la contienda y muchas cosas pueden ocurrir. Lo que es seguro para el campo popular es que, más allá de las contradicciones evidentes que pudiera suscitar el regreso de la Revolución Ciudadana al poder político, es la única opción no alineada con el sometimiento del Ecuador a los poderes del capital y del imperialismo. Facilitar una nueva unidad alrededor de esa candidatura para resistir la profundización del sometimiento a los dictados del gobierno estadounidense, aparece como la alternativa más coherente.

Un escenario social de fragmentación e incertidumbre

¿Por qué parece delinearse un horizonte de tintes grisáceos? ¿Adónde reside la dificultad para nuclear y organizar masivamente voluntades y cimentar mayorías consistentes? ¿Cuál es la lectura de trasfondo que, a primera vista, pareciera desteñir el futuro inmediato, invitando a sentidos pragmáticos más que a hondas transformaciones? ¿Dónde quedó el ímpetu emancipador y revolucionario? ¿Acaso estas líneas dejan translucir la derrota cultural de los proyectos populares de cambio emergidos en la primera década del siglo XXI? No es el caso.

Sin embargo, hay factores sicosociales que no son idénticos a los de finales del siglo pasado, a los que se debe prestar la debida atención en la coyuntura y que posiblemente no estén siendo suficientemente recogidos en el análisis.

Hay un avance momentáneo de las corrientes retrógradas en todo el mundo que no se debe, como habitualmente se cree, a particulares estrategias exitosas de recolonización, sino que éstas se aprovechan de tendencias en un marco de evidente decadencia sistémica que pueden resumirse en los siguientes factores:

1. La vertiginosa aceleración del tempo histórico, que irrumpe como desestabilización de paisajes conocidos, superando a la capacidad de adaptación de amplias capas poblacionales.

2. La incertidumbre generalizada sobre la dirección de los acontecimientos, que genera la desgarradora necesidad de asideros estables, lo que supone ansiedades de regreso a mundos reconocibles, localizables idealmente en el pasado.

3. La disolución de vínculos de contención y relación sociales, provocados por el desgaste de valores y hábitos que daban sustento a lazos anteriores, secundado por la difusión de ideologías individualistas. La soledad absoluta en un universo enrarecido es una sensación compartida por muchos seres humanos.

4. La exclusión de una sociedad gobernada por la concentración económica, la angustia del éxito y la falta de alternativas suficientes para mayorías empobrecidas, azotadas por la desigualdad y el fracaso individual como destino colectivo.

5. La falta de sentido existencial en las propuestas de acumulación material propuestas incluso desde una redistribución más justa de los recursos comunes.

6. La reacción pendular por los avances conseguidos en la igualdad de condiciones de la mujer, los negros, los indígenas, las disidencias sexuales y otros colectivos discriminados.

7. La reacción de identidades culturales a un proceso de globalización dirigido por el poder multinacional.

Como correlato de la conjugación de estos vectores, sumados al desgaste por burocratización de los procesos de cambio y la permanente amenaza contrarrevolucionaria de ahogar en la nada a los derechos humanos de las mayorías, se ha producido cierto enlentecimiento o degradación en los proyectos de humanización o la franca reversión a cargo de fuerzas conservadoras en dirección política regresiva.

Hacia un nuevo sujeto cultural, social y político humanista

Más allá de la coyuntura presente, que presenta obstáculos a las aspiraciones comunes de felicidad, justicia, coherencia y unidad, entre otras, existen, como en cada bifurcación de la historia, opciones que recogen lo mejor del momento anterior y lo proyectan de manera renovada a la próxima fase de la evolución social.

Podría ocurrir que esas opciones fueran apenas un sustrato esencial a veces no reconocible en el fragor y la fanfarria de la confrontación con la injusticia y el difícil ascenso hacia una sociedad plenamente humana.

Podría ser que, en los pliegues de las nuevas sensibilidades generacionales, en sus poderosas vertientes feministas, en las exigencias de cuidado medioambiental y de otras especies, en la utilización a escala y para beneficio humano de las posibilidades tecnológicas, anide parte de la respuesta.

Podría ser que, en la sed de horizontalidad, de democratización real, de desconcentración del poder, de libertad, creatividad y buen trato, en un sutil clamor por un nuevo paradigma en el que la espiritualidad y la lucha por mejores condiciones objetivas de vida no sean términos excluyentes, esté parte del enigma futuro.

Podría ser que lo que hoy aparecen como verdades de identidad irreconciliables y definitivas exacerbando el racismo, la violencia, el secesionismo y el desencuentro, encontraran una luz de esperanza en un nuevo humanismo integrador de las diferencias. Si así fuera, estaríamos ante la presencia embrionaria de un nuevo sujeto cultural, social y político cuyo objetivo será, sin concesiones ni exclusión alguna, la superación revolucionaria del dolor y del sufrimiento que hoy padece la humanidad.

 

NUESTRA AMÉRICA EN VIVO Agosto 31, 2020

 


https://youtu.be/9GkLZ2YttiU





Sabotaje electoral del G4 en Venezuela

 


Por Katu Arkonada


En poco más de 3 meses, el 6 de diciembre, se celebrarán las elecciones parlamentarias en Venezuela. Las anteriores se celebraron el 6 de diciembre de 2015 y la oposición obtuvo mayoría gracias a la abstención de 2 millones de votos chavistas que decidieron quedarse en casa y no votar.

Pero las circunstancias hoy son otras y el chavismo se encuentra unido después de haber sorteado infinidad de ataques políticos, económicos y militares provenientes del imperialismo estadounidense y sus cipayos locales, ataques intensificados desde la autoproclamación de Guaidó el 23 de enero del 2019.

Es por eso por lo que el ala más radical de la oposición venezolana, agrupada en el llamado G4 (Voluntad Popular de Leopoldo López, Primero Justicia de Henrique Capriles, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo) planea, con el apoyo de Estados Unidos, boicotear el proceso electoral y reactivar la movilización en la calle.

Fuentes colombianas con acceso a funcionarios estadounidenses y a líderes de oposición venezolanos, conocieron de una reciente reunión por videoconferencia celebrada entre miembros de la oficina externa de EE. UU. para Venezuela en Bogotá (VAU) y varios líderes opositores del G4 encabezados por Leopoldo López, Presidente de Voluntad Popular. En dicha reunión se ultimaron procedimientos para sabotear las elecciones de diciembre.

Sin embargo, llama poderosamente la atención que a esa reunión no asistió Juán Guaidó, por lo tanto, parece que el eje y apoyo estadounidense se inclina de nuevo hacia alguien con credenciales violentas como el líder de Voluntad Popular.

En esa reunión Leopoldo López, ya con experiencia en el sabotaje violento, pidió a cada partido del G4 que procediera de inmediato al reclutamiento de 100.000 voluntarios con el objetivo de movilizarlos previamente, pero, sobre todo, el día de las elecciones, para abarcar todas las mesas electorales del país.

La fuente, que asistió a la reunión por videoconferencia, revela que, según explicó Leopoldo López, los voluntarios deben tener la capacidad de manipular y documentar irregularidades reales y supuestas ocurridas en el proceso, por ejemplo, el uso de recursos del Estado por parte del PSUV y partidos afines. Otros objetivos son demostrar una baja afluencia de votantes, evidenciar violaciones de las fuerzas del Plan República, participar decisivamente en la desmovilización del voto, y algo que es clave, realizar actividades de protesta y “resistencia civil” para entorpecer tanto el voto oficialista como de los sectores dialogantes de la oposición que legitimarían la nueva Asamblea Nacional.

El G4 no va a participar de la contienda electoral, por lo tanto, su objetivo parecer ser documentar a partir de su propia injerencia para luego intentar convencer a la comunidad internacional de lo antidemocrático del proceso. El reto además es que eso sirva para convencer al antichavismo de lo acertado de una estrategia que les va a dejar fuera de la próxima AN.

Pero el líder del G4 fue más allá, planteando un objetivo más ambicioso de 200.000 voluntarios que les permitirían tener unos 25 activistas por cada centro de votación, sugiriendo tomar como base la data de voluntarios levantada para la fracasada operación de “ayuda humanitaria” que pretendieron introducir de Colombia a Venezuela en febrero de 2019.

Richa Bhala, funcionario de la VAU responsable de operaciones de contrainteligencia desde su cargo de Vicecónsul de la Embajada de Estados Unidos en Islamabad (Pakistán), aceptó con elogios la propuesta insistiendo en la necesidad de ampliar la plataforma opositora. Por su parte, Rafael Foley, jefe de la oficina externa de Estados Unidos para Venezuela en Bogotá, insistió en que el G4 debe pasar de una oposición más o menos estructurada a una estructura de resistencia y desobediencia civil que trascienda los 4 partidos políticos opositores.

Al parecer y según las mismas fuentes, próximamente verá a la luz un llamamiento por parte del G4, que buscaría sumar nuevas fuerzas a una nueva plataforma opositora.

Si bien parece que la estrategia de boicot pasa de nuevo por la violencia, una vez dejado atrás el efecto Guaidó, que resultó ser un bluf que cohesionó al chavismo, en la nueva plataforma opositora continuarán confluyendo las mismas contradicciones y aspiraciones de los partidos políticos tradicionales, que no han logrado unirse en torno a nada, más allá de su odio al chavismo y su subordinación a Estados Unidos.

En cualquier caso, el 6 de diciembre está marcado con rojo en la agenda de la oposición venezolana, que buscará dar un nuevo paso en su intento de derrocar al chavismo.

Pase lo que pase en las elecciones estadounidenses, pues, aunque no gane Trump permanecen los mismos intereses que llevaron a Obama a firmar una orden ejecutiva declarando a Venezuela peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, en 2021 comienza un nuevo capítulo de la revolución bolivariana y chavista que resiste en la defensa de su petróleo y soberanía nacional.

 

¿Viven extraterrestres entre nosotros?

 Foto nhallow Por Larry G. Álvarez Un artículo reciente de Avi Loeb, un destacado astrofísico de Harvard, ha provocado un importante debat...