Por Pablo
Jofre Leal
La
autodenominada Comunidad Judía de Chile (CJCH) se reunió en Santiago de Chile,
el pasado 28 de agosto, con el Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno
chileno, Andrés Allamand, para hacer una serie de exigencias políticas, como
parte de orientaciones cuyo origen se encuentran en Israel.
Por un
momento pasó por mi mente, que esta comunidad (en el marco de la pandemia del
Covid 19) que representa a los chilenos de creencia judía y de ideología
sionista, según su propia definición, presidida por Gerardo Gorodischer, socio
director de la empresa de seguridad Safety&Security S.A, se hizo presente
en la cancillería con la peregrina idea de ofrecer su ayuda al gobierno,
aprovechando su cercanía a Estados Unidos y los holdings sionistas en el mundo.
Esto, con la idea ingenua de que se trataría de buscar mecanismos de apoyo
internacional, que permitan combatir la pandemia y los efectos económicos que
esta enfermedad genera en el país.
Vana
esperanza, tal vez simplemente se trató de cierta imaginación desbordante o creer
que los representantes del sionismo habían cambiado su concepción de los Goyim
(no judíos) y pretendían apoyar a esta parte de la humanidad, que
lamentablemente no es parte de algún pueblo elegido o dotado de un destino
manifiesto. La visita de la CJCH fue, simplemente, parte de la estrategia
política digitada desde Tel Aviv, destinada a ejercer una política de presión
contra los movimientos de resistencia al sionismo en Asia occidental,
particularmente en Palestina y El Líbano. Como también sumar más gobiernos, en
este caso al chileno, a la idea de asumir la definición de antisemitismo de la
llamada Alianza Internacional recordatorio del Holocausto (IHRA) que ya tiene
en su haber a los incautos gobiernos de Uruguay y Argentina en este plan
sionista.
En
específico, los dirigentes chilenos judeo-sionistas solicitaron al gobierno,
presidido por el empresario Sebastián Piñera, que declare al Movimiento de
Resistencia islámica de El Líbano (Hezbolá) como organización terrorista y en
segundo lugar, sumarse a la declaración internacional de antisemitismo
establecida por La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA
por sus siglas en inglés) que cuenta con el respaldo y coordinación del
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el más
incondicional de los aliados de Washington e Israel, el converso uruguayo Luis
Almagro.
Una
petición, la que dice relación con Hezbolá, a todas luces hipócrita y alineada
con los objetivos establecidos por Washington y el gobierno israelí. Y uso el
concepto de hipócrita porque en general, esta Comunidad Judía suele argumentar,
frente a las denuncias de la comunidad palestina de Chile, respecto a la
política de colonización y ocupación de los territorios palestinos, el
asesinato de su población y las violaciones a sus derechos humanos y las leyes
internacionales que “no es posible trasladar el conflicto de Oriente Medio a
Chile” como lo sostiene permanentemente el propio Gorodischer y otros
dirigentes sionistas chilenos, quien desea ahora declarar como terrorista a
Hezbolá, un movimiento de resistencia, que nada tiene que ver con Chile. La
impostura en su plenitud pues ¿qué tiene que ver Hezbolá con Chile? ¿Por qué
traer el conflicto que tiene la resistencia libanesa con el sionismo a nuestro país?
Sería bueno que se decidieran de una vez y no floten como el corcho al vaivén
de las olas.
La segunda
petición al canciller chileno es propia de quienes desean prohibir las
opiniones, las denuncias contra los crímenes cometidos contra el pueblo palestino
a manos de Israel, sus fuerzas ocupantes y los colonos extranjeros afincados en
Cisjordania. Como también la violencia crónica ejercida contra la Franja de
Gaza convertida en un gueto, un campo de concentración gigantesco cercado por
las fuerzas sionistas. La comunidad judeo-sionista le solicita a Allamand que
Chile asuma la definición de antisemitismo de la IHRA que señala “el
antisemitismo es una cierta percepción de los judíos, que puede expresarse como
el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo
se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las
instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”. En forma
oportunista la IHRA asimila lo que se entiende por semita y lo judío, a lo sionista,
sin que la propia definición que se trata de imponer mencione este último
concepto. Manipulación en su máxima expresión, el victimismo crónico.
En el
pasado mes de junio de este 2020, esta misma operación política se concretó en
Argentina, con el gobierno de Alberto Fernández y en enero de este mismo año en
Uruguay. Letra por letra sostengo la misma argumentación respecto a Chile. En
el sentido, que el adoptar la definición de antisemitismo, de aquellos que han
impuesto un mito fundacional en base a considerarse elegidos y merecedores de
una tierra prometida por una divinidad; es parte de una operación de lavado de
imagen y de protección de uno de los regímenes más criminales del mundo, como
lo es el régimen sionista. Violador de los derechos humanos del pueblo
palestino, de decenas de resoluciones de organismos internacionales, agresor de
países vecinos como en estos últimos días donde ha utilizado incluso armas
prohibidas como es el fósforo blanco contra el sur de El Líbano.
Israel: Un
régimen terrorista.
Y hablo de
sionismo, no judío, ni semita, que son definiciones, conceptos distintos, con
un campo semántico diferente. Esto, pues la crítica y la denuncia, no es a
quien profesa el judaísmo y menos a quienes no son semitas. Afianzar la idea y
tratar de fundamentar, que la crítica contra la ideología que sustenta dicha
entidad israelí – el sionismo - puede ser calificada de una conducta antisemita
es impropio, falso y destinado a acallar las voces de denuncia, con una muestra
de ignorancia supina. En el proceso de ocupación y colonización de Palestina,
el único pueblo semita es precisamente el palestino. A menos que pensemos, que
los colonos de ideología sionista y de creencia judía, extranjeros, de diversos
países con diferentes idiomas pueden ser considerados semitas por el sólo hecho
de comenzar a hablar el hebreo moderno e instalarse en Palestina. Sólo en
Cisjordania los colonos extranjeros sobrepasan los 600 mil (1) Incluso
considerando la política israelí de establecer una ley de estado nación judía,
ello, en modo alguno, los hace semita.
No hay
consideraciones antropológicas, culturales, históricas que puedan asentar la
idea de un “pueblo judío” en aquellos que han ocupado y colonizado Palestina,
ya que los actuales judíos deben su ascendencia más a los conversos de la Edad
Media que a los antiguos semitas. Resulta interesantísimo recurrir a la obra
del historiador israelí Shlomo Sand, quien en su libro “la Invención del Pueblo
judío” lo sintetiza magistralmente al demostrar, que el mito nacional de Israel
hunde sus orígenes en el siglo XIX, no en los tiempos bíblicos, en los que
muchos historiadores judíos y no judíos reconstruyeron un pueblo imaginado con
la finalidad de modelar una futura nación. Por ello, tampoco puede ser la
crítica al sionismo una conducta antijudía pues ¿cómo asociar una ideología
nacionalista dedicada a ocupar y colonizar un territorio de un pueblo como el
palestino, a una religión? Es irracional, tanto como aquellos dirigentes
sionistas, en Chile, que se califican como chilenos, israelíes, judíos y
sionistas. Es el mesianismo en pleno, el enajenamiento.
La petición
de la comunidad judeo-sionista chilena responde más a los objetivos de política
exterior de Israel que a los deseos y necesidades del pueblo chileno. ¿Qué
relación tienen los representantes de la comunidad judía de Chile con Israel
que tratan de imponer la agenda del gobierno de Netanyahu en Chile? ¿Es posible
aceptar que le soliciten al gobierno chileno, que aplique lo que el gobierno
sionista y sus instituciones pretende marcar como parte de sus objetivos de
política exterior? Los pasos dados por Gorodischer, junto a los miembros del
directorio de la Comunidad Judía de Chile muestran una dirección de lealtades
profundamente errada. Da pie para preguntar, por ejemplo, cuántos de los hijos
de miembros de esta comunidad han realizado el servicio militar en los
territorios ocupados de Palestina al servicio del ejército invasor israelí.
Debería informar esta comunidad si sus hijos e hijas, al trasladarse a Israel a
la edad de 18 años realizan su labor militar al servicio de una potencia
extranjera.
Como
chilenos también tenemos que solicitar ciertas tareas a la Cancillería
presidida por Andrés Allamand:
1. Apoyar
la petición de declarar al régimen israelí como una entidad terrorista a la luz
de los crímenes cometidos contra el pueblo palestino y las violaciones a las
resoluciones, dictámenes y definiciones de organismos como el Consejo de
Seguridad de la ONU. La Asamblea General de la ONU. Organismos como la UNESCO,
la UNICEF, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
2.
Solicitar, junto a otras naciones, que se active la resolución N.º 3379 del 10
de noviembre del año 1975 que equiparó al sionismo con el racismo en general y
con el apartheid sudafricano en particular, llamando a su eliminación,
entendiéndola como una forma de discriminación racial (2)
3. Exigir
que todo hijo (a) de familia chilena, que sostenga tener vínculos con Israel
cumpla su servicio militar obligatorio en territorio nacional y no bajo órdenes
de un país acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad.
4. Exigir
una declaración a la Comunidad Judía de Chile de condena a los crímenes
cometidos por el régimen israelí contra el pueblo palestino. Salida de todos
los colonos extranjeros asentados en Cisjordania. Exigir el retorno de los
refugiados palestinos. La demolición del muro en Cisjordania. El fin del
bloqueo a la Franja de Gaza. El término de las acciones de demolición de
viviendas palestinas y destrucción de cultivos. Fin de los asesinatos
selectivos y de todo aquello que constituye para los organismos defensores de
derechos humanos y la comunidad internacional, crímenes de guerra y lesa
humanidad.
5. Sumarse
a la campaña internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones contra la
entidad israelí.
Desde el
gobierno chileno se debe emitir una declaración clara y precisa respecto a
negarse a cualquier tentativa de implementar leyes, que impida la aplicación de
acciones represivas a la libertad de expresión, provenientes de organismos
sionistas como es el caso de la llamada Alianza Internacional Recordatoria del
Holocausto (IHRA). No a la ley mordaza impulsada por el sionismo. Esta
exigencia debe tener el respaldo de la comunidad de descendientes palestinos en
Chile, que representan el 4% de la población chilena (desconozco la cifra de
descendientes de israelíes en Chile, sobre todo considerando que esta entidad
nació el año 1948 con personas provenientes, principalmente de países de Europa
Oriental). Chile debe proteger a Palestina por el vínculo histórico, humano que
tenemos con esta tierra.
Y, en ese marco,
el gobierno chileno, su parlamento deben trabajar por declarar a Israel un
régimen terrorista y cesar todo acuerdo, convenio y tratos con un régimen
dotado de una ideología racista, de clara discriminación racista y violador de
los derechos humanos de millones de palestinos. Uno de los pasos es
solicitar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se convoque una
reunión que aplique el capítulo VII de la Carta de la ONU por considerar a
Israel como una amenaza a la paz.
No podemos
aceptar que algunos crímenes (execrables, abominables, que jamás pueden volver
a suceder) como los cometidos por el nacionalsocialismo durante los años
de la Segunda Guerra Mundial se conmemoren por las víctimas con solemnidad, al
mismo tiempo que procesos similares de asesinatos, de creación de guetos, de
violaciones a derechos fundamentales de todo un pueblo, como es el palestino,
la destrucción e invisibilización de su historia y su cultura queden impunes,
porque se cuenta con el silencio de los más poderosos. No podemos aceptar que
la creación de asentamientos en Cisjordania haga imposible la conformación de
un estado palestino. Chile debe llamar a la defensa del derecho internacional,
de los derechos de millones de seres humanos sometidos a una ideología supremacista,
mesiánica y criminal como el sionismo.
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