La secretaria ejecutiva de la Cepal,
Alicia Bárcena, durante la presentación este jueves 28 del Panorama Social de
América Latina 2019, en la sede del organismo en Santiago de Chile. Crédito:
Carlos Vera/Cepal
Por CEPAL
SANTIAGO, 28 nov 2019 (IPS) -
“El llamado es a construir pactos sociales por la igualdad” en la región, dijo
este jueves 28 la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, al lanzar
en la capital chilena el informe Panorama Social de América
Latina 2019.
“Constatamos nuevamente la urgencia
de avanzar en la construcción de estados de bienestar, basados en derechos y en
la igualdad, que otorguen a sus ciudadanos y ciudadanas acceso a sistemas
integrales y universales de protección social y a bienes públicos esenciales,
como salud y educación de calidad, vivienda y transporte”, planteó la máxima
responsable de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
La disminución de la desigualdad de
ingresos es clave para retomar la senda de reducción de la pobreza y cumplir
las metas establecidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030, considera el organismo regional de las Naciones Unidas.
“Es necesario crecer para igualar e
igualar para crecer. La superación de la pobreza en la región no exige
solamente crecimiento económico; este debe estar acompañado por políticas
redistributivas y políticas fiscales activas”, dice la Cepal en el estudio
presentado en Santiago de Chile.
El documento destaca el crecimiento
de los estratos de ingresos medios, aunque estos siguen experimentando diversas
carencias y vulnerabilidades, tanto en relación con sus ingresos como en el
ejercicio de sus derechos, alerta la Comisión.
Entre 2002 y 2017, la participación
de los estratos de ingresos bajos en el total de la población disminuyó de
70,9% a 55,9% (porcentaje que incluye a las personas en situación pobreza
extrema, pobreza y en estratos bajos no pobres).
A su vez, la participación de los
estratos de ingresos medios (divididos en medios-bajos, medios-intermedios y
medios-altos) creció de 26,9% a 41,1%. De esta forma, 76,8% de la población de
América Latina pertenece a estratos de ingresos bajos o medios-bajos, subraya
la Cepal.
Por último, las personas
pertenecientes a los estratos de ingresos altos pasaron de 2,2% a 3,0%.
Del total de la población adulta
perteneciente a los estratos de ingresos medios, más de la mitad no había
completado la enseñanza secundaria en 2017; el 36,6% se insertaba en
ocupaciones con alto riesgo de informalidad y precariedad (trabajadores por
cuenta propia no profesionales, asalariados no profesionales en la microempresa
y en el servicio doméstico); y solo la mitad de las personas económicamente
activas estaba afiliada o cotizaba en un sistema de pensiones.
El perceptor principal de ingresos
laborales de estos estratos percibe en promedio 664 dólares mensuales, mientras
que en los estratos bajos este ingreso desciende a 256 dólares.
Así, el informe evidencia que una
alta proporción de la población de ingresos medios experimenta importantes
déficits de inclusión social y laboral y un alto grado de vulnerabilidad a
volver a caer en la pobreza ante cambios provocados por el desempleo, por la
caída de sus ingresos u otros eventos catastróficos como enfermedades graves y
desastres.
Siguiendo la tendencia al alza que se
registra desde 2015 en América Latina, un 30,1% de la población de la región se
encontraba bajo la línea de pobreza en 2018, mientras que un 10,7% vivía en
situación de pobreza extrema, tasas que aumentarían a 30,8% y 11,5%,
respectivamente, en 2019, según las proyecciones de la Cepal.
Esto significa que aproximadamente
185 millones de personas se encontraban bajo el umbral de la pobreza en 2018,
de los cuales 66 millones de personas estaban en la pobreza extrema, indica el Panorama
Social de América Latina 2019.
En este año, el número de personas en
la pobreza aumentaría a 191 millones, de los cuales 72 millones estarían en la
pobreza extrema. Destaca, en esa evolución, el hecho de que prácticamente todas
las personas que se suman este año a la estadística de la pobreza se integran
directamente a la pobreza extrema.
El alza de 2,3 puntos porcentuales de
la pobreza entre 2014 y 2018 en el promedio regional se explica básicamente por
el incremento registrado en Brasil y Venezuela.
En el resto de los países la tendencia
dominante en ese período fue hacia una disminución, debido, principalmente, a
un aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos, pero
también a transferencias públicas de los sistemas de protección social, y
privadas, como las remesas en algunos países. La pobreza afecta mayormente a
niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas indígenas y afrodescendientes, a
los residentes en zonas rurales y a quienes están desempleados.
El estudio de la Cepal también señala
que la desigualdad en la distribución del ingreso -expresada en el índice de
Gini con base en las encuestas de hogares- ha continuado su tendencia a la baja
(en promedio cayó de 0,538 en 2002 a 0,465 en 2018 en 15 países), pero a un
ritmo menor que en años recientes. Mientras entre 2002 y 2014 se redujo 1,0%
anual, entre 2014 y 2018 la caída fue de 0,6% por año.
No obstante, si se corrige el índice
de Gini utilizando otras fuentes de información, capaces de captar mejor los
ingresos del 1% más rico, se observa que la desigualdad es más elevada y la
tendencia al descenso se atenúa en comparación con la estimada solamente a
partir de las encuestas de hogares.
Por ejemplo, en Brasil, en 2014, la
participación del 1% más rico en el total del ingreso del país alcanzaba a 9,1%
de acuerdo con las encuestas de hogares, porcentaje que se elevaba a 27,5%
tomando en cuenta la información tributaria.
En Chile (dato para 2015), la
participación del 1% más rico en el ingreso total, también medida por las
encuestas de hogares, alcanzaba a 7,5%, proporción que subía a 22,6%
considerando la información de los registros tributarios y a 26,5% en el caso
de la riqueza neta (activos financieros y no financieros menos pasivos) y en
Uruguay (dato para 2014) las proporciones también aumentan: 7,3% (con encuestas
de hogares), 14% (información tributaria) y 17,5% (riqueza neta).
Por otra parte, el Panorama
Social de América Latina 2019 señala que el gasto social del gobierno
central aumentó de 10,3% a 11,3% del producto interno bruto (PIB) entre 2011 y
2018, alcanzando a 52,5% del gasto público total.
América del Sur tiene el promedio de
gasto público social más alto de la región (13,2% en 2018), mientras que en
Centroamérica, México y República Dominicana esa cifra es de 9,1%.
En el Caribe, el gasto social
promedio respecto al PIB es más alto (12,2%), pero en 2018 volvió a niveles de
2014, con un peso equivalente a 43,2% del gasto público total. El estudio
alerta que justamente aquellos países que enfrentan mayores desafíos para
cumplir las metas de la Agenda 2030 son los que presentan niveles más bajos de
gasto social.
Finalmente, el documento llama a
atender las causas estructurales de la migración y a reforzar la cooperación
multilateral para asegurar la protección y la inclusión sociales y laboral de
las personas migrantes en todas las etapas del ciclo migratorio.
Entre 2010 y 2019, el número de
personas migrantes en América Latina y el Caribe aumentó de 30 a 40,5 millones,
lo que equivale a 15% del total de migrantes a nivel mundial. Entre 2000 y 2019,
la proporción de migrantes intrarregionales aumentó de 57% a 70% del total.
Las remesas desempeñan un papel
importante en el alivio de la pobreza en varios países, plantea el documento.
En El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana, la incidencia de la
pobreza sobre el total de la población sería entre 1,5 y 2,4 puntos
porcentuales más elevada si no fuera por estas transferencias de dinero.
En el informe, la Cepal enfatiza que
para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad de los
estratos de ingresos bajos y medios son necesarias políticas de inclusión
social y laboral.
También se requiere un mercado de
trabajo que garantice empleo de calidad y remuneraciones dignas, eliminar las
barreras de inserción laboral de las mujeres y fortalecer el desarrollo de
sistemas integrales y universales de protección social en el marco de estados
de bienestar centrados en los derechos y la igualdad.
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