Por Orlando Milesi
SANTIAGO,
25 nov 2019 (IPS) - Cinco semanas de protesta con más de cuatro millones
de indignados en las calles han desnudado las carencias del modelo neoliberal
de Chile tras una explosión social con más de 23 muertos, 220 tuertos por
balines policiales, miles de heridos, detenidos, procesados y millones de
dólares en daños.
La
movilización social aparentemente no cesará hasta que aumenten los salarios y
las pensiones, mejoren los planes de salud, baje el precio de los medicamentos
y se ponga una lápida a la Constitución de la dictadura de Augusto Pinochet
(1973-1990), que ha representado y representa una rémora para la democracia del
país.
Están
abiertas varias interrogantes sobre el futuro político, económico y social que
no se dirimirían hasta que este país de unos 19 millones de habitantes cuente
con una nueva carta fundamental, según coinciden especialistas y actores de
diferentes lados de la crisis institucional abierta en octubre.
Un
punto alto del estallido social se vivió con 1,2 millones de personas
protestando en el centro de Santiago el 25 de octubre. Siguió con cientos
de marchas y cabildos autoconvocados (asambleas de debate) y manifestaciones
pacíficas en todo el país.
En
forma simultánea se producen, hasta ahora, actos de pillaje, saqueos, vandalismo
e incendios que afectan a grandes centros comerciales, iglesias, cuarteles de
policía, bancos y pequeños comercios en ciudades del norte y sur.
Efectivos
de Carabineros (policía) han sido sobrepasados, coinciden alcaldes de todas las
tendencias, quienes lamentan saqueos y robos en sus comunas (municipios).
Las
organizaciones sociales y algunos partidos de izquierda, como el
comunista, exigen cambios estructurales a un modelo neoliberal que se
aplicó hasta el exceso y que fue la espita de la explosión social. Anuncian que
seguirán movilizados.
Presionados
por la multitudinaria movilización de la calle, el derechista presidente
Sebastián Piñera, partidos y legisladores de izquierda, centro y derecha
apuraron el paso y tramitan varias de esas demandas, a fin de responder a la
movilización social, aunque, al menos por ahora, sin cambiar el modelo que
originó el estallido social.
Y
hay una tercera línea más dura, de extrema derecha, que en las redes sociales
pide una represión mayor para mantener incólume el modelo socioeconómico y
volver al que llamaban oasis chileno previo al 18 de octubre.
Carolina
Espinoza, portavoz de la Mesa de Unidad Social, que reúne a más de 200
organizaciones populares (sindicales, poblacionales, medioambientales,
feministas y estudiantiles), contó a IPS que en estas semanas avanzó la
reconstrucción del tejido social y político chileno para reparar el déficit de
democracia que persiste casi 30 años después de acabarse la dictadura.
Un
grupo de análisis de esa Mesa, que coordina la movilización social, ya recibió
más de 1 150 actas de cabildos realizados en 180 comunas (de un total de 346)
en los que unas 20 000 personas debatieron una nueva constitución. La Mesa
impulsa una Asamblea Constituyente paritaria, multiétnica y plenamente elegida
por los chilenos.
La
opción de una nueva Constitución y el mecanismo para elaborarla se definirán en
un referendo en abril del 2020, si se concreta un acuerdo logrado por
parlamentarios y líderes políticos de todos los sectores, con excepción del
izquierdista Frente Amplio y del Partido Comunista.
La
socióloga Lucía Dammert, de la pública Universidad de Santiago, elogió la
realización de cabildos “en un país cuyo debate político había sido
invisibilizado. Se había despolitizado la conversación cotidiana, la
mitad de la gente votaba y muchos eran escépticos de la política, pero
escépticos sin acción”.
Los
cabildos “tienen que seguir avanzando, pero no solamente en términos de proveer
propuestas, sino también en el entendimiento de lo que significa esta
toma de decisiones”, dijo a IPS.
“Un
gran desafío es que estos cabildos no repliquen los niveles de segregación
socioterritorial de Chile. Porque, finalmente, los cabildos terminan siendo
conversaciones entre gente muy similar y homogénea y eso puede perder la
riqueza del debate”, advirtió, en un país signado no solo por la
desigualdad sino por el clasismo.
Espinoza
subrayó que la Mesa seguirá bregando por una Asamblea Constituyente y por otras
demandas económicas y sociales, entre las cuales un salario mínimo equivalente
a 625 dólares y no a solo 430 como propone Piñera.
“Eso
significa seguir en la calle, realizar actividades culturales y usar
todas las herramientas que la historia de la humanidad entrega para
alcanzar justicia social. Por supuesto hay que racionalizar y focalizar
porque no podemos vivir todos los días marchando y tocando cacerolas, pero la
calle no la vamos abandonar”, declaró.
Espinoza
advirtió que es crucial “la investigación, justicia y reparación a
las graves violaciones a los derechos humanos” ocurridas en estas semanas.
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