El pueblo mexicano libre de acarreos partidistas salió a las calles a exigir a sus gobernantes que ya hagan algo contra la inseguridad pública y a la impunidad ligada a la corrupción.
México padece un cáncer incurable. La corrupción corre en la sangre desde el policía, vigilante del orden público, pasando por el de tránsito o el patrullero, hasta las grandes cúpulas del poder.
Por más palabras prometedoras que diga el Presidente de México, por más que se digan discursos, por más que se hagan promesas, el mal continuará, hasta que el mismo sistema impune de despedace de su misma cloaca.
De seguir así y a tan sólo de un año de celebrarse el primer centenario de la Revolución de 1910 que puso fin a 30 años de dictadura, y a poco menos de un mes de los 40 años del final del movimiento estudiantil de 1968; el pueblo mexicano muy pronto tendrá que hacer justicia por sus propias manos y las consecuencias podrían ser desastrosas.
Secuestros, decapitados, asesinatos, tráfico de armas, de drogas, de órganos humanos, de niños; están a la orden del día. Ya no es noticia el reportarlos. Será noticia el día que no se reporte un incidente de tal naturaleza.
Los organismos encargados de procurar la justicia, de investigar los delitos que la ciudadanía se ha quejado, no pueden hacer su trabajo debido a que, aunque no todos, pero si la mayoría, están en contubernio con el crimen organizado. Es una telaraña difícil de romper, un pulpo con muchos tentáculos, donde se ha creado muchos intereses.
Resolver el problema de raíz le corresponde a todos los poderes. Depurar a la policía en todos sus niveles, podría ser una solución viable. Pero de seguro los despedidos no buscaran empleo en algún oficio honesto. ¿Dónde podrán ganar los que percibían por su complicidad? De seguro algunos llegarán a ser parte de la nomina de los grandes carteles. Otros formarían sus propios grupos delictivos, empeorando la situación.
La participación del ejército en combatir a la delincuencia organizada puede llegar a que las autoridades militaricen el sistema judicial en su totalidad; es decir jueces, policías, fiscales. Y si eso no ocurre, se podría decir que los días de los tres poderes principales en México están contados.
El pueblo mexicano, constitucionalmente hablando tiene el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Habrá que esperar, pero la espera ya no puede ser de otros cien años.
Comentarios: lagamexusa@gmail.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario