Dr. Jorge Lera, Cd. Victoria, Tamaulipas & Lic.
Humberto Salinas,
Monterrey, Nuevo León
Ante una crisis migratoria creciente desde territorio
mexicano, donde diariamente se hacinan diásporas migrantes centroamericanas,
venezolanas y caribeñas, sin dejar de lado africanos y asiáticos, pero que, por
cada tres extranjeros observamos un migrante mexicano, por lo que vuelven a
dominar nuestras propias expulsiones y éxodos nacionales.
Nos preguntamos, cuál política y agenda migratoria
están aplicando los gobiernos de México y de Estados Unidos (EEUU), y qué papel
juegan de políticas públicas los gobiernos expulsores que, ante su silencio,
muestran su complicidad ante esta desgracia humana de grandes éxodos descontrolados
y dejados a la deriva y bajo total responsabilidad y riesgo de las propias
diásporas, que hoy se componen mayormente por mujeres y niños, muchos menores,
incluso no acompañados.
Pero en esta crisis migratoria, la mayor
responsabilidad la cargan los propios ciudadanos mexicanos que son los que más
apoyan y respaldan a los grandes grupos humanos desde las ciudades donde
aparecen de la noche a la mañana, los encargados de las casas de migrantes de
diferentes religiones y grupos de ONG's y los gobiernos municipales,
principalmente del sur de Chiapas y de la frontera norte desde Tijuana, Ciudad
Juárez, Piedras Negras, Monterrey, Reynosa y Matamoros, que es donde más se
concentran los grupos migrantes, que solamente en 2022, de acuerdo a cifras del Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE), fueron 2.4 millones las
personas retornados a México, de los cuales más de 800 mil, fueron de origen
mexicano.
Para el gobierno de EEUU, no se presentó el portazo
esperado desde el 11 de mayo, que se derogó el Título 42 y apareció el nuevo
Título 8, que no sólo deporta "ipso facto" al migrante ilegal sino, a
la par, ahora los "ficha" y "criminaliza" con penas de
hasta 5 años de veto para no ser aceptados ni tomados en cuenta, y con penas de
cárcel si son reincidentes.
Por estas amenazas de criminalización, que permearon
en pocos días desde la línea norte fronteriza, se amortiguó la crisis
migratoria en territorio norteamericano, donde en menos de 5 días disminuyeron
los cruces ilegales y se vieron efectivas sus amenazas amparadas de este nuevo
Título 8 y la militarización fronteriza por lo que toda la carga de esta
explosiva crisis migratoria, se quedó en nuestras ciudades fronterizas,
convirtiendo a México de facto, en un Tercer País Seguro, que además se muestra
totalmente rebasado ante la gravedad de tener un Instituto Nacional de
Migración (INM) en plena crisis de credibilidad, que además anunció el cierre
de sus 23 estaciones migratorias dejando en una total deriva las políticas
públicas que en lugar de apoyar al transmigrante, los dejan a su sola suerte.
Adicionalmente, el gobierno mexicano está dejando de apoyar a la COMAR,
disminuyendo los apoyos financieros para los refugiados.
SOLUCIÓN A TRAVES DE VISADOS DE EMPLEOS TEMPORALES
En medio de esta crisis migratoria, la opción que se
muestra viable y urgente, es que los gobiernos de EEUU y México se pongan de
acuerdo, y apoyen la expedición de Visados Temporales de Empleo, a los
migrantes mexicanos y extranjeros que cumplan los requisitos específicos para
poder trabajar en ese país. Es decir, volver a lanzar una gran cruzada de los
empleos que ese propio país demanda, pero que sean ofrecidos de forma ordenada,
específica y remunerada a través de los Departamentos del Trabajo de México y
de EEUU.
Para el gobierno mexicano, esta nueva movilidad
laboral debe ser controlada principalmente por dependencias especializadas que
atiendan integralmente problemas como el caso de la salud, entonces el papel
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aparece como fundamental, para
que no sea solo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la que atienda
esta crisis migratoria. Otra dependencia esencial, que debe dar salida ordenada
a la movilidad laboral migrante, es la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), que conjuntamente
con los Departamentos de Estado y del Trabajo de los Estados Unidos ordenarían
y gestionarán las visas temporales de empleo con plazos desde 6 meses hasta por
4 años, reclasificando los empleos que demandan los sectores productivos
norteamericanos, desde el agropecuario hasta el considerado de alta
especialización técnica.
De la misma forma, debe ser tratada la crisis, como un
riesgo de salud industrial desde el punto de vista de la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) para prevenir riesgos y costos exagerados
de ambos sistemas de salud, por un lado, un sistema caro desde EEUU y otro, de
atención prioritaria hacia la familia de los migrantes que cumplen las normas
de estos visados temporales.
Para el embajador de México en EEUU, Esteban
Moctezuma, “La migración regular y ordenada debe fortalecer la idea de
Norteamérica: buscamos dar un ejemplo al mundo entero, sobre cómo se pueden
aliar los países para impulsar los derechos laborales”. Además, reitera que “La
migración regular beneficia a todos: las empresas, las personas trabajadoras y
sus derechos laborales, las economías, así como al orden y legalidad de los dos
países”.
Por otra parte, el embajador norteamericano en México,
Ken Salazar, enfatiza que la relación bilateral atraviesa por un excelente
momento tras la visita histórica del presidente Joe Biden, por lo que estamos
en buen tiempo para trabajar una salida ordenada e inteligente a esta crisis,
provocando a través de los visados temporales una válvula de escape.
Aquí se muestra el meollo del asunto, ya que ahora no
se observa ni se previene un auténtico acompañamiento del transmigrante, desde
el punto de origen hasta el lugar del visado, que se concentra principalmente
en Monterrey, Nuevo León.
Ahora no hay preparación, para poder dar y
proporcionar en solo dos o tres días de espera en estos centros, para así
fortalecer la seguridad industrial como un plus de la movilidad responsable.
Esto es, poder transformar esta crisis migratoria, en una oportunidad laboral
expedita y ordenada.
El subsecretario del Empleo y Productividad Laboral de
la STPS, Marath Bolaños, externó que “con este memorándum se da un paso firme a
la protección de los derechos humanos y laborales de los mexicanos que estén
buscando una oportunidad de trabajo en Estados Unidos, posibilitando así, un
esquema de movilidad laboral regular, ordenado y seguro”. Además, destacó la
colaboración con EEUU para fortalecer la nueva plataforma virtual del Servicio
Nacional de Empleo (SNE).
De acuerdo a estudios realizados por la Universidad
migrante Santander, en la frontera norte el impacto que ha causado esto en
ciudades como Monterrey, Santa Catarina, Matamoros, Nuevo Laredo, Guadalajara y
Tijuana, entre otros Consulados norteamericanos en México, representaría una
derrama económica de 650 dólares por cada visado y un gasto municipal de más de
400 dólares por asistir y atender a este flujo con una carga de servicios y
atención desde trasporte, hotel y alimentación.
No hay instrumentos puestos en operación, para que los
filtros consulares de movilidad laboral de México a EEUU, que por ahora sean
seguros.
Hoy día, no hay un verdadero modelo de acompañamiento
desde los municipios hasta los 9 consulados norteamericanos distribuidos en
México, para atender la demanda actual, estimada en medio millón de
trabajadores temporales anuales, en medio de esta nueva crisis migratoria y de
movilidad.
Por todo lo citado, el diálogo y la colaboración entre
grupos de trabajo binacionales, ahora están dejando más incógnitas que
respuestas.
La primera propuesta de salida, es poder blindar de
todos los posibles riesgos sanitarios, cuando una población masiva y
descontrolada, que representa la menos atendida por la falta de alimentación
adecuada y sus bajas dosis de vacunación y post pandemia, se moviliza desde lo
rural hasta la ciudad, al visitar al Consulado sin menores controles.
Específicamente, el Consulado de Monterrey y en Santa Catarina, Nuevo León, donde
se reciben grandes flujos de esta masa migratoria en un sistema que los deja
desprotegidos, ya que no es parte del programa de salud federal.
Por lo citado, esta movilidad laboral debe ser controlada principalmente por el IMSS y no solo la SRE, y por el Servicio Nacional de Empleo (SNE) junto con los Departamentos de Estado y del Trabajo de los Estados Unidos. De la misma forma debe ser tratada como un riesgo de salud industrial para prevenir riesgos y costos exagerados de ambos sistemas de salud por un lado un sistema caro de EEUU y otro de atención prioritaria hacia la familia...
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