Foto: Proporcionada
por Kenneth Cruz
Por LAND
GUATEMALA: El
despido de un fiscal anticorrupción ha provocado una reacción airada de la
sociedad civil y demandas de renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de
la procuradora general María Consuelo Porras. Porras fue criticada el mes
pasado cuando destituyó a Juan Francisco Sandoval, un fiscal especial designado
para apoyar a la CICIG, un organismo internacional creado para investigar la
corrupción en Guatemala. Después de que la CICIG fuera disuelta en 2019 por el
presidente Jimmy Morales, la oficina de Sandoval se hizo cargo de muchas de las
investigaciones del organismo internacional. El motivo de Porras para despedir
a Sandoval fue que esta se había negado a seguir las instrucciones y había
interferido con el funcionamiento de su oficina. En una rueda de prensa
posterior a su destitución, Sandoval calificó el despido de “ilegal” y se
comprometió a impugnarlo. El viernes, Sandoval se reunió con representantes de
la administración del presidente estadounidense Joe Biden en Washington, D.C.
El Departamento de Estado de Estados Unidos también anunció la semana pasada
que suspendería temporalmente la cooperación anticorrupción con Guatemala
debido al despido de Sandoval.
BRASIL:
Partidarios del presidente Jair Bolsonaro salieron a las calles de todo el país
el domingo para exigir cambios en las leyes de votación a fin de prevenir el
fraude en las elecciones presidenciales del próximo año. Los manifestantes
exigían que las máquinas de votación impriman recibos en papel, lo que hace
posible un recuento físico. El presidente Bolsonaro habló con los manifestantes
por videoconferencia, poniendo en duda la legitimidad del resultado de las
elecciones más de un año antes de que se emitan los primeros votos y sugiriendo
que no aceptaría una derrota electoral.
CHILE: Los
trabajadores de la mina de cobre Escondida en el norte de Chile votaron
abrumadoramente la semana pasada para rechazar una oferta de contrato de BHP,
la empresa propietaria de la mina. La empresa ha solicitado la mediación del
gobierno, durante la cual se requerirá que los trabajadores continúen
trabajando por un período de hasta 10 días. Si no se llega a un acuerdo al
final de ese período, el sindicato iniciará un paro laboral. Escondida es la mina
de cobre más grande del mundo y representa alrededor del 5% de la producción
anual mundial. En 2017, una huelga de 44 días de los trabajadores de la mina
contribuyó a una disminución del 1,3% del PIB del país.
PERÚ: El maestro
de escuela primaria izquierdista Pedro Castillo asumió como presidente de Perú
la semana pasada, heredando un congreso fuertemente dividido en el que su
partido Perú Libre tiene solo 37 de 130 escaños y la peor tasa de mortalidad
por COVID-19 del mundo. Castillo, que no ha ocupado previamente un cargo
público, es la quinta persona en cinco años en ocupar el cargo de presidente de
Perú. En su discurso de inauguración, prometió crear un sistema nacional de
salud y redactar una nueva constitución, mientras aseguraba a sus oponentes que
respetará la propiedad privada. El viernes, Castillo nombró al ex economista
del Banco Mundial Pedro Francke como ministro de Finanzas en una medida que fue
vista como un consuelo más para los moderados.
COLOMBIA: Fiscales
han presentado cargos contra el ex General del Ejército de Colombia Mario
Montoya por su participación en 104 ejecuciones extrajudiciales entre 2007 y
2008. Los homicidios fueron parte del escándalo de los “falsos positivos”, en
el que más de 6.400 civiles fueron asesinados por el Ejército antes de ser
registrados como guerrilleros muertos en combate. Montoya, quien fue el
principal general de Colombia de 2006 a 2008, está siendo acusado de varios
cargos de homicidio agravado. Se le acusa de incentivar las muertes en combate,
una política que, según los fiscales, condujo al asesinato de no combatientes.
HAITÍ: La policía
haitiana emitió una orden de arresto contra un ex juez de la Corte Suprema y
rival político del fallecido expresidente Jovenel Moïse por su presunta
participación en el asesinato del presidente el 7 de julio. La policía dice que
la jueza Wendelle Coq-Thelot se reunió con los mercenarios que mataron a la
presidenta Moïse en su casa dos veces antes del ataque. Moïse sacó a Coq-Thelot
de la Corte Suprema en febrero de este año junto con otros dos jueces,
acusándola de haber estado involucrada en un complot golpista. Se desconoce la
ubicación de Coq-Thelot y sus abogados dicen que la orden de arresto es ilegal
y están pidiendo a un juez que la desestime. CUBA / ESTADOS UNIDOS: El
Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes sanciones
adicionales contra el gobierno de Cuba, en respuesta a la represión de las
protestas contra el gobierno durante el mes pasado. Las sanciones extienden las
prohibiciones existentes de viajes internacionales para los funcionarios de la
fuerza policial nacional de Cuba. Miles de cubanos en ciudades de la isla
salieron a las calles a principios del mes pasado para protestar por la escasez
de alimentos y medicinas. Las protestas fueron reprimidas por la policía y
hasta 700 personas han sido arrestadas, según la ONG Cubalex. Mientras tanto,
los gobiernos de México y Bolivia comenzaron a enviar miles de toneladas de
suministros médicos y alimentos al país caribeño la semana pasada.
MÉXICO: Los
mexicanos votaron en un referéndum el domingo para decidir si investigar o no a
los expresidentes vivos por corrupción y otros delitos. Según los recuentos
preliminares publicados el domingo por la noche, entre el 89 y el 96% de los
que participaron quisieran que se investigara a los expresidentes. Sin embargo,
la participación fue solo de alrededor del 7% de los votantes elegibles, lejos
del 40% necesario para que el referéndum sea legalmente vinculante. Los líderes
del partido gobernante Morena dijeron que les gustaría ver algún tipo de
comisión de la verdad independientemente del resultado de la votación. El
partido opositor PAN criticó la decisión del gobierno de realizar el
referéndum, calificándolo de "un espectáculo presidencial".
MÉXICO: El presidente Andrés Manuel López
Obrador emitió una orden ejecutiva para liberar a más de 12,000 personas
detenidas en cárceles federales. Los presos que serán liberados incluyen algunos
adultos mayores, víctimas de tortura y personas que esperan ser sentenciadas.
López Obrador también alentó a los gobiernos estatales a liberar a las personas
de las cárceles estatales si cumplen con las mismas características. El
viernes, el gobierno de la Ciudad de México anunció que comenzará a investigar
quiénes deberían ser liberados de sus cárceles.
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