Policía de la CDMX en las marchas de maestros. Foto: Archivo
Sergio Ferrer
Raúl Ramírez Baena*
En columna anterior había advertido sobre la posibilidad de
que el Congreso de la Unión apruebe una Ley de Seguridad Interior, impulsada
por iniciativas del Ejecutivo Federal por conducto del PRI, y por el PAN, para,
supuestamente, “dar certeza jurídica a las fuerzas armadas”.
Aunque sabemos que la verdadera intención del régimen es
justificar las acciones de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública,
y en virtud de que el Artículo 21 Constitucional establece competencia
exclusiva de la autoridad civil en estas tareas, se sabe que es una iniciativa
de Seguridad Pública disfrazada de “Seguridad Interior”, para evitar recursos
de inconstitucionalidad y reformar la Carta Magna, y para evadir las múltiples
Recomendaciones de las ONU y la OEA para el retiro de las Fuerzas Armadas.
La iniciativa de Ley de Seguridad Interior presentada por el
PRI en la Cámara de Diputados otorgaría al Ejército, la Marina y la Fuerza
Aérea y a cualquier fuerza de seguridad pública federal, la posibilidad de
realizar labores de vigilancia por “cualquier método de recolección de
información”.
El Artículo 28 de dicho proyecto establece: “Las Fuerzas
Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en
materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias,
considerando los aspectos estratégico y operacional, la cual tendrá como
propósito brindar apoyo en la toma de decisiones en materia de Seguridad
Interior.
“Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades
facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método de recolección de
información”.
De aprobarse la Ley en estos términos, se facultaría a las
Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad pública federal, intervenir
comunicaciones y recolectar información privada a través de cualquier método,
sin distinción y sin que se contemple ningún control judicial o cualquier otro
mecanismo de rendición de cuentas.
Por su parte, en la iniciativa del PAN en el Senado, se
establecen obligaciones amplias a empresas de telecomunicaciones e Internet,
que pueden comprometer el derecho a la privacidad:
“Artículo 48. Los concesionarios, permisionarios, operadores
y comercializadores de servicios de telecomunicaciones y, en su caso, los
autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, están
obligados a colaborar eficientemente con la autoridad competente para el
desahogo de las medidas de intervención de comunicaciones privadas, de
localización geográfica en tiempo real o de entrega de datos conservados de
equipos de comunicación móvil, de conformidad con las disposiciones aplicables.
Asimismo, deberán contar con la capacidad técnica indispensable que atienda las
exigencias requeridas por la autoridad judicial para operar las medidas
señaladas”.
Enrique Peña Nieto declaró el pasado 17 de enero que ya se
dio un primer paso con la entrega de cuatro proyectos legislativos al Congreso
de la Unión para “redefinir las facultades del Ejército y la Marina”. Dijo
además que “tenemos que seguir fortaleciendo a las Fuerzas Armadas y, sobre
todo, darle mayor certidumbre jurídica a su actuación en labores de seguridad
interior”.
“Quiero reiterar mi absoluto respaldo a los planteamientos
expresados por el general Salvador Cienfuegos y el almirante Francisco Soberón
en diversos foros, en torno a la relevancia de legislar en la materia”, indicó
Peña Nieto.
En efecto, como en ningún otro gobierno postrevolucionario,
los titulares de la Sedena y de la Semar han realizado un atípico e intenso
cabildeo, llegando al extremo de pactar con el PRI el desechar las iniciativas
sobre Mando Único y la reglamentación del Artículo 29 sobre “el Estado de
excepción” de los derechos humanos, para dar prioridad a la de Seguridad
Interior.
El PRI prometió a los titulares castrenses que tal
iniciativa se aprobaría en la Cámara de Diputados antes del 30 de abril de este
año.
Se ha pretendido justificar la normalización de la
participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad argumentando la
debilidad de las fuerzas civiles de policía, sin embargo, la iniciativa no
justifica la razón por la cual resultaría necesario que las Fuerzas Armadas
lleven a cabo medidas de vigilancia que le corresponden a autoridades civiles.
El Dip. Fed. Jorge Ramos Hernández, del PAN, Presidente de
la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y ex Presidente
Municipal de Tijuana (2007-2010), expresó en tribuna el mes pasado: “Esta
iniciativa (de Ley de Seguridad Interior) tiene como fuente un caso de éxito
aplicado en Baja California, replicado en el estado de Chihuahua, en Ciudad
Juárez (…) en un esquema de coordinación entre las Fuerzas Armadas y las
autoridades civiles (…) logramos sacar a la Ciudad de Tijuana del primer lugar
en incidencia delictiva en América Latina (…) y en un lapso de 22 meses
disminuir la incidencia delictiva en un 39 por ciento (sic)”.
Posiblemente en aras de abonar a su posible candidatura a la
gubernatura de Baja California, Jorge Ramos vuelve a la carga con el gastado y
falso discurso de presumir a Tijuana como “modelo de seguridad” durante su
administración municipal, sin mencionar que en esos años se registró el más
alto índice de tortura en el país, cometida por la policía municipal bajo el
mando de Julián Leyzaola, y el ejército.
Así, “dar certeza jurídica” a las fuerzas armadas
representa, para los promotores de estas iniciativas, legalizar la irrupción
castrense en asuntos de Seguridad Pública, bajo el pretexto de que son acciones
de “Seguridad Interior”.
Para envidia de Donald Trump…
*Director de la
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste
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