Elecciones 2023, Guatemala limita participación política a los pueblos originarios
Caricatura de un medio que resume la cultura política electoral de Guatemala
Por Ollantay Itzamná
Guatemala es uno de los
países culturalmente más megadiversos del Continente. Según el censo nacional
del 2018, más del 44% de la población de Guatemala se declara indígena. Aunque
para una vista antropológica, más del 90% de la población es genéticamente
indígena.
Guatemala,
territorialmente de un poco más de 108 mil Km2, cohabitado por 17 millones de
personas, tiene a un aproximado de 10 millones de sus habitantes por debajo de
la línea de empobrecimiento, casi en su totalidad de origen indígena maya.
En dos siglos de
República, en Guatemala los pueblos originarios y campesinos, muy a pesar de
ser demográficamente mayoría, jamás se les permitió organizarse políticamente,
mucho menos participaron, ni fueron electos como gobernantes.
En 2016, las
comunidades campesinas y los pueblos originarios en resistencia, articulados en
el movimiento Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), luego de amplios e
históricos debates asamblearios, decidieron crear su organización política para
participar electoralmente en las elecciones e implementar su proyecto de
transformación de país. En 2018, lograron la inscripción de la organización
política Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). En las elecciones
generales del 2019, MLP quedó en 4to lugar en dicha contienda electoral.
Las comunidades y pueblos, desde antes de la creación de MLP, y durante los últimos tres años, no dejaron de organizar, concientizar y politizar a los sectores populares del país.
Pero, en pleno proceso
electoral en curso de 2023, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) niega la
inscripción del binomio presidencial de MLP muy a pesar del cumplimiento de los
requisitos exigidos por Ley. En consecuencia, las comunidades y pueblos
integrantes del MLP emprendieron el «camino legal» impugnado, apelando,
presentando amparos… Aunque por esa ruta tienen claro el resultado final: dejar
fuera a indígenas y campesinos de la contienda electoral.
De esta manera, el
Estado de Guatemala no sólo limita o vulnera derechos políticos del «denegado» vice
presidenciable Jordán Rodas, ex Procurador de Derechos Humanos (PDH), sino el
derecho político colectivo que asiste a los pueblos indígenas como sujetos de
derechos sociopolíticos.
«No vamos a realizar
asamblea extraordinaria para elegir nuevo binomio presidencial»
Póster difundido por
MLP sobre la negativa del TSE a la inscripción de su binomio
Ante la negativa del
TSE de resolver favorablemente las apelaciones presentadas por MLP, e inscribir
a su binomio presidencial, las comunidades y pueblos decidieron no realizar
ninguna asamblea extraordinaria como organización política para inscribir un
nuevo candidato a la vicepresidencia.
«No vamos a realizar
una nueva asamblea nacional, ni vamos por un nuevo binomio. Nuestra binomio
actual cumple con todos los requisitos de Ley… Hacer una nueva asamblea sería
ser cómplice con la conducta delictiva e ilegal de los magistrados», indica
Mauro Vay, integrante del comité político de MLP.
Agotado los recursos legales
en el país, recurrirán a instancias internacionales como la CIDH, y otros, para
hacer prevalecer el cumplimiento y satisfacción de derechos políticos que les
asiste como individuos y pueblos.
Existe jurisprudencia
internacional condenatoria por parte de la CIDH contra estados de Venezuela y
Colombia en casos similares de vulneración de derechos políticos individuales
por parte de los estados.
De esta manera, un
movimiento socioecopolítico nucleado por indígenas y campesinos, con leyes en
mano, coloca en situación difícil a las autoridades electorales de Guatemala
que organizan el proceso de elecciones generales del 2023.
«Nos tienen miedo por
nuestro proyecto de país plurinacional»
La proscripción de
organizaciones políticas en Guatemala no es novedad. Partidos políticos de
tendencia comunista sufrieron ese castigo por «ser diferente» ideológicamente a
los partidos conservadores o liberales, o ser contrario a los intereses
norteamericanos, durante los dos siglos de República.
Pero, MLP no es de
tendencia comunista. ¿Por qué el sistema político de Guatemala busca proscribir
a esta organización?
Básicamente las
comunidades y pueblos de Guatemala políticamente organizados en MLP proponen:
Impulsar un proceso de
Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para la creación de un Estado
Plurinacional con autonomías territoriales.
Revisar todos los
contratos de privatización de bienes y servicios públicos vigentes en el país,
con miras a la re nacionalización de dichos bienes.
Incorporar a Guatemala
a los procesos de integración regional como la CELAC, ALBA, etc., y así liberar
al país del control norteamericano.
Pero, en el fondo, lo
que da terror a las élites hegemónicas del país es la posibilidad real de
perder la hegemonía cultural y los privilegios acumulados en dos siglos de
República criolla.
Si los cerca de 80 mil
millones de dólares de Producto Interno Bruto con los que cuenta Guatemala fue
y es fruto del trabajo semi esclavista de las grandes mayorías sociales, y del
constante saqueo de los territorios, el futuro de dicho patrimonio también
dependen de la sobreexplotación y del saqueo de dichos bienes. Y, permitir la
liberación de los pueblos y sus respectivas autonomías territoriales es y será
un suicidio de las élites opulentas del país.
Hasta antes que los indígenas
y campesinos se organizaran políticamente en Guatemala, cada vez que estos
sectores empobrecidos salían a las calles a protestar, desde los medios de
comunicación corporativas y desde las clases medias les gritaban: «Hagan su
partido político. Vayan a las urnas. Ganen elecciones»…
Ahora que indígenas y
campesinos están políticamente organizados, con las probabilidades de ganar
elecciones generales del 2023, les niegan la posibilidad de participar con
candidatos propios y ganar en las urnas.
De esta manera, el
mismo Estado obliga a las y los empobrecidos a retomar las calles con acciones
de protesta como una de las últimas vías para hacer valer sus derechos.
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