Por: Armando García
Medellín Rojas, joven de 33 años, fue condenado a muerte hace 15 años, por participar con otros pandilleros en la violación, golpiza y estrangulamiento de dos adolescentes.
Por ser mexicano de nacimiento, al joven no se le otorgó su derecho de obtener ayuda y consejo legal para su defensa por parte del Consulado de México.
El Tribunal Internacional de Justicia de la Haya afirmó que Medellín y otros 50 mexicanos sentenciados a la pena capital en Estados Unidos deben recibir nuevas audiencias en cortes estadounidenses para determinar si el tratado de asistencia consular de 1963 fue violado durante sus detenciones.
Mientras que Estados Unidos exige a otros países que sus ciudadanos sean tratados con justicia y dignidad cuando son detenidos. Con la ejecución de Medellín, contradice su política de ser paladín de respeto a los derechos humanos al no respetar la orden del tribunal mundial de justicia.
Es deplorable el crimen cometido por Medellín pero en lugar de morir por una inyección letal, se le debió dar una nueva oportunidad, recibir la ayuda consular apropiada y salvarle la vida, con una nueva condena; tal y como ocurrió hace cuatro años cuando se echó abajo la decisión de ejecutar al mexicano Osvaldo Torres en Oklahoma, cuyas autoridades conmutaron la pena capital por la cadena perpetua.
¿Cuántos más mexicanos inmigrantes morirán sin recibir justicia?
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