Por Ollantay Itzamná
Durante los tres siglos de la Colonia española, todos los pueblos
originarios de la Capitanía General de Guatemala fueron reunidos a la fuerza y
encerrados, bajo pena de muerte, en nichos territoriales denominados “pueblos
indios”. En la Guatemala actual fueron capturados y encerrados en cerca de 520
pueblos indios para ser explotados como mano de obra obligatoria y gratuita
para las haciendas coloniales de ese entonces.
Durante la República, los pueblos indios de la Colonia española fueron
despojados de sus tierras comunales, y encerrados en las haciendas y fincas
nacientes. Así nació la dolora y trágica historia de los “mozos colonos”:
familias completas, de generación en generación, secuestradas en las fincas,
cerca de las casas patronales, para servir de mano de obra segura y
semigratuita para los patrones. Eso ocurrió legalmente, hasta 1952 (año de la
Reforma Agraria)
En los hechos, aún en 2016, en el Departamento de Suchitepéquez encontré
dos comunidades cautivas de mozos colonos, intentando liberarse de las eternas
deudas pecuniarias con las que los patrones los tenían atadas al encierro.
Pero, esta inhumana historia continuada de la Colonia española y de la
Colonia republicana no ha concluido aún en Guatemala.
Alcalde de San Francisco Zapotitlán, junto a diputados del partido
oficial, inaugura la obra.
El gobierno actual de Alejandro Giammattei, en plena campaña electoral
anticipada, en contubernio con los gobiernos municipales y diputados, inaugura
la construcción de caminos que no avanzan, incluso bloqueando por completo la
salida y el ingreso de las familias a sus viviendas y comunidades por meses
completos.
Estado de Guatemala encierra ya por más de tres meses a comunidades
completas
En el Municipio de San Francisco Zapotitlán, Departamento de
Suchitepéquez, a 160 Km al suroeste de la ciudad de Guatemala, las comunidades
de Margaritas I, II y III, y a las aldeas de Tzampoj y otras, están
completamente bloqueados, desde hace más de tres meses atrás, sólo porque el
partido político oficialista VAMOS está en campaña electoral anticipada
inaugurando obras para ganarse el voto electoral en 2023.
El 25 de agosto pasado, sin consultar a las comunidades, dos diputados
del partido VAMOS llegaron en helicópteros a la comunidad Margaritas III, y
junto al alcalde de San Francisco Zapotitlán, Carlos René Chávez, y al alcalde
del Municipio de Samayac, inauguraron la pavimentación del
tramo caminero que une a ambos municipios, y dejaron sin vías
de acceso a las comunidades del lugar.
Comenzaron a sembrar cemento en ambos carriles de la carretera. Al
momento, la obra no avanza, ni tampoco permiten el paso de vehículos. El
tramo para pavimentar es de
apenas 3 Km de distancia, geografía plana. La inconformidad en las comunidades
cautivas crece. Al momento ya hay dos personas heridas (una de
ellas hospitalizada). Nadie sabe cuándo terminará este calvario del cautiverio
forzado implantado ipso facto por el Estado. Tampoco se ha buscado vías de
acceso alterno.
Mientras tanto, el Ministerio Público se resiste
aceptar la denuncia correspondiente contra las autoridades quienes de forma
flagrante y continuada violentan el derecho a la libre locomoción establecido en
el artículo 26 de la Constitución Política.
El alcalde municipal de San Francisco Zapotitlán culpa a las autoridades
de los consejos comunitarios de desarrollo (CODEDE) del lugar argumentando que
“se acordó cerrar el paso por ambas vías en consenso con los COCODE”. Don Byron
Peña, presidente del COCODE de Margaritas I, ante los incidentes violentos que
se está generando en las comunidades en cautiverio, argumenta: “nosotros por
ignorancia dimos el okey. Nosotros no somos tan conocedores de las leyes”.
Lo cierto es que el gobierno nacional y los gobiernos municipales
condenan al cautiverio a las comunidades indígenas y campesinas, sin importar
las leyes y las libertades individuales, con tal de obtener votos electorales
en 2023.
La condición de colonialidad está tan enraizada en la subjetividad y
corporeidad de vecinos, ex mozos colonos, que en muchos casos asumen este
abusivo cautiverio forzado como “un sacrificio necesario para el desarrollo del
Municipio”.
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