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Por JOEL
ORTEGA JUÁREZ
El asunto Yasmín Esquivel Mosso está teniendo una secuela de disputa de las élites, por la UNAM.
Sin
evadir una postura precisa en defensa de la UNAM, ante los desvaríos del
presidente llamando “choro mareador” al discurso del rector, que exhibe la
vulgaridad de López Obrador, al mismo
tiempo que expresa su furia contra la condición autónoma de la Universidad
Nacional, es necesario intentar una explicación de esa furiosa embestida del
presidente y sus seguidores contra la UNAM.
A lo
largo de su existencia, las principales características de la Universidad
Nacional las han definido movimientos y luchas de los estudiantes y los
profesores.
La
misma Autonomía conseguida en 1929 fue producto de la movilización contra el
gobierno.
La
libertad de cátedra conquistada en 1935, también fue resultado de una lucha en
contra de la pretensión de imponer una supuesta “educación socialista”, una
demagogia que escondía la pretensión totalitaria de establecer una “ideología”
que desnaturalizaba a la esencia de la Universidad, que es la diversidad de
opiniones como condición fundamental de una institución universal. La libertad
de cátedra fue y sigue siendo un rasgo esencial de la Universidad. No hay
“ciencia proletaria” y “ciencia burguesa”, mucho menos una “ciencia nacional”.
El pensamiento científico se basa en la libertad para investigar sin ningún
dogma. Las disputas internas en la UNAM dieron como resultado la promulgación
de su Ley Orgánica el 6 de enero de 1945.
Esa
legislación establece que el rector es el “Jefe Nato” de la UNAM, le otorga a
la Junta de Gobierno, integrada por 15 miembros, la facultad de designar a las
autoridades universitarias en primer lugar a su Rector. Desde entonces, casi 80
años, la Ley Orgánica no ha sufrido el cambio de ninguna coma. Obviamente la
Universidad de 1945 y la de 2023 son muy diferentes. Tanto en su tamaño y sobre
todo en las inmensas mutaciones ocurridas en la ciencia, la tecnología, la
cultura y obviamente el entorno planetario y nacional.
Entre
otras cuestiones resulta incomprensible una estructura de gobierno totalmente
autoritaria en la Universidad, en tanto que en el país se han producido cambios
muy importantes en el ámbito democrático.
No
se trata de una democratización vulgar, donde la ciencia se ponga a votación,
ni tampoco de una idea de elección por voto universal del Rector y los
Directores de Facultades, Escuelas e Institutos, sino de darle expresión
equilibrada a cientos de miles de estudiantes y decenas de miles de docentes y
varios miles de investigadores. Existe
hace mucho tiempo una propuesta de construir un Cogobierno paritario, es decir
un sistema que les otorgue de manera ponderada a los estudiantes, docentes e
investigadores la capacidad de gobernarse a sí mismos, sin un modelo
autoritario y sin injerencia del Estado, la empresa, los partidos, las fuerzas
armadas o los sindicatos corporativos.
Ese
proyecto se gestó en la lucha de los universitarios de Córdoba, Argentina en
1918 mediante el Manifiesto Liminar. Es una propuesta cuestionada por muchos,
incluso algunos ex dirigentes del movimiento del 68 mexicano, pero debatirla no
debe ser una herejía.
Un
proceso de transformación democrática en la UNAM es el mejor camino para
defenderla de los intentos del gobierno para someterla.
Desde
principios del sexenio de López Obrador hubo una intención de reformar el
artículo tercero constitucional, en cuya fracción séptima se erige a la
Autonomía como la capacidad de la UNAM y todas las universidades públicas de
gobernarse a sí mismas y establecer los procedimientos para cumplir sus
funciones, docencia, investigación y difusión. Trataron de pasar una contrarreforma
aparentando un “error involuntario”, fue en realidad un “ensayo” deliberado del
gobierno para sorprender al país y a los universitarios.
Por
eso no se trata de un mero torneo entre el presidente y el rector, los
sistemáticos ataques desde la voz presidencial difamando a la Universidad, al
señalarla como “neoliberal” y con un viraje a la “derecha”
.
El
presidente Andrés Manuel López Obrador quiere eliminar la autonomía y convertir
a la UNAM en una “dependencia” subordinada al Ejecutivo Federal, es decir
sometida a la voluntad del presidente López Obrador.
Todo
lo anterior se desarrolla en un marco interno en la UNAM, donde. el 85 % de sus
profesores tienen una relación laboral precaria, dado que tienen contratos vigentes
por un semestre. La inmensa mayoría de los docentes dependen de la
arbitrariedad de los directores para renovar su condición de profesores.
Es
una realidad donde un 85 % de los profesores tienen carácter de profesores de
asignatura y cubren la mayoría del llamado “banco de horas”, mientras los
profesores denominados de Tiempo Completo muchas veces dan tres o cuatro horas
de clases semanales.
Esa
estructura debe cambiar.
Hace
muchos años no se han creado nuevas plazas de profesores de Tiempo
Completo
y muy pocas de Investigadores, lo que genera una situación absurda y contraria
al desarrollo mismo de la universidad. Miles de egresados de la UNAM incluso
algunos con posgrado y doctorado no pueden convertirse en profesores o
investigadores. Los profesores de Tiempo Completo e Investigadores tienen un
salario base que muchas veces no representa ni la tercera parte de sus ingresos
dado que tienen programas de estímulos o pertenecen al Sistema Nacional de
Investigación, un centenar son profesores eméritos y se niegan a jubilarse
porque sus ingresos se verían mermados de manera drástica. Hay profesores de TC
e Investigadores que tienen ingresos de hasta 140 mil pesos o más, pero su
jubilación se obtiene por un salario tabular de 40 a 60 mil pesos mensuales.
Obviamente nadie se quiere jubilar. Los
viejos se han convertido en una lápida sobre las espaldas de los jóvenes.
Como
no hay plazas nuevas y los viejos se niegan a jubilarse, no hay lugar para los
jóvenes.
Estas
y otras cuestiones deben estar en el centro del análisis y debate sobre la UNAM.
La
disputa del gobierno por adueñarse de la rectoría debe combatirse desde la
perspectiva de una reforma universitaria profunda.
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