Foto proporcionada por Análisis a Fondo
· La
comisión legislativa se reúne mañana martes por enésima vez, sin ton ni son
· Entre
tanto, pueblos y comunidades indígenas siguen debatiéndose en la pobreza
Por Francisco Gómez Maza
Casi tres décadas
después de que el gobierno federal y el EZLN firmaran los ya casi olvidados
Acuerdos de San Andrés, los pueblos y comunidades indígenas de México continúan
viviendo como extranjeros en su propia tierra.
El 16 de febrero de
1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés Larrainzar como producto de una
amplia negociación entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional. Estos acuerdos registraban -registran- una serie de
compromisos entre las partes que se tenían que cumplir por el gobierno federal
para elevar a rango constitucional los derechos humanos de los pueblos
indígenas, pero por su propia naturaleza no eran reclamables ni exigibles por
las vías jurídicas tradicionales, y la vida inhumana de los indios continúa sin
que mueva el corazón de las mayorías, que se mueven entre el desprecio social y
el racismo.
Las comunidades
originarias continúan siendo las más vulnerables ante la situación de
desigualdad, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 69.5% de la población indígena, 8.4
millones de personas, experimenta una situación de pobreza, y el 27.9%, 3.4
millones de personas, de pobreza extrema. Además, el 43% de los hablantes
de alguna lengua indígena no concluyeron la educación primaria, mientras que el
55.2% se desempeña en trabajos manuales de baja calificación.
En lo económico, en lo
social, en lo educativo, los indígenas de México continúan como seres en la
segregación y como símbolos vivientes de la profunda desigualdad que
caracteriza a la sociedad mexicana. Desigualdad impulsada ferozmente por los
gobiernos del neoliberalismo que abarca de los años 80 hasta los años de 1918.
En 2020, con base en
los resultados de la medición de la pobreza en México que realizó el
CONEVAL, alrededor de ocho de cada diez personas que declararon hablar
alguna lengua indígena se encontraba en situación de pobreza (76.8%), cifra
significativamente superior a la que presenta la población no hablante de
alguna. Las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante
la situación de desigualdad.
México firmó el
Convenio 169 de la OIT en 1990, y en 1992 el país se reconoció como una nación
pluricultural al modificarse el artículo 2 de su Constitución.
El 1 de enero del 2019,
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cumplió 25 años del inicio
de su levantamiento. Manifestó su oposición a los proyectos de infraestructura
que la administración federal tenía programados, tal como el Tren Maya o el
Corredor Transístmico. Con todo, la comandancia del EZLN rechazó un
acercamiento con el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador,
no obstante que el partido del presidente, el Movimiento de Regeneración
Nacional, se ostentaba como un movimiento de izquierda nacionalista.
De los acuerdos de paz
firmados en San Andrés Larrainzar en aquel febrero del 96, dos años después de
haber estallado la confrontación de los indígenas chiapanecos con el Ejército
Mexicano, que prácticamente duró 12 días, mientras el gobierno de Carlos
Salinas celebraba la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos de Norteamérica y Canadá, el primero de diciembre de aquel año, día en
que de manera simbólica, en rechazo, entre otras situaciones de explotación y
marginación, los insurrectos condenaban la firma del acuerdo comercial con los
otros dos países del área norteamericana.
A pesar de que, con el
levantamiento zapatista, se logró por primera vez un diálogo entre
representantes de los pueblos y comunidades indígenas, (el EZLN) con el Estado,
no se ha superado la visión que impera desde la Colonia: que las
decisiones en torno a los territorios y los pueblos indígenas se
tomen sin tomarlos en cuenta, como le parece al abogado Francisco López
Bárcenas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especialista
del Colegio de San Luis y exintegrante del Congreso Nacional
Indígena (CNI).
En la ocasión de los
diálogos de San Andrés, el Congreso de la Unión creo la Comisión de Concordia y
Pacificación (COCOPA) , integrada por legisladores del Congreso de la Unión
que, como la mayoría de los mecanismos oficiales y oficialista que se instauran
en favor de los pueblos y comunidades indígenas, la verdad es que, como lo
dicen muchos dirigentes indígenas, no ha servido para mucho en el proceso de
regeneración de las relaciones entre los pueblos indígenas y los gobiernos
federal y estatales, que no tienen como una prioridad el desarrollo con
justicia y dignidad de los indígenas.
Reuniones de la COCOPA
van y vienen y la situación de los indígenas no sólo no mejora, sino que
empeora al ritmo de que se desarrollan las tecnologías de la información.
Para este martes 31 de
enero la Cámara de Diputados convocó a la Octava Reunión Ordinaria de la
Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, cuyos trabajos no pasan de la
consabida “orden del día”, pero que de ninguna manera inciden en cambios, ni
siquiera formales, en la política oficial de cara a la regeneración de la vida
miserable que vive la mayoría de los pueblos y comunidades indígenas del país.
Las reuniones de la
COCOPA son en realidad actos para llenar el espacio correspondiente al asunto
indígena en la agenda del poder legislativo. Simplemente son para que la
historia oficial registre que diputados y senadores se ocupan del asunto
indígena, o indigenista.
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