Manifestantes en Perú.
Internet
Por Ollantay Itzamná
Quienes urdieron y
ejecutaron el derrocamiento del presidente Pedro Castillo en el Perú, el pasado
7 de diciembre, jamás imaginaron, ni calcularon, la insubordinación rural
popular en y desde los territorios empobrecidos y expoliados por el
bicentenario estado empresa republicano.
En algún momento se
comprenderá qué factores activan esta simultánea y sostenida acción colectiva
multitudinaria e inédita en la historia del país. Regularmente, incluso la
acumulación histórica de la fuerza social se activa y se aglutina alrededor de
algún líder o dirigente nuclear. En este caso, tampoco existe dicho “caudillo”.
Al parecer, uno de los
elementos aglutinadores de la insubordinación popular es la indignación ante el
dolor ocasionado por las masacres, y la agenda popular creciente que cobra
espacio en el relato político nacional: Renuncien todos, nuevas elecciones,
nueva Asamblea Constituyente, Castillo en libertad.
La destitución
antidemocrática de Pedro Castillo fue la gota que colmó la paciencia de los
sectores populares rurales quienes ya se encontraban fastidiados por las
acciones abusivas de los agentes empresariales del sistema neoliberal en
diferentes territorios en el interior del país, incluso fastidiados con la
presencia colonizadora y abusiva del mismo Estado nación peruano.
Intelectualidad limeña
rebasada por la realidad. Intelectualidad regional casi silente
Con honrosas
excepciones, la intelectualidad limeña siempre leal a los intereses del
bicentenario “proyecto del colonialismo interno” instaurado por la república
peruana. No sólo intentó instalar desde las hegemónicas instituciones
académicas la ficción del proyecto de nación peruana en el imaginario de la
clase media y sectores populares, sino expresamente intelectualizó el racismo
congénito del bicentenario Estado criollo expulsando del corpus teórico y
narrativo del Perú oficial la presencia de los pueblos de “todas las sangres”
como ciudadanos o sujetos sociopolíticos.
Ahora que reventó la
insubordinación popular, con relatos propios, esa intelectualidad limeña optó
por desprestigiar y “terruquear” incluso a quechuas y aymaras movilizados en
las calles. Y, al no poder deslegitimarlos como auténticos sujetos
sociopolíticos en el país de penumbras, ahora, simplemente mira desde el palco.
La intelectualidad
regional también se encuentra confundida en su gran mayoría en esta coyuntura
luctuosa y recargada, entre la lealtad al Estado y empresas que les paga el
sueldo y la sensibilidad ante el dolor de sus hermanos y hermanas de sangre
enlutados por el Estado criminal.
Prensa corporativa
repudiada por sectores movilizados
La prensa corporativa
asentada en Lima prácticamente fue desvestida en su racismo constitutivo por
los actores movilizados en las calles, quienes celulares en mano mostraron y
muestran en vivo todo lo que la prensa limeña ocultó o intentó ocultar.
Si el rechazo popular a
la prensa corporativa ya era creciente hasta antes de la masacre de los 50
peruanos y peruanas movilizados, ahora, ese rechazo creciente se convirtió en
repudio popular. Llegando incluso a expulsar a los reporteros corporativos de
los actos de protesta social, atacar físicamente incluso sus instalaciones o
infraestructuras, en algunos casos.
Ejército y Policía
Nacional sin autoridad, obligados a matar a sus propios familiares
Las élites políticas y
económicas del Perú, al perder el control de la conducta de la población
empobrecida (mediante la gestión de miedos y deseos), a través sus medios de
comunicación, procedieron a ejercer su “última arma” de control histórico
colonial: castigar y escarmentar a la población insubordinada mano militari. En
menos de dos meses, la presidenta usurpadora ya dictó dos o tres estados de
emergencia, con toque de queda incluido. Pero, la población movilizada, lejos
de asustarse con las masacres, incluso en horarios de toque de queda
continuaron, continúan, autoconvocándose, bloqueando caminos, ocupando espacios
y edificaciones públicas y privadas.
La población movilizada
perdió el miedo a las armas del Estado, y éste perdió autoridad incluso con el
uso del monopolio de la violencia. Actualmente las carreteras principales del
país, varios departamentos, provincias y distritos se encuentran en Estado de
Emergencia, pero los ríos de gente de todas las sangres continúan arribando a
Lima para realizar el paro nacional.
Oligarquía desesperada
La oligarquía peruana,
al no lograr construir autoridad/Estado en todo el territorio del Perú,
subsistió dos siglos de república entre el miedo a la “brutalidad de los indios
bajando de los cerros” y el ejercicio de su autoritarismo violento (castigar,
escarmentar a los indios sublevados).
Al momento, ya
castigaron y escarmentaron a los pueblos y sectores populares movilizados en
las calles, incluso ya con 50 asesinados por munición estatal, pero la “plebe”
insubordinada, lejos de asustarse o gemir, ruge con más fuerza y avanzan
directo, desde diferentes rutas del país, al mismo corazón político y económico
de la oligarquía peruana: ciudad de Lima.
Presidenta de facto no
manda, sólo espera su caída
En esta coyuntura
lúgubre y de crispación, la usurpadora Dina Boluarte, quien ya no toma ninguna
decisión en el Ejecutivo, únicamente espera el momento fatal de su caída y su
inmediato encarcelamiento por decenas de asesinados y heridos.
Quienes toman las
decisiones políticas y militares en el país son los dos ex militares colocados
estratégicamente en el poder por la oligarquía peruana: El presidente del
Consejo de Ministros y el presidente del Congreso de la República.
No hay un certero
escenario hipotético a corto plazo para el Perú enlutado entre las armas
estatales y las calles. Lo único cierto es que esta coyuntura estatal criminal
develó lo que por siglos el Estado y la peruanidad oficial intentaron ocultar:
el racismo y el autoritarismo como elementos constitutivos del Estado y de la
peruanidad bicentenaria.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario