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Por Dr. Jorge A. Lera Mejía
Se ha avanzado mucho en las
investigaciones resultantes de la reciente masacre e incineración de 19
personas, presumiblemente todas centroamericanas, con excepción de dos
mexicanos, pareciendo que estos últimos corresponden a 'coyotes' traficantes de
personas.
El evento registrado el pasado
22 de enero, cerca de los límites del municipio de Camargo, a escasos
kilómetros de Nuevo León y a 40 millas del estado de Texas, refleja una
reconocida ruta de tráfico de migrantes, ubicada en el 'Triángulo Nuevo León,
Reynosa y Nuevo Laredo'.
No se puede olvidar que esta
ruta se encuentra en una región llena de brechas y rancherías aisladas, donde
se reconoce como tierra peligrosa influenciada por bandas criminales de drogas,
armas y más recientemente, tráfico de personas.
Es sabido que el tráfico de migrantes
se ha convertido en una fuente importante de divisas, casi superando al resto
de delitos, todos englobados por delitos del 'fuero federal'.
Por lo anterior, debemos
partir que este hecho involucra directamente a las autoridades federales,
partiendo de las casi extintas 'policías federales' y la actual 'guardia
nacional', pasando por la autoridad normativa del Instituto Nacional de
Migración (INM), las que no se han señalado con suficiente atención para poder
desdoblar el problema central que inmiscuye a la masacre de Camargo, y la aún
no resuelta masacre de los 72 migrantes de San Fernando en 2010.
La existencia de grupos del
crimen en el norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, no se pueden ni deben
estudiar como un fenómeno aislado. Es sabido que los mismos operan con la venia
u omisión de las autoridades federales y algunas del orden estatal, de los tres
estados citados.
La naciente guardia nacional,
ya con dos años de existencia, no ha madurado en su operatividad y eficacia, no
sabemos si son exmilitares que solo funcionan como contención, o si operan con
funciones de inteligencia.
Este hecho, más la política de
'abrazos, no balazos' han demostrado su inoperancia, incluso observamos como el
dirigente de ese proyecto, Alfonso Durazo, lo abortó al integrarse a su
aspiración de ser gobernador del estado de Sonora, ya hace más de cuatro meses
que dejó el cargo de Secretario de Seguridad Nacional.
Este modelo de guardia
nacional se encuentra a la deriva, incluso mucho se ha mencionado que más de 20
mil guardias fueron utilizados en forma de distractores para contener las
caravanas de migrantes, desde el sureste de México hasta la frontera norte del
país, sin conocerse de ninguna acción certera que refleje una disminución de
las corrientes migratorias, como el delito reciente de la masacre de Camargo.
Peor aún, es hablar de los
agentes migratorios del INM, que ayer señaló la propia Secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que dieron de baja en forma automática, a
"decenas de agentes", sin precisar un número exacto y la ubicación de
estos, solo generalizando que muchos son agentes ubicados en Camargo.
Siguiendo con las
imprecisiones, se declaró que dichos agentes suspendidos fueron algunos
señalados al abrir carpetas de investigación ante el Ministerio Público.
Estas imprecisiones, distan de
las acciones resueltas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Tamaulipas (FGJET), que ya ubicaron, levantaron orden de aprehensión y
detuvieron a 12 policías estatales señalados como sospechosos del horrendo
crimen señalado de Camargo.
El estudio del crimen de
tráfico de personas y migrantes, es un fenómeno que no puede seguir siendo
soslayado, máxime desde que el gobierno del expresidente Donald Trump, obligó
forzadamente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a retener
en nuestra línea fronteriza, a miles de transmigrantes centroamericanos bajo la
política impuesta de 'Quédate en México', en espera de las gestiones de asilo
político, humanitario o de visas de trabajo.
Este suceso ha provocado que
más de 60 mil centroamericanos, compuesto por hombres, mujeres, niños y
familias enteras estén acampados desde hace más de un año en nuestra línea
fronteriza, desde Tijuana hasta Matamoros.
Por lo citado, podemos
imaginar los horrores de eventos y abusos que dichos migrantes sufren de manos
de los grupos citados, empeorando por las malas prácticas de las diferentes
autoridades de seguridad que aquí hemos descrito.
Este fenómeno, no debe ser
atendido de forma exclusiva de las autoridades municipales, estatales y
federales. Este complejo problema es transnacional.
No estoy de acuerdo que las
autoridades de los gobiernos de los tres países expulsores se muestren
'indignados'.
En este suceso tienen tanta
responsabilidad y deben asumir su rol los presidentes de Guatemala, El Salvador
y Honduras, junto con la responsabilidad de las autoridades norteamericanas.
Es urgente que el gobierno de
Joe Biden, cancele la lamentable política de 'Quédate en México'.
Apenas el pasado 29 de enero
leímos la opinión de este tema, cuando la nueva administración del
presidente Biden trabaja en cómo priorizar el apoyo a las personas que
permanecen bajo el programa 'Quédate en México', también conocido como
'Protocolos de Protección a Migrantes' (MPP), para que todos tengan
posibilidad de procesar su solicitud de asilo, declaró Roberta
Jacobson, asistente especial del presidente Joe Biden y Coordinadora de la
Frontera Sudoccidental.
Esto es apenas el principio de
una colaboración internacional y transnacional entre los tres países del norte
de Centroamérica, México y Estados Unidos.
Esta lamentable masacre
terminada con 19 inocentes personas incineradas será un parteaguas y una
lección que no podemos permitir que se repita. De no ser así, la lección
terminaría en complicidad e impunidad.
¡Ya Basta! de seguir abusando
de la necesidad de los migrantes que, huyendo de la violencia y falta de
oportunidades en sus países, vienen a caer en una circunstancia peor de la que
vienen huyendo...
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