· Raquel
Buenrostro Sánchez, jefa del SAT, ha sido implacable con los más grandes
evasores fiscales
· Por
ello fue enlistada por la ITR entre los 50 influencers más destacados
en política fiscal internacional
Por Francisco Gómez
Maza
Pues eso ha hecho
Raquel Buenrostro Sánchez, la cabeza ejecutiva y ejecutora del Sistema de
Administración Tributaria mexicano (SAT), tanto que la International Tax Review
(ITR) la incluyó en la lista de las 50 personalidades más influyentes del globo
terráqueo, en materia de política fiscal internacional, el llamado “Global Tax
50”.
En esa nómina ha
incluido la ITR, por mencionar dos que tres de los más conocidos influencers,
a Amy Coney Barret, jueza de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos
de Norteamérica; a Pascal Saint-Amans, jefe fiscal de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo (OCDE), y al recién inaugurado presidente de los
Estados Unidos, el demócrata Joseph Biden (Joseph Robinette Biden Jr.)
Buenrostro Sánchez fue
elegida por la ITR por su evidente intenso trabajo para recuperar miles de
millones de pesos evadidos por poderosas empresas nacionales y extranjeras, que
no enteraron sus obligaciones fiscales durante los años del capitalismo
salvaje, que imperó en la economía mexicana por alrededor de cuatro décadas.
Pagaban impuestos los
contribuyentes cautivos. Generalmente los medianos y pequeños, aunque muchos de
estos empleaban contadores mañosos que evadían el pago mediante un sinfín de
triquiñuelas o gracias a corromper a funcionarios fiscales. Y si los medianos y
pequeños no pagaban lo que debía por artimañas contables. Imagine cuantos miles
de millones evadían o eludían los llamados grandes “contribuyentes”.
Pero hubo (y aún hay)
grandes empresas comerciales, industriales, bancarias, entre otras, que le
debían (le deben) a la Hacienda pública miles de millones de pesos. Y aún la
cobranza tardía no termina. Durará años para que el SAT recupere todo lo que
muchos empresas, empresarios y políticos, no le han enterado. Más crudamente,
le han robado a la nación.
Buenrostro Sánchez,
podríamos decir, es el brazo fuerte, sin piedad, quien realiza el trabajo
sucio, del gobierno de la 4T, que no perdona ni evasiones ni elusiones
fiscales, que gobiernos anteriores perdonaban mediante corruptelas de montos
nada despreciables. Ésta podría ser una de las explicaciones de las millonarias
cuentas descubiertas por el gobierno en la banca de Mónaco.
“Como parte de
una retórica gubernamental más amplia, Buenrostro (Sánchez) ha puesto su mirada
en las empresas multinacionales, a menudo calificadas de evasores fiscales por
el Gobierno. Ha dirigido sus esfuerzos de aplicación de la ley a los grandes
contribuyentes del país y ha amenazado con utilizar cargos penales como parte
de la represión fiscal”, reseñó International Tax Review.
Walmart en México,
Coca-Cola FEMSA, IBM, grupo minero de plata Fresnillo, con muchas otras firmas
bajo un intenso escrutinio, son algunos de los evasores en la mira de
Buenrostro Sánchez. Únicamente el año pasado (2020), el Sistema de
Administración Tributario abrió alrededor de cinco denuncias por fraude fiscal
contra grandes empresas, destacó ITR.
El Servicio de
Administración Tributaria (SAT) ha recuperado 736 mil millones de pesos de
adeudos de los contribuyentes en los primeros dos años del sexenio, una
cifra que permitió al Gobierno garantizar los recursos para la atención de la
pandemia y que refleja el esfuerzo de fiscalización que organismos como Fitch y
el Fondo Monetario Internacional (FMI) han reconocido.
De lo recuperado, 43
por ciento correspondió a grandes contribuyentes; 41 por ciento a fiscalización
y comercio exterior; 6 por ciento a cobranza coactiva, y 10 por ciento a
eficiencia recaudatoria.
Durante las dos
administraciones anteriores, la de Enrique Peña y la de Felipe Calderón, se
condonaron obligaciones de grandes empresas por unos 413 mil millones de pesos.
Durante el primer bienio de López Obrador se modificó el artículo 28
Constitucional para prohibir la condonación de impuestos. Además,
para abatir la evasión y elusión fiscales, se modificó la compensación
universal y a partir del 2020 se equiparó a delincuencia organizada la
defraudación.
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