Jeannine
Añez. Detenida. Internet
Por
Ollanray Itzamná
Bastante
demorado el sistema judicial boliviano envió a la cárcel preventiva, por cuatro
meses, a la ex Senadora de Bolivia, Jeannine Añez (y a dos de sus ex
ministros), quien en noviembre del 2019, luego de participar en el Golpe de
Estado que destituyó a Evo Morales, se auto proclamó, de manera
inconstitucional, Presidenta de Bolivia, y recibió la banda presidencial de
manos de las Fuerzas Armadas.
¿Qué hizo
Jeannine Añez durante casi un año de su gobierno de facto?
A parte de
usurpar inconstitucionalmente la función de la Primera Magistratura del país, y
participar activamente en el Golpe de Estado, mediante un Decreto Supremo
liberó de responsabilidad penal a los militares que en el momento masacraban a
indígenas y campesinos movilizados contra el Golpe en los municipios de Sacaba
(Huayllani) y El Alto (Senkata). El saldo trágico fue: 37 indígenas asesinados
a bala, cuyas almas y familiares aún deambulan por las calles de Bolivia
clamando justicia.
Esta acción
delictiva de Añez fue con saña, premeditación y alevosía. Al grado que, meses
después, por presión internacional, tuvo que derogar dicho Decreto que promovía
y premiaba con la impunidad masacres contra indígenas descontentos.
Durante su
oscuro y doloroso gobierno de facto, públicamente persiguió mano militari a
toda personas boliviana o no que se oponía al gobierno de facto.
Fue un
vergonzoso y dantesco terrorismo de Estado: Ciberactivistas, dirigentes de los
movimientos sociales, representantes del MAS, defensor@s de derechos humanos,
periodistas…., fueron detenidos, encarcelados.
El gobierno
de facto activó y financió a grupos armados paraestatales como la JRC
(Cochabamba) o la UJC (Santa Cruz) que agredieron y humillaron a funcionarios
públicos electos del período del defenestrado gobierno anterior.
A los
gobiernos amigos del pueblo boliviano que intentaron ayudar en esa trágica
historia, la usurpadora Añez los maltrató expulsando a sus cuerpos diplomáticos
de Bolivia.
A éste caos
político militar que quebró la estabilidad del país se sumó la pandemia del
COVID19. Una desgracia humana que la usurpadora capitalizó, no sólo para afinar
el terrorismo de Estado, sino para restaurar la industria de la corrupción
pública como en la época republicana.
Compraron
respirados mecánicos que no eran, con sobreprecios, mientras miles de
bolivianos morían buscando respiradores. Hicieron una “masacre laboral
indígena” despidiendo a trabajadores públicos para colocar a los familiares y
parientes de los actores y promotores del Golpe en cargos públicos. Paralizaron
todos los procesos de industrialización del país, y entregaron bienes públicos
a sus allegados.
30 años de
cárcel para los verdugos no devolverá la vida a las víctimas.
Los delitos
que se le imputa a Añez, y a sus cuatro ex ministros, son: terrorismo, sedición
y conspiración. Pero, estos no son todos los delitos, ni están todos los y las
que cometieron estos delitos de lesa humanidad.
La pena
máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto. Pero, esta máxima pena,
por la magnitud de los delitos cometidos por la usurpadora, motivados por el
odio a la identidad indígena (confeso), es insignificante.
Estos
delitos de lesa humanidad deberían ser castigados con cadena perpetua para
persuadir a futuros golpistas y prevenir futuras masacres. Ojalá sea otra
motivación más para que la voluntad constituyente boliviana se reactive, y
Bolivia perfeccione su Constitución Política Plurinacional.
No es
venganza, es justicia mínima
Quienes
asumen que la justicia por las masacres de Senkata y Huayllani es venganza,
externalizan sus profundas convicciones que las y los indígenas en Bolivia y
Abya Yala no somos seres humanos. Muchos menos nos consideran sujetos del
derecho a la justicia.
Por ello,
esos verdugos tiznados de sangre, asumen que las y los sobrevivientes a sus
masacres debemos callar y aceptar sus crímenes, como aceptan y callan, con el
rabo entre las piernas, los perros castigados por sus dueños.
Venganza
fue lo que hicieron con los familiares de nuestros abuelos y abuelas que se
alzaron contra los abusos de la Colonia española y la República Criolla.
Venganza fue cuando, después de descuartizar a Túpac Amaru/Micaela Bastidas, en
Cusco, 1781, desterraron hacia el ultramar a toda la extensa descendencia ya
rendida de nuestro abuelo Túpac Amaru.
Diego
Cristobal Túpac Amaru (hermano de Túpac Amaru II), luego de firmar el Acuerdo
de Paz, se negó abandonar Tinta (Cusco) y los verdugos, asesorados por el
Obispo Moscoso, en 1783, lo descuartizaron a él y a toda su familia, e hicieron
de la zona andina un calvario infernal… Otro tanto hicieron con Túpac Katari,
Zárate Willka… quisieron hacer lo mismo con Evo Morales… pero no pudieron.
¡Cuántas
evidencias más necesitamos! Esos seudocriollos y misticillos sanguinarios jamás
nos aceptarán como humanos. En consecuencia, sino es ahora, mañana, nos
masacrarán nuevamente. Seguirán humillándonos en nuestras propias tierras,
protegidos con las biblias, cruces y gargantas de sus curas y obispos criminales.
¿Qué nos
queda? ¡Hacer justicia! Por justicia debemos sacar, expulsar a todos los y las
golpistas de Bolivia, devolver a los pueblos los bienes y patrimonios mal
habidos que éstos acumularon.
Los pueblos
indígenas y campesinos, esta vez, no podemos, ni debemos esperar pasivos a que
la “justicia ordinaria criolla” haga justicia. Eso ya hemos esperado por más de
cinco siglos. Debemos actuar, ahora, si acaso mañana no queremos que nuestros
hijos sigan lamentando como, hoy, lo hacemos nosotros por las “autoderrotas” de
nuestros abuelos.
Las y los
golpistas, incluyendo sus comunicadores, sus religiosos, sus ONG, quieren
conocer lo que es venganza, pues, debemos mostrarles lo que por justicia
aritmética les corresponde. No sólo cárcel. Les corresponde el destierro, si no
quieren morir en la cárcel. Esto es una mínima expresión de la voluntad
soberana consciente de los pueblos que buscan procesos de cambios profundos en
esta Abya Yala borracha con el aroma de sangre indígena fermentada en la
impunidad.
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