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La tragedia del Hogar
Seguro Virgen de la Asunción fue un crimen de Estado.
Repasar la historia es
el mejor modo de aprender y tomar conciencia.
Por Carolína Vásquez
Araya
El Día Internacional de
la Mujer, fecha simbólica para reflexionar sobre la violencia contra las
mujeres, fue marcada hace cuatro años con la terrible muerte y graves lesiones
sufridas por 56 niñas y adolescentes recluidas en el Hogar Seguro Virgen de la
Asunción, en Guatemala. Durante el tiempo transcurrido desde esa fecha, las
autoridades de ese país han eludido toda responsabilidad por el trágico suceso
y tampoco su sistema de justicia ha dado respuesta pronta y cumplida a los
reclamos de organizaciones de la sociedad civil y de los familiares de las
víctimas.
Las adolescentes
calcinadas en el incendio que puso en evidencia los sórdidos entretelones de
ese hogar y los turbios negocios allí realizados no solo sufrieron una muerte
atroz; también la sociedad, conservadora y proclive a juzgar de manera
superficial a los menos afortunados, terminó de victimizarlas calificándolas de
delincuentes y revoltosas, cargándoles sin el menor titubeo el peso de la culpa
por los eventos de ese día y obviando la historia personal de cada una de
ellas. Durante estos años, sin embargo, han sido periodistas conscientes y
comprometidos con la búsqueda de la verdad quienes han realizado exhaustivas
investigaciones y dado seguimiento a los casos, con el fin de desvelar la
oscura historia detrás de esos auténticos centros de tortura y trata de
personas en que se han transformado los establecimientos administrados por el
Estado. La serie de reportajes realizados por Mariela Castañón ya había puesto
en evidencia las condiciones infrahumanas en esos centros.
Es muy del caso
insistir en la verdadera naturaleza de la acción política en una nación. Porque
la manera como se ha prostituido la actividad política y cómo los centros de
poder se han vendido al mejor postor, cada día aleja a los gobernantes de
metas, fundamentos éticos y mandatos constitucionales. El abandono en el cual
se encuentran grandes sectores de la ciudadanía –mujeres, niñas, niños,
adolescentes y adultos mayores- demuestra a las claras la degradación de la
actividad gubernamental y pone de manifiesto el peligro que amenaza a nuestras
débiles democracias. A este cuadro de carencias y malos manejos se suman los
efectos devastadores de una pandemia mal manejada y, muy probablemente,
utilizada como palanca para establecer dictaduras y normativas de carácter
discriminatorio.
Este Día Internacional
de la Mujer nos recuerda la importancia de mantener una estrecha vigilancia
sobre los gobiernos y sus decisiones; el retroceso actual en el goce de
derechos civiles debido a nuevas normas de conducta frente a la pandemia, tiene
un especial impacto en los grupos mencionados, especialmente en los derechos de
las mujeres y la niñez, las principales víctimas ante cualquier transtorno del
escenario social. Los gobiernos tienen la absoluta obligación de orientar sus
planes y propuestas hacia el bienestar y la prosperidad de sus habitantes y,
muy especialmente, atender las necesidades de los sectores más
vulnerables.
Asimismo, quienes
ostentan altas posiciones en los tres principales poderes de un Estado son
responsables directos por los actos cometidos por quienes se desempeñan en sus
distintas instancias. Por lo tanto, la seguridad y la vida de sus habitantes
recae directamente sobre sus hombros y están obligados a responder ante la
ciudadanía cuando han traicionado su misión. Este 8 de marzo es una fecha para
jamás olvidar; es el día señalado para volver la mirada hacia las 56 niñas
guatemaltecas víctimas de un Estado fracturado, cooptado por las mafias y en
inminente peligro de convertirse en el vivo ejemplo de país fracasado.
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