Decidir sobre la propia salud es un acto de libertad y debe ser respetado.
El acceso a información
confiable sobre medidas sanitarias, es un derecho.
Por Carolína Vásquez
Araya
Desde los centros de
poder político, económico y mediático nos intentan convencer de que las medidas
de contención para frenar la pandemia, son las adecuadas. No dan razones, pero
la ciudadanía observa con justificada desconfianza cómo estas estrategias se
aplican de manera aleatoria y muchas veces en contradicción con el más
elemental sentido común. Algo parecido sucede con la efectividad de las vacunas
las cuales, todavía en proceso de investigación, ya se distribuyen masivamente.
Cuando alguien expresa
dudas a partir de información divulgada por medios de comunicación y redes
sociales –algunas veces desde fuentes no confiables, pero también desde la
opinión calificada de científicos reconocidos por su trayectoria- de inmediato
surge la reacción adversa para calificar estas reflexiones como “teorías
conspiracionistas” de quienes no aceptan como válidas las explicaciones sobre
la seguridad de estos recursos inmunitarios. A lo largo de la historia, ha sido
innegable la efectividad y aporte de las vacunas que han pasado por procesos de
investigación profundos y de larga data, cuyos resultados han constituido un
aporte esencial a la salud pública desde cuando fueron descubiertas. Pero
durante esta pandemia, también es una realidad que el proceso de elaboración ha
sido demasiado breve y todavía sujeto a ensayos. De ahí la resistencia de
personal sanitario, sobre todo en países de primer mundo, presumiblemente bien
informados y con experiencia en su campo, a aceptar las nuevas vacunas y su
inoculación masiva.
La vida y la salud de
la población mundial están en juego y, desde su escaso conocimiento sobre el
tema sanitario, esta observa cómo a pesar de las medidas de confinamiento que
van y vienen sin razones explícitas, los casos aumentan y también los decesos.
Los gobiernos, especialmente de nuestros países tercermundistas, han convertido
el tema de vacunas en una herramienta de negociación política y privilegios,
dejando por un lado su enorme responsabilidad hacia la población a la cual
están obligados a servir y responder. A eso se suma la falta de campañas de
información para explicar de manera sencilla cuáles son las características,
riesgos y condiciones de las vacunas, con el objetivo de facilitar una toma de
decisión consciente por parte de la ciudadanía.
En este sentido, las
grandes multinacionales farmacéuticas tienen la obligación de compartir
información confiable –a pesar de su dudosa reputación como gigantes
industriales de ética flexible- y abstenerse de participar en actos de
corrupción con algunos gobiernos cuyas claras intenciones van hacia convertir
las vacunas en un negocio próspero y privado, condenando a los más pobres a un
destino incierto. Si la vacunación es la respuesta más razonable para
consolidar la inmunidad de rebaño y detener esta emergencia sanitaria que ya
dura más de un año, entonces debe ejecutarse bajo la consigna del derecho a la
salud, suscrita en todos los textos constitucionales, así como a la información
responsable sobre riesgos y beneficios.
Para imponer este
derecho sin excepciones, será necesaria la participación activa de las
organizaciones ciudadanas y del ámbito sanitario, con el propósito de evitar lo
que ya se perpetra, que es una grotesca manipulación en la información,
distribución y aplicación de las vacunas, transformadas en instrumentos de
proselitismo y discriminación. Oponerse a ello no es conspiración, sino un
elemental ejercicio ciudadano.
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