Dr. Jorge A. Lera Mejía
Ante la nueva crisis
migratoria, en una segunda ola antiinmigrante, ahora provocada por presiones
del gobierno de Joe Biden, paralela a las anteriores presiones de contención
migratoria en la era de Donald Trump, en la frontera sur de Chiapas con
Guatemala, con epicentro en Tapachula, se registra una nueva etapa de
militarización y una apertura de redadas contra transmigrantes que se preparan
para sus andanzas hacia el interior de México rumbo a su sueño americano.
Por el desdoblamiento
de nuevas caravanas o éxodos, la multiplicación de grandes grupos de migrantes,
tanto de Centroamérica como de Cuba, Haití, Asía y África, la administración
del gobierno norteamericano solicitó contener esta desbocada nueva ola de
aspirantes de visas humanitarias, dando clara muestra que las justificaciones
de cualquier ciudadano de esos países expulsores quieran y exijan derecho de
paso por territorio mexicano con la explicación simple que en sus países no disponen
de trabajos decentes, pobreza, inseguridad, amenazas inminentes, etcétera, sin
embargo estas oleadas cada día son más insultantes, quizás motivadas por la
pandemia del Covid-19, pero no se puede seguir con una política de puertas
abiertas por parte del gobierno mexicano.
Observando los vídeos
de los grupos migrantes, el común denominador es que los mismos deambulan sin
medidas sanitarias, no cumplen la sana distancia, sin utilizar cubrebocas menos
gel esterilizador, lo que a la par del hacinamiento de dichos grupos se
registran cada vez con más frecuencia grandes filas de 'menores no
acompañados', mujeres solas muchas en estado de embarazo, adultos mayores,
entre otras muestras de anarquía migrante.
Las recientes
presiones, obligaron al gobierno mexicano desde principios del mes de marzo,
para desplegar más de 9 mil soldados integrantes de la Guardia Nacional (GN),
además de más de 2 mil agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
Por lo aquí citado,
desde el 20 de marzo se empezaron a notar que los mencionados grupos de los
elementos del INM y la GN iniciaron desde ese día con fuertes operativos
logrando la detención de un promedio diario desde 50 a 100 migrantes que no
pueden acreditar su estancia legal en México.
Fuentes oficiales del
INM, reconocen que es el inicio de estas redadas, las cuales se dejaron de
hacer desde el año pasado debido a la pandemia de Covid-19. Además, se prevén
nuevas caravanas migrantes desde la ciudad de Sula Honduras, a la par que
intereses de grupos de traficantes de personas están provocando e induciendo
estos fenómenos migratorios.
A nivel nacional en
general, y las zonas fronterizas del norte y sur del país, se han reportado en
los últimos meses el incremento de la llegada de migrantes que han ingresado al
país a través de rutas clandestinas, burlando incluso los dos filtros
principales ubicados por la GN y el INM en la rivera del río Suchiate y en la
zona de Tuxtla Chico.
Sin embargo, los
agentes migratorios permiten la estancia de muchos que se aglutinan en el parque
central de Tapachula, porque cuentan con permisos de la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados (COMAR) para permanecer en el país.
Esto nos indica que
existen dos fuerzas encontradas, por una parte, las oficialistas
gubernamentales mexicanas y norteamericanas, por la otra, los intereses de los
grupos de Organizaciones no Gubernamentales y de la ONU.
En nombre del respeto
de los derechos humanos de migrantes y sus derechos de libertad de tránsito
obliga a revisar los fenómenos migratorios que a nombre de la pobreza y la
violencia cada día se ven rebasados.
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