Pese al desconocimiento general sobre los entresijos de la justicia, esta compete a todos.
El sistema
de administración de justicia es garante de la democracia.
Por Carolína
Vásquez Araya
Es probable
que, al pasar frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia, menos del uno
por ciento de los transeúntes conozca a cabalidad lo que se cocina ahí adentro.
La población, al no haber recibido una instrucción profunda en educación cívica
–la mayoría ni siquiera conoce el texto de la Constitución- carece de los
elementos necesarios para analizar y reflexionar sobre la trascendencia de una
elección de magistrados. Tampoco conoce el impacto que esas elecciones tienen
para su vida, su futuro y la integridad del sistema democrático. Es decir, lo
ignora todo.
Ignora, por
ejemplo, que un evento aparentemente tan lejano y abstracto como una elección
de integrantes a las Cortes sea capaz de afectar de manera decisiva su futuro
personal, el de su familia y el de su país. Que depender de la decisión de
instituciones dominadas por organizaciones vinculadas al crimen organizado
–tales como los organismos ejecutivo y legislativo- es una de las más graves
amenazas a los derechos humanos consagrados por la Constitución y las leyes
internacionales. Se preguntará por qué… Muy sencillo: de las Cortes depende la
idoneidad de los jueces que, en algún momento de su vida, tomarán decisiones
tan cercanas a usted, en resoluciones sobre violencia doméstica, violaciones
sexuales, migración, protección de la niñez, pensiones alimenticias, divorcios
o división de bienes mancomunados y mil y un asuntos de diferente magnitud. Es
decir, prácticamente entran a su hogar y le afectan de manera directa.
Pero eso no
es todo. De jueces y magistrados dependerá, en última instancia, la protección
de la riqueza nacional y la posibilidad de conservar el régimen democrático.
Unas Cortes sólidamente fincadas en la ética, la transparencia y la honestidad
son el parapeto contra el cual se estrella la corrupción de los políticos de
turno y la codicia del sector empresarial organizado. Para ello, los procesos
de selección de candidatos deben ser públicos, abiertos, transparentes y al
alcance de la lupa de una ciudadanía consciente y enterada de sus
detalles.
En el
proceso desarrollado actualmente para la elección de magistrados en Guatemala,
por ejemplo, es fácil ver cómo el cáncer ha invadido todos los espacios y pudre
desde adentro a las más importantes instituciones del Estado. Individuos
vinculados al narcotráfico y, por ende, poseedores de un caudal incalculable de
recursos económicos, compran el voto de legisladores, abogados y miembros de la
academia en una especie de circo público, sin provocar la indispensable
reacción de la ciudadanía para frenar semejante disparate.
Como en un
espectáculo surrealista, desfilan por la pasarela ante las Cortes los
delincuentes más connotados: aquellos cuyas acciones han destruido con
precisión quirúrgica los restos del estado de Derecho y se han apoderado de una
institucionalidad ya debilitada por décadas de abusos de poder. El sistema de
administración de justicia es un recurso de inmenso valor para proteger los
derechos de la ciudadanía. Entregarlo a las organizaciones criminales es un
suicidio nacional y hay que detenerlo. La fila de personajes oscuros frente a
las puertas de la Corte esperando conseguir el pase para obtener impunidad y
poder sobre los destinos del país, no deja resquicio a la duda. Están ahí para
transformar la ley en una herramienta de enriquecimiento ilícito, en una llave
maestra para proteger a sus cómplices y a las más peligrosas organizaciones
criminales del continente y para dejar claro que en Guatemala los poderes del
Estado les pertenecen. Ahora ya sabe. De usted depende.
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