· Ya formalmente preso en Málaga
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Por Francisco Gómez Maza
Es
un derecho de todo perseguido por la ley ser calificado de presunto porque,
pese a los cargos que le imputa el Ministerio Público, el juez aún no lo
condena.
Y
aunque el Fiscal tenga pruebas suficientes de culpabilidad, en este espacio
llamaremos al detenido, y ya formalmente preso, “el presunto” porque, de
acuerdo con el espíritu de la Lex, es inocente mientras no se le pruebe lo
contrario. Aunque algo debe de haber, ya que el juez español lo dejó
encarcelado.”
Sea
lo que dijere el Legis Spiritum, el “presunto”, gran amigo de Enrique Peña
Nieto, presunto beneficiario de la presunta corrupción, ya está en chirola, y
se puede llevar entre la carpeta de investigación del fiscal Alejandro Gertz
Manero, a sus amigos, encabezados por el otrora hijo predilecto de Atlacomulco.
Javier Coello Trejo (su abogado defensor) dijo: “Emilio Lozoya no se manejaba
solo”.
El
juez español dictó este jueves 13 de febrero, prisión preventiva o provisional,
como dice la justicia española, sin fianza para Lozoya, mientras se desarrolla
el proceso de extradición a México para juzgarle por el delito de operaciones
con recursos de procedencia ilícita. Según el auto del magistrado, se tomó esta
decisión porque existe “fundado riesgo de fuga” puesto que Lozoya no tiene
“arraigo laboral o de domicilio en España”.
Lozoya
es el exfuncionario de mayor impacto político, detenido por corrupción, desde
que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de México y asumió el poder
gubernamental, hace un año y dos meses.
El
exdirector de la petrolera mexicana fue capturado el miércoles 12 de febrero,
cerca de un residencial de Málaga, en el sur de España, cuando iba en un taxi
con una licencia de conducir mexicana con su foto, pero con otro nombre
-Jonathan Solís Fuentes-, “de lo que se desprende una intención de sustraerse a
la acción de la justicia”, indicó el juez, de acuerdo con la versión de la agencia
estadounidense Associated Press, con la colaboración de la periodista Ciaran
Giles.
Lozoya
Austin debió de haber arribado a España dos días antes del día de su detención
por policías españoles, aunque desde mayo del año pasado se le buscaba por toda
Europa.
Ya
en el gobierno de la actual administración morenista, un juez emitió órdenes de
aprehensión en su contra, una de ellas por estar vinculado al caso Odebrecht,
la red de sobornos con la que esta constructora brasileña se garantizaba
contratos en América Latina mediante millonarios sobornos a funcionarios
públicos, y otra orden de aprehensión por la venta de una planta chatarra de
fertilizantes a Pemex a un precio inflado.
El
gobierno español, citando a la fiscalía mexicana, dijo el miércoles que el
total defraudado por Lozoya se estima en 280 millones de dólares.
La
detención del ex funcionario peñista es vista, en los círculos de opinión, como
un claro éxito para el gobierno de López Obrador, quien garantizó que se “debe
ir hasta el fondo”, en este caso, para que rindan cuentas todos los que
resulten responsables. “No hay protección para nadie”, advirtió el
tabasqueño.
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