Por la Presidencia de la Republica de México
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos a informar sobre la
solicitud que se va a presentar de conformidad con la ley el día de hoy al
Senado de la República, vamos a firmar este escrito. Lo vamos a entregar, por
eso me acompaña el consejero jurídico Julio Scherer Ibarra; se va a entregar
hoy a las 11:00 de la mañana al Senado, vamos a entregar este documento.
Me informa el consejero jurídico que ya
estableció comunicación con los representantes del Senado, tanto con el
presidente del Senado como con Ricardo Monreal, que es el coordinador de los
grupos parlamentarios en el Senado y van a recibir este escrito.
Quiero comentarles que es muy
satisfactorio el que un grupo de ciudadanos haya tomado también la iniciativa
de recoger las firmas para solicitar esta consulta. La información que tengo es
que sí van hoy a tener las firmas que se requieren, que ya están ordenando las
firmas y que ya van cerca de dos millones de firmas de ciudadanos.
De todas formas, porque hoy vence el
plazo, consideré importante presentar también este escrito para tener más
seguridad sobre la solicitud de la realización de una consulta a todos los
ciudadanos.
Voy, antes de firmar el documento, lo
voy a leer para que se pueda conocer lo más ampliamente posible. Lo van a poner
en pantalla, pero lo voy leyendo aquí.
‘A las y los senadores del Honorable
Congreso de la Unión presentes.
‘El suscrito, Andrés Manuel López
Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la
facultad que me confiere la Ley Federal de Consulta Popular, en su capítulo II,
artículo 12, fracción 1ª, presento formalmente a ustedes la siguiente petición
de consulta popular para la jornada electoral que habrá de celebrarse el
domingo 6 de junio de 2021 o en la fecha que establece el recién reformado
artículo 35 de la Constitución, a fin de preguntar al pueblo de México sobre el
asunto de trascendencia nacional que se describe y fundamenta en la siguiente
exposición de motivos.
‘Primero. Entre el 1º de diciembre de
1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la
concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario,
privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos
electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un
crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación
masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del
Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional. Esa etapa gráfica
de la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista.
‘Segundo, los males señalados en el
párrafo anterior no ocurrieron de manera fortuita, sino que fueron consecuencia
de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo político y económico
elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular.
‘Las más altas esferas del poder público
y específicamente quienes ejercieron la titularidad del Poder Ejecutivo dieron
fe en innumerables ocasiones, tanto de palabra como en los hechos, de su
adhesión a las políticas privatizadoras, su determinación de privilegiar a los
grandes poderes económicos y de su empecinamiento en estrategias de seguridad
violentas, inhumanas y contraproducentes.
‘En suma, los desastres humanos,
sociales y nacionales sufridos por el país durante esos 30 años fueron
resultado de una suma de actos voluntarios irracionales por parte de quienes lo
gobernaron en ese lapso.
‘Tercero. El neoliberalismo gobernante
se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas; en decenas de miles
de desapariciones; en la conculcación de derechos políticos y sociales; en el
crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la marginación, la informalidad y la
descomposición social; en el deterioro sostenido de los sistemas públicos de
salud y educación; en la desprotección de millones de jóvenes y adultos
mayores; en el acoso depredador en contra de las comunidades indígenas; en un
pronunciado deterioro de las instituciones; en la pérdida de soberanía y en la
devastación de las industrias petrolera y eléctrica, entre otras consecuencias
graves.
‘Cuarto. La desigualdad en México se
profundizó precisamente durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Según
cifras del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, OCDE, fue en el sexenio de Carlos de Salinas de Gortari
cuando crecieron más en nuestro país las diferencias económicas y sociales
entre ricos y pobres, y no es casual que, al mismo tiempo, se entregó a
particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedentes de bienes
públicos.
‘Un dato. En julio de 1988, cuando
Salinas fue impuesto mediante un fraude electoral, en la lista de la revista Forbes,
en la cual figuran las personas más ricas del mundo, sólo aparecía una familia
mexicana, la de los Garza Sada, con dos mil millones de dólares; pero al
finalizar aquel sexenio ya estaban incorporados a ese listado otros 24 mexicanos
que poseían en conjunto más de 44 mil millones de dólares. Casi todos ellos
habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos que antes eran propiedad
de los mexicanos. Luego de estar colocado, en 1988, en el lugar 26 entre los
países del mundo con más multimillonarios, en 1994 México escaló al cuarto
sitio, sólo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania.
‘Quinto. El presidente Ernesto Zedillo
continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta sus
últimas consecuencias. Privatizó bienes nacionales como los ferrocarriles, pero
además adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de
552 mil millones de pesos en el marco del llamado rescate bancario de 1998. A
la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por
bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca de dos billones y no
terminará de saldarse sino hasta el año 2070.
‘Sexto. Vicente Fox Quesada llegó a Los
Pinos como resultado del anhelo social del alcanzar la democracia y la
alternancia; sin embargo, cuando se acercaba el final de su gestión intervino
indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de
la oposición.
‘Tal intromisión no sólo fue reconocida
en el fallo con el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación legalizó el turbio proceso electoral de 2006, sino que el propio
Fox, quien, al año siguiente en una entrevista con Telemundo, admitió,
cito, ‘que era importante detener a López Obrador’ y en 2010 se jactó, cito, ‘de
haber cargado los dados del proceso electoral. De esa forma traicionó el
mandato democrático al que se debía y los principios mismos de la democracia.
‘Séptimo. Desde el inicio de su sexenio,
Felipe Calderón Hinojosa embarcó al país en una estrategia militar
supuestamente orientada a combatir el narcotráfico, que exacerbó la violencia y
multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas
delictivas pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal política
habría de resultar contraproducente y terriblemente costosa para México.
‘Lo más grave´: colaboradores suyos y
periodistas independientes le señalaron los indicios de que su secretario de
Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del
narcotráfico, pero el gobernante no hizo absolutamente nada. A la luz de la
detección y el enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de
Calderón sólo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o
de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada.
‘Octavo. La irrupción de grandes
cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial de
Enrique Peña Nieto fue señalada desde 2012, sin que ello tuviera consecuencias
legales o llevará al Tribunal Electoral a anular la elección, como en ese
tiempo desde la oposición formalmente lo exigimos.
‘Sin embargo, declaraciones recientes de
Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex durante el sexenio de Peña
Nieto, han permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos
anticipados de la empresa Odebrecht.
‘Por otra parte, los señalamientos de
Lozoya apuntan a la presunta complicidad de Peña Nieto en las cuantiosas sumas
de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener los votos y la
aprobación de la llamada Reforma Energética, así como en la compra fraudulenta
de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, operación que causó al erario
un quebranto superior a 200 millones de dólares.
‘Noveno. Los hechos referidos en los
párrafos anteriores, más muchas otras calamidades no relatadas en aras de la
brevedad, generaron una creciente e inocultable indignación que desembocó en
múltiples exigencias de justicia en sectores ampliamente mayoritarios de la
sociedad mexicana. Tales exigencias se toparon con una diversidad de mecanismos
de encubrimiento e impunidad; con adulteración de disposiciones legales; con
las componendas de los partidos subordinados al régimen; con el silencio
cómplice de la mayoría de los medios de información, nacionales y extranjeros;
con acuerdos tácitos de protección entre los presidentes salientes y los
entrantes, y con aparatos de procuración de justicia puestos al servicio de los
propios gobernantes.
‘Décimo. Desde el primer día de mi
gobierno se han incrementado las peticiones populares de esclarecimiento y
justicia para las acciones presuntamente delictivas que posiblemente cometieron
los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León,
Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en el
ejercicio del cargo.
‘No obstante, el masivo clamor de
justicia se enfrenta a zonas grises del marco legal, como las limitaciones que
establece el artículo 108 constitucional -en curso de modificación- para actuar
penalmente en contra de un presidente en funciones o como la consideración de
delitos imprescriptibles que los mencionados habrían cometido o habrían podido
cometer en el ejercicio de la presidencia.
‘Undécimo. El país se encuentra, en este
punto, en una situación en la que una demanda social mayoritaria carece de un
cauce institucional nítido y de una vía clara de expresión en las leyes
vigentes en las que es ineludible que el Estado emprenda un proceso de
esclarecimiento a este respecto.
‘En mi calidad de presidente de la República
considero necesario avanzar en el discernimiento de este punto sin
estridencias, con responsabilidad, pero anteponiendo en todo momento el
predominio de la voluntad popular y el respeto irrestricto de la legalidad.
‘Duodécimo. Independientemente del curso
que tomen las acciones legales en los procesos en contra de diversos
exfuncionarios, tanto en México como en el extranjero, la decisión de si debe
esclarecerse en términos legales la actuación de los cinco expresidentes
referidos ha de considerarse un tema de trascendencia nacional y que, por su
proyección histórica y sus implicaciones políticas, amerita ser puesto a la
consideración de la ciudadanía en un espíritu de democracia participativa.
‘Es pertinente señalar que no es esta la
primera ocasión en la que promuevo tales ejercicios. Se han realizado con
respecto a la construcción del aeropuerto en Texcoco, la planta eléctrica de
Huexca, Morelos, la cervecera de Mexicali y el Tren Maya, y he promovido la
inclusión en la carta magna de las consultas regulares de revocación de
mandato.
‘Décimo tercero. En mi toma de posesión,
consciente de la relevancia y las implicaciones de juzgar penalmente a quienes
ejercieron la presidencia, propuse la realización de una consulta popular como
un paso necesario para resolver sobre este delicado asunto.
‘Si el pueblo da su aprobación, las
instituciones responsables de desahogar las potenciales acusaciones tendrán un
enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad. Si rechaza la
propuesta el pueblo de México, nadie podrá acusar a esas instituciones de
encubrir o solapar conductas ilegales.
‘En lo personal, reafirmo la postura que
he sostenido siempre sobre este tema en el sentido de que, en el terreno de la
justicia, se puede castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es
evitar los delitos del porvenir.
‘He dicho y reitero que yo votaría por
no someter a los expresidentes a proceso; sin embargo, de realizarse la
consulta respetaré el fallo popular sea cual sea, porque en la democracia el
pueblo decide y por convicción me he propuesto mandar obedeciendo. En otras
palabras, nunca traicionaré la confianza del pueblo y no seré cómplice de la
impunidad ni voy a ser tapadera de acciones turbias del pasado, pero tampoco
pretendo impulsar represalias contra nadie, porque, como le he afirmado en
numerosas ocasiones, no es mi fuerte la venganza.
‘Décimo cuarto. El ejercicio de la
consulta popular sobre la viabilidad de iniciar procesos legales en contra de
los expresidentes es, en sí mismo, un precedente necesario para prevenir la
repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y un deslinde con
respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos
neoliberales; una forma de despejar la ambigüedad legal que ha imperado sobre
las responsabilidades de la figura presidencial y una reafirmación del
principio de soberanía popular contenido en el artículo 39 de nuestra
Constitución Política.
‘Décimo quinto. La presente petición no
contraviene la limitación establecida en el numeral III, fracción 8ª del
artículo 35 constitucional en el sentido, cito textualmente de que ‘no podrán
ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos
reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que
el Estado mexicano sea parte y las garantías para su protección.
‘No es así por cuanto la consulta
solicitada tiene el propósito central de llevar a un cauce legal, claro, un
asunto de interés general y trascendencia nacional, y posibilitar, en su caso,
juicios apegados a derecho y respetuosos del debido proceso; por el contrario,
la consulta popular pedida reafirma el derecho a participar en los asuntos
públicos estipulado en el artículo 25 del pacto internacional de los derechos
civiles y políticos, y el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
y reafirma el derecho a la justicia plasmado en el artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
‘Décimo sexto. El tema que motiva la
presente petición de consulta popular repercute en todo el territorio nacional
e involucra al conjunto de la población en términos del artículo 6 de la Ley
Federal de Consulta Popular, al estar involucrados sus intereses e
instituciones, y dado que los hechos que la originan revisten por sí mismos una
importancia y gravedad tal que es preciso someterlos a este mecanismo de
participación ciudadana.
‘En consecuencia y en cumplimiento a la
fracción III del artículo 21 de la Ley Federal de Consulta Popular propongo la
siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes,
con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso,
sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos
Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe
Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus
respectivas gestiones?
‘Por lo aquí expuesto, solicito
respetuosamente a ustedes:
‘Primero, tener por aceptado en tiempo y
forma el presente escrito.
‘Segundo. Dar cuenta de la presente
petición de consulta popular y turnarla a la Comisión de Gobernación y, en su
caso, a las comisiones que correspondan para su análisis, dictamen y
cumplimiento de las etapas procesales correspondientes con fundamento en los
dispuesto por la fracción 1ª del artículo 27 de la Ley Federal de Consulta
Popular y demás disposiciones aplicables.
‘Palacio Nacional, Ciudad de México, 15
de septiembre de 2020.’
Voy a firmar. El documento lo entrega
hoy el consejero jurídico, como ya dije, al Senado.
(FIRMA DE SOLICITUD)
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