· Cisen perredista descubierto en pleno centro histórico
· El trabajo de las
autoridades es investigar: Mancera
Por: Francisco Gómez
Maza
Espiar a la oposición
fue eficaz instrumento de los gobiernos revolucionarios para deshacerse, a como
diera lugar, de los adversarios marcados con el sello de subversivos, “un
peligro” para la seguridad del Estado de pensamiento único. Es más, “un peligro
para México”.
La dictadura perfecta
del PRI, que no dejaba títere con cabeza entre quienes sus censores
consideraban subversivos.
Es incalculable el
número de desaparecidos y ejecutados sobre todo en los años más perversos de la
“Guerra Sucia”. Las fuerzas de seguridad arrasaban con todo lo que oliera a
subversión. Se salvaban los opositores de la derecha panista.
El estado de Guerrero
fue escenario de una persecución infame de opositores de izquierda, de
integrantes de las guerrillas de los profesores Jenaro Vázquez Rojas y Lucio
Cabañas.
Las aguas del mar
pacífico son testigos de la desaparición, por ahogamiento, de cientos de
opositores, muchos del incipiente Partido de la Revolución Democrática, que al
final se hizo cómplice del sistema priista.
En esa era de la
dictadura perfecta en la que campeaba el sofisma de “Revolución y Justicia
Social”, escrito en los portales de todas las oficinas del PRI en la República,
el gobierno federal y, por ende, los gobiernos de los estados de la Federación
se sostenían, en gran parte, por el mercado de la encarcelación, de la
desaparición y de la muerte.
El medio: el espionaje
de la policía política. Muchos opositores, periodistas, intelectuales,
políticos, sacerdotes católicos, obispos, entre muchos otros, fueron víctimas
de la Dirección Federal de Seguridad y del Cisen, que mantenías estrecha
vigilancia como un Big Brother orwelliano.
Pero esta política de
controlar los movimientos de la supuesta oposición no terminó con la debacle
del sistema de partido único. Algunos opositores aprehendieron muy bien los
modos de la dictadura perfecta.
La Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México anunció la semana pasada que sus sabuesos van
sobre una presunta red de espionaje establecida durante el gobierno del
perredista Miguel Ángel Mancera.
La jefa de Gobierno de
la Ciudad, doctora Claudia Sheinbaum, dijo esperar que los “dogwatches” de la
fiscalía, que comanda Ernestina Godoy, se llegue “hasta las últimas
consecuencias” porque, según dijo, el problema no es sólo “la ilegalidad de
estas actividades, sino que eran con recursos públicos”.
“El problema es la
corrupción, más allá del propio espionaje”, agregó.
Ya saben, por
supuesto, que fue el llamado colectivo Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad, la entidad que acaba de divulgar un trabajo para denunciar que,
durante la administración de Mancera (2012-2018) fueron espiados 119 políticos,
académicos y funcionarios públicos, incluyendo al actual presidente, Andrés
Manuel López Obrador, y a la propia doctora Sheinbaum.
Inclusive, el trabajo
mencionado da detalles: la labor de espionaje se realizaba desde un edificio
del centro de la ciudad, cuyas instalaciones fueron desmanteladas antes del
cambio de gobierno; es decir, para el arribo a palacio de gobierno de la
administración morenista.
Las autoridades de
procuración de justicia han tomado ya declaración a una treintena personas y
realizan el análisis forense de diversos equipos de cómputo y archivos.
Mexicanos contra la
Corrupción dijo que cuando solicitaron el comentario de Mancera, el ex jefe de
gobierno se limitó a contestar que el trabajo de las autoridades de la Ciudad
de México es investigar.
Mientras son peras o
manzanas, habrá que cuidarse hasta de la propia sombra.
¿Sabía usted que,
mediante su teléfono móvil, usted está a expensas de quienes quieran saber
hasta qué hace usted en su recámara? Y que, si lleva su aparatito encendido, no
va solo, sino que muchos ojos lo van vigilando.
A DESFONDO:
La mañana de este
jueves fue filtrado – no, no se filtró – que ya existe un proyecto, a cargo del magistrado Luis
María Aguilar Morales, cuya resolución es en sentido negativo, lo que significa
que se declarará inconstitucional la consulta popular en torno al
enjuiciamiento de los ex presidentes de la república, de Carlos Salinas de
Gortari a Enrique Peña.
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