Intentamos ignorar una realidad que, a cada vuelta del reloj, estalla en la cara…
El
desarrollo depende de justicia para todos, privilegios para ninguno.
Por Carolína Vásquez Araya
Vale preguntarse cuál es el afán de mantener la lucha, si no
parece dar frutos concretos. Lo que para unos es un esfuerzo psicológico e
intelectual poner en argumentos razonados la pertinencia de combatir la
violencia contra la mujer y la niñez, para otros es arremeter contra un muro de
estereotipos, prejuicios y costumbres arraigadas desde los estamentos más
antiguos: religión y política. La frustración es constante. Cada día, millones
de niñas y mujeres alrededor del mundo experimentan la realidad de ser
ciudadanas de segunda, sin acceso a la libertad ni a la justicia.
Es pertinente preguntarse, por lo tanto, de qué han servido
tratados y convenciones destinados a proteger los derechos de este sector, si
todavía los países firmantes de esos textos de buenas intenciones –verdaderos
poemas cargados de fantasía- son exportadores de esclavas para explotación en
redes de trata, y sus sistemas de seguridad y justicia son incapaces de actuar
en defensa de niñas y mujeres agredidas, asesinadas o desaparecidas. Las
espeluznantes cifras, especialmente en países en desarrollo como los nuestros,
hablan por sí solas y revelan la inexplicable nube de indiferencia sobre los
crímenes de femicidio.
Las olvidadas por la justicia pertenecen a todas las capas
de la sociedad. En temas de violencia doméstica, femicidio o agresiones
sexuales, no hay diferencia entre ricas y pobres, habitantes de las ciudades o
del campo, ciudadanas de países desarrollados o de los rincones más olvidados
del planeta. El fenómeno, acallado por los medios durante siglos -aun cuando
despunta desde hace algunos años- es aún un tema tabú motivo de controversia y
descalificación por los sectores más conservadores. Hoy, revisando archivos
encontré una columna escrita en 2011, en la cual consigné un texto literal del
recurso legal contra la Ley de Femicidio y Otras Formas de Violencia en
Guatemala presentado por el abogado y notario Romeo Silverio González Barrios.
La cito por ser una pieza de antología merecedora del oprobio público. El
profesional del derecho afirmaba en ella: ““D) La ley contra el Femicidio y
otras formas de Violencia contra la Mujer, es discriminatoria aunque se haya
promulgado con la intención de proteger a la mujer o de elevarla a la
condición del hombre(sic)”. Asimismo, en los preámbulos, haciendo gala de su
desprecio por el laicismo del Estado y, por ende, de la libertad de culto
consagrada en la Constitución de la República, describe a la familia como
creación de Dios y la violencia como consecuencia de los actos relatados en el
Génesis, en los cuales coloca a la mujer como ser subordinado a la voluntad y
autoridad del marido (…”y él se enseñoreará de ti”).
Ese vínculo tan estrecho entre fe y sometimiento de las
mujeres -para convertirlas en objeto de uso y abuso- ha permeado incluso a
sectores poco afines a los dictados de las doctrinas religiosas. Es decir, se
consolidó como una forma de convivencia aceptada por conveniencia del sistema
patriarcal, cuyo interés social, político y económico se basa en el dominio y
control de una porción mayoritaria de la población. La liberación de este
importante sector, por lo tanto, sigue siendo una amenaza al sistema y,
consecuentemente, todos sus esfuerzos por alcanzar la igualdad en esos tres
ámbitos constituyen una afrenta para el estatus. Es importante estar consciente
de que los tiempos que corren –con la pandemia y otras crisis mundiales-
contribuyen de manera importante a frenar el avance en derechos y oportunidades
para niñas y mujeres, retroceso que lleva implícito un alto costo para el
desarrollo de las sociedades y una inaceptable forma de violencia para todas.
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