Foto: Los líderes
indígenas a menudo son el objetivo de su defensa del medio ambiente y los
derechos humanos. Foto cortesía de USAID vía Flickr.
COLOMBIA: Otro líder social colombiano fue asesinado el lunes,
lo que elevó la cantidad de líderes comunitarios asesinados este mes a 10 en
solo siete días. Según el Instituto de Estudios para la Paz y el Desarrollo
(Indepaz), 287 líderes sociales han sido asesinados en lo que va de 2020.
Determinar quién cuenta como líder social es difícil, por lo que las
organizaciones han informado cifras diferentes. Desde que el presidente Iván
Duque asumió el cargo en agosto de 2018 hasta septiembre de 2020, la ONU dice
que ha habido 271 líderes asesinados. La organización sin fines de lucro Somos
Defensores cuenta con 233 asesinatos e Indepaz dice que 601 líderes han sido
asesinados desde que Duque asumió la presidencia. A pesar de los diferentes
conteos, los líderes sociales colombianos están siendo atacados y asesinados a
un ritmo alarmante. Desde que el gobierno colombiano firmó un tratado de paz
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, otros
grupos armados han estado luchando por el control de los territorios de las ex
FARC, muchos de los cuales también son tierras indígenas. Los líderes
comunitarios que luchan por los derechos humanos, la protección ambiental y las
alternativas a la minería ilegal y la producción de drogas en sus tierras a
menudo son el blanco de estos grupos. Desde el año pasado, se han organizado
múltiples protestas exigiendo que el gobierno de Duque haga más para proteger a
los líderes sociales. Más recientemente, miles de personas de varios grupos
indígenas marcharon casi 300 millas desde Cali a Bogotá para presentar sus
quejas ante Duque en persona después de que envió a representantes del gobierno
en su lugar a una reunión en Cali. Los manifestantes dicen que el gobierno de
Duque ha ignorado el aumento de los asesinatos y ha dejado que los líderes se
las arreglen por sí mismos en lo que se considera un movimiento político de un
gobierno dispuesto a socavar el proceso de paz. El gobierno insiste en que está
escuchando y haciendo todo lo posible.
CHILE: La Comisión de Derechos Humanos de Chile presentó el
martes una demanda contra la policía militar por el uso ilegal de químicos
contra manifestantes durante los últimos dos meses. Las manifestaciones de
protesta contra las políticas neoliberales del gobierno comenzaron en octubre
de 2019.El descontento público se vio agravado por la forma en que la
administración del presidente Sebastián Piñera ha manejado la pandemia de
COVID-19. La demanda acusa a la policía militar chilena de utilizar gas
lacrimógeno que dejó a varios activistas con problemas de salud duraderos.
BOLIVIA: Bolivia reabrió este lunes su embajada en Venezuela
en una muestra de apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro y las recientes
elecciones. Bajo el gobierno militar boliviano que asumió el poder a fines de
2019, las relaciones con el gobierno de Maduro en Venezuela se suspendieron.
Durante la reapertura, el embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel,
pronunció un discurso en el que mencionó la relación de larga data entre los
dos países y validando “la legitimidad de las elecciones que tuvieron lugar en
Venezuela este 6 de diciembre”, también asistió el expresidente boliviano Evo
Morales. apertura de la embajada.
PUERTO RICO: El presidente Donald Trump anunció su plan para
nombrar a tres nuevos miembros, según lo recomendado por el Congreso, a la
Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico. Una de las
integrantes, Betty Rosa, es una educadora puertorriqueña. Se desempeña como
comisionada interina de Educación y como presidenta de la Universidad Estatal
de Nueva York. Otro miembro de la junta, Justin Peterson, dio la bienvenida a
todos los nuevos miembros en un tweet, diciendo que la medida muestra el
"compromiso continuo de Trump con Puerto Rico". También agregó que
espera que la designación conduzca al fin del Título 3, una opción de
bancarrota para Puerto Rico. Algunos expertos han debatido si el mecanismo del
título debería declarar inconstitucional la designación de miembros del
directorio por parte del presidente. Hasta ahora, el tema ha recibido un apoyo
mixto.
REGIÓN: Los representantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM)
y Cuba planean revisar su relación política para fortalecer el bloque regional
en medio de la pandemia. En la séptima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
de CARICOM-Cuba, los países revisarán los mayores problemas de la región en el
combate al COVID-19. El vicecanciller Rogelio Sierra dijo que, si bien este
encuentro es inusual, el contexto de la pandemia le da especial relevancia al
encuentro. Se revisarán temas como la pandemia, la crisis económica, el cambio
climático y el desarrollo de los países de la región. El director general del
departamento de América Latina y el Caribe, Eugenio Martínez, dijo que esta es
la primera vez que Cuba cuenta con profesionales de la salud en todos los
países miembros de CARICOM. El encuentro coincide con el 40 aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y varios países del
Caribe.
NICARAGUA: Tras el colapso de la mina San Carlos, la gente de la
comunidad La Esperanza insiste en que los más cuerpos enterrados en las secuelas
del deslizamiento de tierra. La medida del gobierno de suspender la búsqueda de
mineros confundió a muchos en la comunidad. El Sistema Nacional de Prevención,
Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) dijo que cancelaban el operativo
de rescate luego de que “no se hayan encontrado otras víctimas”. Hasta ahora se
han registrado dos muertes. La comunidad de La Esperanza cree que la búsqueda
fue demasiado superficial. Los ciudadanos dijeron a las autoridades que entre
80 y 150 trabajadores llegaban a la mina en rotación, con turnos de 50 a 60
personas trabajando durante la noche. Están implorando a las autoridades que
realicen un registro en todos los túneles de las minas.
MÉXICO: El viceministro de Salud, Hugo López-Gatell, el zar
del coronavirus, anunció el martes el plan de México para distribuir vacunas
durante el próximo año. Las primeras 250.000 dosis de la vacuna Pfizer, que
llegarán a México la tercera semana de diciembre, estarán reservadas para los
trabajadores médicos directamente involucrados en la respuesta al COVID-19. Ese
grupo seguirá siendo la prioridad para la vacunación hasta febrero. Después de
febrero, serán elegibles otros trabajadores de la salud y personas mayores de
60 años. Entre abril, la elegibilidad se extenderá a las personas mayores de 50
años, y en mayo, a los mayores de 40 años. A partir de junio, las vacunas se
abrirán al resto de la población. En tanto, el presidente Andrés Manuel López
Obrador aclaró que no recibirá la vacuna hasta que sea elegible, en la segunda
fase.
MÉXICO: El congreso del estado de Tlaxcala aprobó el martes
una ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo,
convirtiéndose en el vigésimo segundo estado mexicano en aprobar el matrimonio
igualitario. Dieciséis diputados votaron a favor del proyecto de ley, mientras
que tres votaron en contra. Dos de los diputados que votaron en contra del
proyecto de ley son miembros del Partido Encuentro Social (PES). La diputada
Leticia Hernández, miembro del partido Morena, celebró la legislación y señaló
que se produce diez años después de que la Ciudad de México se convirtiera en
la primera entidad federal en legalizar el matrimonio entre personas del mismo
sexo.
ESTADOS UNIDOS: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció
en un comunicado de prensa que está cumpliendo con una orden del juez federal
Nicholas Garaufis para restaurar el programa de Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA). Bajo la orden del juez Garaufis, el DHS
comenzará a aceptar nuevas solicitudes y solicitudes de renovación para
personas elegibles para DACA. El DHS también extenderá las subvenciones de
autorización de empleo y acción diferida por un año a dos años. El comunicado
de prensa señaló que el DHS "puede buscar alivio de la orden".
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