· ¿De veras cumplen los policías investigadores?
· Difícil, pero su tarea es buscar la aguja en un pajar
Por Francisco
Gómez Maza
México
sigue marcando el peso de las vergüenzas y el dolor por el duelo. ¡En el mundo!
Es la
nación con más asesinatos de periodistas. Es la nación con más asesinatos en
2019, con 12 colegas liquidados (se escucha muy feo, pero eso fueron:
liquidados).
México
ocupó el segundo lugar en 2018, sólo superado por Afganistán, en donde fueron
asesinados 13. Pero México no enfrenta un conflicto bélico de las proporciones
del de aquel país, en donde el “terrorismo” se ensaña contra la población
civil, sin ningún miramiento.
En tan sólo
tres años, entre las postrimerías del sexenio del defenestrado Enrique Peña y
los primeros dos años del mandato de
Andrés Manuel López Obrador (2017-2020), el líder de la “Cuarta trasformación”,
la estadística registró cuatro desaparecidos y 39 asesinados.
A los
muertos no podemos revivirlos, pero a los autores materiales e intelectuales de
estos crímenes sí descubrirlos. Nada es imposible en este mundo.
Pero los
fiscales que atienden la seguridad de los periodistas parece que no hacen su
trabajo.
Se entiende
que buscar a un criminal es una tarea harto difícil. Es como buscar una aguja
en un pajar.
Pero ese es
el trabajo de los policías investigadores. Para eso les paga la Tesorería, con
dinero del pueblo, como lo reitera diariamente el presidente de la república.
Buscar una aguja en un pajar. Encontrar a los asesinos y meterlos en la cárcel.
Y si fuera posible, de por vida. (Creo que quienes son los indicados, el
presidente de la república, los diputados, los senadores, creo que también la
Suprema Corte, deberían iniciar una reforma legal y constitucional para
penalizar con periodos largos de tiempo a los asesinos. Que jamás salgan a las
calles porque son un peligro para la sociedad.
Pero como
lo denuncia Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), “la constante en los delitos contra quienes
ejercen el derecho a la libertad de expresión en México ha sido la impunidad;
más de 90% de los casos no logra ser investigado de manera efectiva, situación
que niega el derecho a la justicia”.
Llevamos
dos años de puras proclamas contra la corrupción, contra la hipocresía, contra
la simulación, contra la impunidad, contra la contra… y qué quieren que haga en
este espacio. Sólo denunciar. No me queda de otra.
Algo se
podría lograr para privilegiar la seguridad de los periodistas y las
periodistas con campañas de información, pero sobre todo persiguiendo a los
criminales hasta cazarlos y llevarlos a un juzgado imparcial que no se venda.
En materia
de información y divulgación, que es hasta donde puede llevar su acción en
territorio mexicano, la Organización de las Naciones Unidas acaba de presentar
a la opinión pública la plataforma denominada Puntal, destinada a informar en
torno a los hechos criminales de violencia contra reporteros y analistas de la
realidad mexicana. Que no se sientan desprotegidos. Que sientan que las
autoridades los protegen.
Aprovechando
la ocasión de la presentación de Puntal, el director del Centro de Información
de Naciones Unidas en México, Giancarlo Summa, dejó establecido que los datos
que se ofrecen en la plataforma podrían ser de utilidad para erradicar el
ambiente hostil en el que se desenvuelven los comunicadores.
A DESFONDO: Organizaciones de derechos humanos llamaron
a modificar el dictamen que
reglamenta la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, así como a reflexionar
acerca de las consecuencias que este conjunto de propuestas ocasiona en las
libertades y derechos, y plantear mecanismos que puedan contrarrestarlas,
empezando por revisar las políticas de persecución penal de las fiscalías. De
acuerdo con el World
Prison Brief del Institute for Crime and Justice Policy Research,
para abril de 2019 había un total de 198,384 personas privadas de su libertad
en México; de ellas, casi el 40% se encontraba en prisión preventiva. “La
prisión preventiva oficiosa es una medida ineficiente, costosa y autoritaria
que refleja un desprecio importante por la presunción de inocencia que deberían
respetar y proteger todas las democracias”, advirtieron las organizaciones,
quienes recordaron que este catálogo de delitos, contenido en el artículo 19
constitucional, nació en 2008 como una de las herramientas de la guerra contra
el narcotráfico del presidente Calderón.
“La
prisión preventiva oficiosa es una medida ineficiente, costosa y autoritaria
que refleja un desprecio importante por la presunción de inocencia que deberían
respetar y proteger todas las democracias”, advirtieron las organizaciones,
quienes recordaron que este catálogo de delitos, contenido en el artículo 19
constitucional, nació en 2008 como una de las herramientas de la guerra contra
el narcotráfico del presidente Calderón.
“En ese
sentido, es parte de un sistema encaminado a la militarización y la erosión de
los derechos que hoy se profundiza. Diversos organismos regionales e
internacionales de derechos humanos han hecho llamado la atención sobre el uso
extendido de este mecanismo en México”, agregaron.
De
acuerdo con el World
Prison Brief del Institute for Crime and Justice Policy Research,
para abril de 2019 había un total de 198,384 personas privadas de su libertad
en México; de ellas, casi el 40% se encontraba en prisión preventiva.
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