Incendio en
el Congreso de la República durante protestas sociales. 2020. Internet
Por
Ollantay Itzamná
En vísperas
de iniciar festejos patrios por su bicentenario, Guatemala nuevamente es
noticia internacional a raíz de las recientes protestas sociales en contra de
la aprobación del presupuesto del Estado/2021.
Durante las
últimas manifestaciones incendiaron parte del edificio histórico del Congreso
de la República, y la Policía Nacional reprimió a las y los manifestantes. Al
momento, el Congreso de la República decidió no enviar al Ejecutivo dicho
presupuesto.
¿Qué es lo
que fastidió y obligó a guatemalteco a salir nuevamente a las calles?
El Congreso
de la República, sin mayor debate, aprobó el presupuesto general de la nación
para el 2021. El presupuesto más alto de toda la historia republicana, cuyo
monto en más del 60% estaba destinado a gasto corriente. Suprimía el
financiamiento para el programa social “Hambre Cero” y aumentaba el ya
millonario presupuesto para Diputados, constructoras, etc.
Los
huracanes Eta e Iota, sumados a la pandemia del COVID19, dejaron demasiadas
pérdidas económicas en amplios sectores del país. Durante la pandemia el
gobierno actual endeudó al país sin mayor control, ni resistencia social. Y,
muy a pesar de ello el presupuesto de la nación para el 2021 estaba basado en
mayor endeudamiento público. Al momento, cada guatemalteco nace con una deuda
pública del equivalente a $ 1000, y el presupuesto 2021 ampliaba dicha deuda a
$1,300 per cápita.
Las
protestas sociales también son una expresión de la impotencia que padecen las y
los guatemaltecos ante el “descarado” manejo que hacen del Estado y de los
bienes públicos los gobernantes en un país con más del 60% de su población en
situación de pobreza, otro tanto de sus niños en situación de desnutrición.
¡Gobernantes y diputados mejor pagados de la región y de una buena parte del
Continente!
¿Quiénes
son los actores sociales que protestan y qué exigen?
Similar al
año 2015, aunque con menor concurrencia, son jóvenes universitarios, vecinos
urbanos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, entre otros,
quienes salieron a las calles en la ciudad capital de Guatemala y en otras
ciudades. Medios empresariales de comunicación, junto a los alternativos,
coadyuvaron en las convocatorias, aunque no en la misma magnitud que en el
2015.
Exigían la
reconsideración del presupuesto 2021 y la renuncia del Presidente Alejandro
Giammattei.
A
diferencia de las protestas sociales del 2015, que terminó con la
destitución/renuncia del ex Presidente Otto Pérez y de la ex Vicepresidenta
Roxana Baldeti (ambos actualmente encarcelados aún sin sentencia), esta vez la
Embajada norteamericana mantuvo bajo perfil. La élite empresarial del país
expresó su protesta contra el presupuesto aprobado… Al igual que las jerarquías
religiosas…
Los
sectores indígenas y campesinos aglutinados en el movimiento sociopolítico
CODECA no se sumaron a las manifestaciones sociales recientes porque consideran
que las protestas de “fines de semana” no resuelven los males estructurales del
país, aunque formalmente sí condenaron el bochornoso papel del Congreso de la
República y del gobierno central.
El
movimiento CODECA, desde el 2012, impulsa y propone el proceso de Asamblea
Constituyente Popular y Plurinacional para consensuar nuevas reglas de
convivencia sociopolítica en el país, y nuevo marco constitucional para
construir el Estado Plurinacional.
¿Por qué
estas protestas sociales culminan en un punto ciego?
En 2015, el
gobierno norteamericano, mediante su Embajada en Guatemala, y utilizando la
narrativa de “lucha anticorrupción” emprendida por la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), convocó multitudes de guatemaltecos
en las plazas y calles para destituir y castigar al gobernante también corrupto
que no era del agrado oficial en los EEUU. Y así, fue…
Simultáneamente,
con el estandarte de lucha “anticorrupción made in USA”, se criminalizó a los
gobiernos progresistas en Brasil, Ecuador, Bolivia… Una vez destituida Dilma
Rousseff, e inhabilitado políticamente Lula en Brasil y Correa en el Ecuador,
CICIG fue desmantelada por el desvergonzado gobierno de Jimmy Morales,
protegido por el gobierno de Donald Trump.
Las
protestas destituyentes del 2015 también estaban dirigidas para
desactivar/invisibilizar las propuestas constituyentes de movimientos sociales
como CODECA que ya planteaban cambios estructurales para Guatemala.
En 2015, la
bulla de las plazas tuvo como su máximo horizonte político el cambio de
gobierno, muy a pesar que movimientos sociales pro constituyentes advertían que
la crisis de Estado se resolvía con un proceso constituyente plurinacional, y
no sólo con un cambio de gobierno… Cinco años después, se constata que la
medicina fue peor que la enfermedad. El sistema neoliberal se encuentra más
vigoroso y más corrupto…
Estamos en
2020, y nuevamente las mismas acciones en las plazas, con el mismo relato de:
“Renuncia ya”… A diferencia del 2015, ahora, el Estado reprime a manifestantes…
ensayando su táctica de terror de antaño.
¿Por qué no
terminar dando el salto hacia el proceso Constituyente Popular y Plurinacional
para hacer cambios estructurales en el país?
Las
tradicionales izquierdas políticas y sociales del país argumentan que no existe
la “necesaria correlación de fuerzas” para ello. ¿Miedo a lo incierto?
¿Sentimiento de “derrota” política e intelectual que les legó los Acuerdos de
Paz (1996)? ¿Confort? Quién sabe.
Pero,
tampoco el movimiento CODECA y su organización política Movimiento para la
Liberación de los Pueblos se siente tan seguro o capaz de sacudir lo
suficiente, desde las calles, de una vez por todas, al corroído sistema estatal
que se cae por pedazos. Hasta cierto punto, este movimiento sociopolítico
(CODECA-MLP) se comporta demasiado bien con un gobierno y un Estado
deslegitimado, ahora, hasta en los nichos urbanos.
Quizás la
aletargada incertidumbre sociopolítica ocasionada por las élites de poder en
Guatemala se mantenga gracias a la “auto derrota política e intelectual” que
impide accionar a las izquierdas tradicionales y a la “prudencia” política de
CODECA-MLP que espera el calendario electoral del 2023 (elecciones generales)
realizando “imperceptible” trabajo organizativo en las comunidades.
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