Trabajadores
exigen proceso constituyente. Internet
Por
Ollantay Itzamná
Perú es uno
de los países de Abya Yala donde el sistema neoliberal, luego de la “derrota”
de los grupos guerrilleros (Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru), a inicios de la década de los 90 del pasado siglo, se imponía sin mayor
resistencia, ni conflictividad social.
En los
últimos 30 años, el debilitamiento del Estado criollo se dio en proporción
diametral a la “anulación” de los procesos de articulación social de los
sectores populares del país. No sólo perdió fuerza el Estado, sino también los
sectores populares (muy a pesar de contar con una envidiable acumulación
histórica de luchas desde la época de la Colonia española) no logran
constituirse en actores sociopolíticos con horizonte nacional.
Lo ocurrido
el pasado 9 de noviembre, donde el Congreso de la República, basado en
disposiciones constitucionales, destituyó al entonces Presidente del Perú,
Martín Vizcarra (también denunciado por actos de corrupción), para que el
“desconocido” Manuel Merino (hasta entonces Presidente del Congreso)
juramentase como nuevo Presidente, y la simultánea reacción popular de repudio
en las calles, expresan incómodas verdades profundas que van más allá del
endémico mal de la corrupción que carcome a la institucionalidad pública.
Los
congresistas que destituyeron a Vizcarra, aplicando lo establecido en la
Constitución Política, fueron recientemente electos, en buena medida, por la
ciudadanía que ahora rechaza dicha acción y repudia a Merino, a los
congresistas y a partidos políticos. Esto indica que el sistema de la
“representación política” está agotado en el Perú. En consecuencia, la
“democracia peruana” necesita ser democratizada mediante nuevos mecanismos de
participación que no privilegien necesariamente a los partidos políticos.
El hecho
que todos los exgobernantes peruanos, desde inicios de la década de los 90 del
pasado siglo, estén encarcelados, procesados penalmente, o se hayan suicidado
para evitar la cárcel (como Alan García), es un indicativo que lo que el Perú
vive actualmente no es una crisis política, sino una crisis de Estado. El
debilitado Estado criollo, aparte de no velar por los intereses de todos los y
las peruanas, funciona como un apéndice patrimonial de la oligarquía peruana.
Es
insuficiente una nueva elección de gobernantes. Urge un nuevo ordenamiento
constitucional
Una crisis
estatal no se resuelve con un proceso electoral. Los pueblos y sectores del
Perú, para saldar los históricos problemas irresueltos, necesitan propiciar un
nuevo consenso sociopolítico, amplio y plural, para crear un nuevo Estado que
exprese la voluntad y las aspiraciones de todos y todas.
El actual
Estado nación criollo, aparte de ser tremendamente excluyente con las grandes
mayorías sociales, expresa, en buena medida, los intereses/caprichos de la
élite oligárquica, incapaz de articular/implementar un proyecto de nación en
dos siglos de República.
El Perú
oficial, en sus dos siglos de República, tuvo 12 asambleas constituyentes, que,
a su vez, redactaron/aprobaron 12 constituciones políticas. La primera, en 1823.
La última, en 1993. La más longeva, fue la de 1933. Ninguna de estas
constituciones políticas llevaba, ni lleva, las improntas de los sectores
mayoritarios del país. Estuvieron algunos constituyentes con apellidos
indígenas, pero políticamente obedecían a los intereses patronales.
La nueva
Constitución Política del Perú debe ser consensuada y redactada por una
Asamblea Constituyente que represente a todos los pueblos y sectores del país.
En dicho proceso deberá participar decisivamente el mayor porcentaje posible de
la población, tanto en el debate de los contenidos de la nueva Constitución
Política, como en la aprobación del texto constitucional por voto popular.
El asunto
no es únicamente contar con una nueva Constitución Política, sino hacer que
todos los pueblos y sectores, todas y todos, participen en el proceso
constituyente. De tal forma que dicho proceso se constituya en un espacio
significativo para el inicio de la construcción de la comunidad política o
nación plurinacional del nuevo Perú (o el nombre que lleve el país).
¿Qué
modificar o incorporar en la nueva Constitución Política?
Entre las
aspiraciones populares que se oyen o leen entre líneas para los contenidos de
la nueva Constitución Política, en especial desde los pueblos y sectores del “Perú
profundo”, están:
En lo
político. Establecer una democracia plural, incluyendo democracia
participativa, comunitaria, representativa, que promueva una ciudadanía más
allá del ritual voto obligatorio para seleccionar gobernantes “impunes”.
La potestad
de destituir gobernantes electos debe ser potestad privativa de la ciudadanía.
Ello significa que la nueva Constitución Política debe establecer la
revocatoria de mandato para todas las autoridades electas. Se debe suprimir el
privilegio de la inmunidad para gobernantes y representantes electos. Se debe
poner límites a la voracidad inmoral del empresariado transnacional.
En lo
económico. Recuperación de los bienes y servicios privatizados, la inclusión de
actores económicos populares junto a las empresas privadas. El Estado debe
dejar de ser simple “policía” que vela por los intereses de los privados, y
convertirse en el actor central de la economía.
Relativo a
los derechos. Muchos derechos colectivos e individuales están ausentes en la
Constitución Política actual. Ejemplo, el derecho a la autodeterminación de los
pueblos indígenas, derecho al consentimiento previo, derecho a tierra y
territorio… deben formar parte de los contenidos constitucionales. Derecho del
acceso a la tierra, el acceso al agua y saneamiento tienen que ser incorporados
en la nueva Constitución.
La
concepción de la soberanía, la seguridad, las relaciones internacionales…, en
la Constitución Política actual, son obsoletas para esta era del internet.
Es evidente
que la solución a la crisis sistémica estatal que vive el Perú, no se resolverá
con las elecciones próximas del mes de abril. En dichas elecciones se podrá
optar por un o una gobernante que posibilite jurídicamente el proceso de una
Asamblea Constituyente Plural, pero la realización verdaderamente participativa
de dicho proceso constituyente depende del involucramiento responsable de todas
las y los peruanos, en las diferentes fases del proceso constituyente.
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