Por Marco
Teruggi
Solamente
faltó el cartel que dijera 'vivo o muerto' para completar la escena en la cual
el Fiscal General estadounidense, William Barr, anunció este jueves 26 de marzo
ante el mundo que tenían precios las cabezas del presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado
Cabello. Quince y 10 millones de dólares respectivamente.
El dinero
será para quienes brinden información "que puedan llevar a la detención y
arresto" no solamente de Maduro y de Cabello, sino de un conjunto de
dirigentes y funcionarios venezolanos, como el ministro Tareck El Aissami, el
ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el presidente del Tribunal
Supremo de Justicia, Maikel Moreno.
El
anuncio había sido anticipado por periodistas opositores venezolanos y medios
estadounidenses, como CNN, desde tempranas horas del jueves 26 de marzo pasado,
pero con un error: afirmaron que Estados Unidos (EE. UU.) declararía a
Venezuela como Estado terrorista.
Las
razones de la acusación fueron por narcoterrorismo, por querer
"inundar" a EE. UU. con cocaína: según Barr, Venezuela envió entre
200 y 250 toneladas métricas a Norteamérica. Se trató de una justificación sin
sustento en los mismos datos estadounidenses: la misma Base de Datos Antidroga
Consolidada Inter agencial de EE. UU. da cuenta, por ejemplo, que por Guatemala
pasan 1.400 toneladas métricas.
No
solamente eso, sino que alrededor del 90% de la cocaína con destino a EE. UU.
pasa por las rutas del caribe occidental, y el pacífico oriental, y no a través
del caribe oriental. Es decir que la cocaína proviene del principal país
productor de esa droga del mundo: Colombia.
La
acusación hacia el gobierno venezolano fue entonces ardid para justificar una
recompensa millonaria que significa un punto de no retorno en el intento
sostenido de EE. UU. por derrocar a Maduro.
El
contexto
El
señalamiento estadounidense como de película de Western ocurre en un contexto
que tiene dos tiempos, conectados, que explican por qué la medida: el
internacional y el nacional.
El cuadro
internacional está marcado por el hecho que "Venezuela está avanzando en
términos de reconocimiento, de apoyo para la lucha contra las sanciones, como
en el caso de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas,
Michelle Bachelet", explica Eduardo Viloria, documentalista y comunicador
venezolano.
Ese
avance ocurre en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus, que
ha puesto blanco sobre negro, la naturaleza criminal del bloqueo que EE.
UU., de manera abierta y reconocida, mantiene sobre Venezuela.
A ese
reconocimiento se agrega que los aliados geopolíticos del gobierno venezolano,
China, Rusia y Cuba, están "enfrentando exitosamente la pandemia",
analiza Viloria, y que el gobierno cuenta con "apoyo de la Organización Mundial
de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, de la Cruz Roja, y crece
su legitimidad, la demostración del carácter efectivo de su gobierno".
En el
plano nacional, los acontecimientos también han sido favorables al gobierno. En
el caso de la lucha contra la pandemia, la estrategia de cuarentena y detección
temprana han permitido mantener números bajos en comparación con otros
países de la región: 107 casos, 1 fallecido y 2.125 personas a las
que se les debe hacerles pruebas urgentemente, según informó Maduro el jueves
en la noche.
El
gobierno ha logrado desplegar una respuesta rápida, real, que ha —en
simultáneo— disminuido aún más la figura de Juan Guaidó.
Existe un "consiguiente desinfle de Guaidó que también pretende aparecer
ante la pandemia como si tuviera consiguiendo una solución al punto que la cosa
es pantomímica".
A ese
elemento se suma otro más, que consolida la posición de Maduro: "el avance
hacia un posible acuerdo con factores de oposición democráticos, dialogantes
que reconocen a Maduro como gobernante y se oponen al bloqueo y el
injerencismo".
Esa
tendencia, que venía en proceso de consolidación, se hizo más amplia y sólida a
partir de la lucha contra la pandemia, tomando en cuenta la situación de
emergencia nacional y la necesidad de resolver la amenaza dejando de lado
diferencias políticas.
De ese
acuerdo "van quedando afuera solamente el ala más extremista, Guaidó,
Voluntad Popular, Vente Venezuela, y en Primero Justicia un factor como
Henrique Capriles plantea la posibilidad de que exista un acuerdo".
Los
efectos de los millones
"Esto
es un torpedo, un golpe duro al tablero para que todos esos movimientos que se
iban dando favorables a Venezuela, al gobierno, se alteren, se interrumpan,
tome otro rumbo, en el plano internacional y nacional", analiza Viloria.
La
decisión anunciada por EE. UU. es una luz verde para un intento de operación
militar: "Al tener un precio puesto sobre su cabeza prácticamente es una
forma de asesinarlo, queda a merced de que una fuerza paramilitar, mercenaria,
vaya a por él".
Es
también un intento de generar un quiebre o una traición interna motivada por el
impacto psicológico generado por el anuncio, es decir el intento de mostrar la
muchas veces anunciada "amenaza creíble" por parte de EE. UU..
Por eso,
luego del anuncio de Barr, se recordó por redes sociales, como parte de la
operación mediática de "amenaza creíble", el caso de Manuel Antonio
Noriega, presidente de Panamá, sobre el cual el gobierno estadounidense puso
precio antes de la invasión de 1989 que produjo alrededor de 655
muertos panameños, tanto civiles como militares.
Junto con
eso existe el posible efecto que busca generar la oferta económica anunciada:
"La recompensa, que apunta, en el caso nuestro, a la política interna, a
un nuevo intento de fracturar, quebrar la unidad interna, porque la plata
ofrecida puede ser un anzuelo, una tentación para que factores militares, de
los cuerpos de seguridad, puedan traicionar".
Por
último, Viloria señala que la acción norteamericana podría también afectar a
algunos sectores dialogantes de la oposición:
"Ahora
no se trata solamente del reconocimiento del gobierno democrático y legítimo,
en lo cual había un acuerdo, se trataría hoy en día de que estos factores de
oposición, para salir a pronunciarse, tendrían prácticamente que asumir un
discurso de defensa directa de Maduro ante una acusación de
narcotráfico".
La
operación frustrada
Viloria
coloca todos los puntos de la secuencia de los últimos días para unirlos. En
primer lugar, el día 23 de marzo fue capturado un vehículo con arsenal militar
en Colombia. En segundo lugar, el 25, el gobierno venezolano, afirma que esas
armas tenían como destino Venezuela para servir a un intento de golpe de Estado
coordinado por el ex mayor general venezolano, Cliver Alcalá, prófugo en
Colombia.
En tercer
lugar, el 26 en la mañana EE. UU. pone el precio no solamente sobre la cabeza
de Maduro y Diosdado, sino también sobre exfuncionarios, como el mismo Alcalá.
Esa misma tarde, el ex mayor general, confiesa públicamente que estaba al mando
de la operación para introducir las armas a Venezuela.
El
objetivo, confesó, era "hacer una unidad militar que se conformó con la
idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos".
Según
informaron Jorge Rodríguez, ministro de comunicación, y luego Maduro, Alcalá
fue presionado por EE. UU. para realizar las operaciones y, en vista de su
fracaso, fue incluido en la lista de los perseguidos por la justicia
norteamericana.
"Guaidó
se reunió con Alcalá y firmaron un contrato con el representante de la DEA y el
gobierno de Iván Duque donde le daban plenas garantías. ¿Por qué EE. UU. lo
tiró al pajón hoy? Porque fracasó, lo hicimos fracasar".
Alcalá
denuncia que en el plan estaban Guaidó, que había firmado un contrato con
asesores estadounidenses, y diferentes políticos venezolanos prófugos de la
justicia, como Leopoldo López o Juan José Rendón.
"Dice
con claridad que la operación fue desmontada, infiltrada, desarticulada, que
hubo filtración de información por parte de los mismos factores de oposición
que forman parte del 'gobierno interino'", analiza Viloria.
La
amenaza
El nuevo
paso dado con el precio sobre las cabezas de Maduro y Diosdado, así como la
evidencia de una de las operaciones militares en marcha desde territorio
colombiano, confirman que, en el marco de la pandemia de coronavirus, EE. UU.
no solamente no quitará el bloqueo económico, sino que acelera el intento de
derrocamiento.
El
contexto de conmoción global es visto como favorable desde la óptica
norteamericana: todas las cámaras del mundo están volcadas a un único tema y
casi todos los gobiernos enfrentan situaciones de crisis o de estado de
excepción interna.
Pero, no
solamente el contexto les abre puertas para intentar nuevas acciones, sino que
la misma situación de crisis económica que ya anuncia recesiones y está marcada
por el desplome de los precios petroleros, acelera las necesidades de acceder a
las reservas petroleras venezolanas.
Eso
explica cómo en este momento EE. UU. anuncia públicamente que Maduro vale
15 millones de dólares y Cabello 10, es decir que abre las puertas para
operaciones de intento de asesinato, extracción, acciones directas, tanto vía
actores contratados, como de manera directa ya que están buscados por la
justicia norteamericana por narcotráfico.
En ese
escenario Maduro volvió a realizar un llamado de diálogo interno, tanto con
quienes ha venido hablando, pero también con quienes se han negado:
"Quiero diálogo, en las circunstancias que sea y a pesar de que ustedes
quieran matarme".
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