Por Eliana Gilet
Integrantes
de la familia LeBarón agredieron a campesinos que denunciaron su extracción
ilegal de agua en el norte de México para regar sus cultivos de nogal. Se
revela una falla estructural que permite la sobreexplotación del agua en favor
de familias privilegiadas y grandes capitales que producen para EEUU en
perjuicio de los pueblos locales.
"Me
golpearon con unas pedradas grandes porque denunciamos que invadieron nuestro
ejido para conectarse a la red eléctrica que está en propiedad privada, para
hacer funcionar doce pozos ilegales (de extracción de agua subterránea) para
16000 plantas de nogal que tienen plantadas", relató a Sputnik uno de los
campesinos que forma parte del ejido Constitución, una zona rural en el
municipio de Ahumada, al noroeste del fronterizo estado de Chihuahua.
La familia LeBarón ganó notoriedad pública cuando pidió al presidente de Estados Unidos, Donald
Trump que catalogue como "organizaciones
terroristas extranjeras" a los grupos paramilitares activos en
México, tras el asesinato de nueve
integrantes de su familia en este mismo estado, a comienzos de noviembre de
2019.
Ahora,
son denunciados en este medio por la reacción violenta que tienen contra sus
propios vecinos, a quienes han agredido físicamente e incluso con armas de
fuego, para evitar la revisión y clausura de las perforaciones para
extraer agua subterránea sin permiso que han hecho en una zona que adolece
del recurso vital.
"Nosotros
no tenemos problema con que tengan nogales en su terreno o que sean
norteamericanos, el problema de nosotros es el agua", señaló el campesino
agredido quien pidió anonimato por temor a represalias.
Conflicto
en Constitución
Los
ejidos son una forma de propiedad común creada por la Revolución
mexicana para
fomentar la producción local de alimentos y garantizar la permanencia de la
población rural en su territorio ancestral. Así como las comunidades
indígenas,
los ejidos son responsables de buena parte de la producción del alimento que se
consume en México y del cuidado de los recursos naturales que los rodean.
En el
ejido Constitución, los campesinos producen chile, trigo, algodón, maíz y frijol, elementos constitutivos de la dieta de los
mexicanos. Sus vecinos, en el rancho La Mojina han sido denunciados
desde el año 2018 por realizar pozos sin permiso de la autoridad competente,
además de violar una veda de perforación existente desde el año 1957, en que se
identificó un decreciente nivel del agua subterránea de la zona.
"En
la comunidad tenemos alrededor de 80 pozos de los que unos 12 o 15 ya no sirven,
incluso el que abastece de agua potable al ejido, pero a nosotros no se nos
permite reponerlos, ¿cómo es posible que se decrete una veda por ser una zona
sobreexplotada y que ellos estén perforando a lo loco?", señaló el
ejidatario que conversó con Sputnik.
Según los
datos que recabó la población local, en el rancho La Mojina de los
LeBarón existen 12 pozos de extracción de agua subterránea que extraen
aproximadamente 120 litros de agua por segundo, mientras los de la comunidad y
el pueblo extraen entre 12 y 30 litros por segundo.
"Nos
van a secar, pero si nos vamos a morir de sed, antes nos morimos en la raya,
luchando por lo que consideramos nuestros derechos. Como habitantes de aquí
tenemos derecho a la salud, la educación y la alimentación pero sin agua, no
vamos a tener nada de eso", explicó la fuente.
A pesar
de haber realizado denuncias ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la
Procuraduría de protección ambiental (Profepa) y la comisión federal de
electricidad (cfe) los LeBarón que gestionan La Mojina se han opuesto
a la fiscalización de las autoridades mexicanas en su rancho y han continuado
con su proyecto de producción de nueces, aun cuando su terreno tiene un uso de
suelo que permite actividad ganadera y no agrícola, como señalaron los
afectados.
"Cuando
las dependencias de Gobierno ante las que denunciamos la extracción de agua
ilegal quisieron venir a registrar la situación, les impidieron la entrada a la
autoridad, casi los pataleaban en la entrada porque son personas muy
prepotentes. Como tienen mucho dinero y también sentimos nosotros que están
protegidos por el Gobierno de Estados Unidos, no les pasa nada", agregó el
campesino.
Así, en
un nuevo conato de violencia de parte de la familia mexicoestadounidense
ocurrido en la noche del domingo 19 de abril y nuevamente en la mañana del
lunes 20, agredieron a los ejidatarios de Constitución cuando intentaban
extender a su terreno la red de energía eléctrica para conectar los pozos de
extracción que hasta el momento, mantienen funcionando con diesel. Pese a las
denuncias realizadas, no se ha investigado su accionar ni interpuesto sanciones
a la poderosa familia.
"Nos
sentimos abandonados totalmente por las autoridades estatales, municipales y
principalmente federales. Nosotros somos campesinos, esa es la ocupación de
nosotros y estamos enfrentando una situación muy violenta. Lo que pedimos a la
autoridad mexicana es que venga y selle los pozos que no deben de existir.
Cuando eso suceda, nosotros nos ponemos a trabajar como antes, pero si no
viene, el conflicto va a seguir y necesitamos que se acabe de raíz ya",
concluyó el afectado.
Una
estructura para el mercado
Julio
César Cervantes es integrante de la Central Campesina Cardenista, una de las
principales organizaciones populares de México que integra una amplia
coordinación con otras organizaciones locales, indígenas, ejidales y ciudadanas
llamada Agua para todos que ha elaborado una propuesta ciudadana para modificar
la 'Ley de aguas' en México.
"La
ley actual viene del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) que
tendría que haberse modificado desde hace seis años. Desde esta coordinación
Agua para todos, elaboramos una propuesta ciudadana que establece la
garantía del derecho al agua para todos los ciudadanos y la democratización de
su acceso en todas las zonas y regiones del país", dijo Cervantes a
Sputnik.
Esta
propuesta ciudadana de una nueva ley de aguas fue presentada ante la Cámara de
Diputados el 4 de febrero de 2020, previo al estallido del nuevo
coronavirus en México, que ha desplazado la atención de todos los otros temas prioritarios,
incluso cuando el acceso al agua es una de las principales garantías sanitarias
para prevenir el avance del contagio de la pandemia.
"Las
amenazas de la familia LeBarón a los ejidatarios de Constitución han sido
contantes durante los últimos años, así como las de integrantes del crimen
organizado. Hay también afectaciones en los ejidos del país por la presencia de
megaproyectos, intereses personales y políticos en torno al acceso al
agua", señaló Cervantes.
Cervantes
explicó que desde su concepción, los ejidos que tienen una forma única en el
mundo de propiedad colectiva de la tierra no tendrían que pedir permiso de
concesiones de explotación del agua que está en el subsuelo que les fue
otorgado. Sin embargo, en el año 2016, la Comisión Nacional del Agua lanzó una
convocatoria para renovar los permisos mediante un sistema digital que permite
que cualquier persona pueda pedir un cupo de agua en México, sin tener que
vivir en el sitio o tener terrenos allí.
Explicó
que desde su fundación en el Gobierno de Salinas de Gortari, la Conagua ha sido
una institución que ha favorecido la instalación de megaproyectos y grandes
capitales en México, que permitió que empresas mineras y agrícolas que
producen para el mercado norteamericano, usaran agua obtenida por concesiones
otorgadas a particulares.
"Así,
muchas empresas pasaron a escudarse en títulos de concesión de agua de
ciudadanos individuales. En México, uno puede pedir una concesión para extraer
un millón de metros cúbicos al año diciendo que es productor de algodón y luego
en lo oscuro, vender esos cupos de agua de manera ilegal a las empresas vecinas
que no tienen permiso. Así, difuminan el acceso al agua sin tener que pagar
derechos por el recurso", explicó Cervantes.
El
representante de la Central campesina cardenista explicó que esta es una crisis
ampliamente extendida en toda la zona norte de México, y que esa esta es la
situación de urgencia que ha provocado la redacción de una nueva ley de aguas,
que efectivamente garantice su abastecimiento para toda la población,
particularmente para aquellos sectores que —como los ejidatarios de Constitución
— son pilares en soberanía alimentaria de los mexicanos.
"La
Conagua sobreconcede permisos de extracción de agua sin considerar si una zona
corresponde al uso de una comunidad o ejido rural; tampoco tiene mecanismos
para saber cuánta agua están extrayendo esas concesiones del subsuelo
mexicano", señaló el experto, quien fundó en este motivo la participación
del amplio sector popular campesino que se unió en la elaboración de una nueva
ley de aguas para México.
"La
propuesta ciudadana de esta nueva ley de aguas no busca afectar a las empresas,
sino exigir que se garantice el derecho al agua para todos en el país. Hoy, la
Conagua no tiene esta finalidad, sino la de repartir el agua a diestra y
siniestra a empresas y megaproyectos", concluyó.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario