Dr. Jorge A. Lera Mejía
Desde la semana pasada se ha venido
cuestionando radicalmente, las formas y los modos como la presidencia de México
ha actuado para atacar la crisis económica, iniciada desde el 2019, y ahora, la
crisis de salud por la pandemia del Coronavirus.
Al considerar el Pacto
Fiscal como injusto para los estados que son grandes productores, los
gobernadores del noreste país exigieron al gobierno federal modificar el
esquema fiscal para mejorar la distribución de los recursos y enfrentar la
situación sanitaria y económica por el Covid-19.
Los gobernadores de Nuevo León, Jaime
Rodríguez, Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y
Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, afirmaron que la repartición es
injusta e inequitativa para las entidades de esos estados del noreste que
aportan el 14% del Producto Interno Bruto (PIB) entre los tres
estados, mientras ellos "sólo reciben migajas", acusaron. A esta
iniciativa también se suma el gobernador del estado de Jalisco.
Aclararon que no se trata de abandonar el
pacto fiscal, pero si replantearlo, pues el actual tiene una antigüedad desde
1978, establece que la Federación se queda con el 80% de los fondos
participables y entrega sólo el 20% a los estados.
Incluso desde julio de 2019, el también
gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio, planteó la urgencia de redistribuir
las partidas entre la federación, estados y municipios.
Una constante que desde tiempos del ex
gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, se proponía que las asignaturas sean
del 50% a la Federación, 25% para los Estados y 25% los Municipios.
También este desánimo se desató cuando
trascendió que, por la crisis del Covid-19, la Secretaría de Hacienda
proyectó reducir 76 mil millones de pesos a las participaciones federales para
estados y municipios para el 2021, respecto a lo presupuestado inicialmente.
Esto se supo cuando se elaboraron los precriterios económicos para el
Presupuesto del 2021.
Por otro lado, también se ha venido
cuestionando las políticas fiscales de impuestos en ISR, IVA, IEPS, entre
otros, así como la carga de dichos gravámenes en contra de los pequeños y
medianos empresarios y los trabajadores cautivos (causantes cautivos), siendo
cada día mayor el crecimiento de la economía informal por empresas y
trabajadores que no pagan impuestos y prestaciones. Hoy día la informalidad
representa el 60% de las empresas.
Por este otro concepto, cada vez es más
fuerte el clamor para realizar una Reforma Fiscal que revierta la baja
proporción de la recaudación de impuestos que representa menos del 16% del PIB,
cuando en otros países similares representa entre el 25 al 35%.
El Gobierno Federal y el Congreso de la
Unión, tendrán que aplicar una Reforma Integral para aumentar su recaudación
tras las crisis económica y sanitaria por el coronavirus.
Estas propuestas deben centrarse en
cambios profundos que busquen aumentar la recaudación tributaria de las
empresas y personas que más ganancias registren, evitando el abuso de la
evasión, así como la elusión fiscal.
La previsible recesión que atravesará
México en 2020 a raíz de la pandemia de COVID-19, que las calificadoras prevén
en una caida desde el 3.9% del PIB, hasta más del 15% en el peor de los
escenarios al cierre de este año 2020.
Actualmente ya se registran caídas
cercanas al 2% del PIB al cierre del primer Trimestre de 2020 (enero a marzo).
El empleo formal se redujo en más de 135 mil personas al cierre de marzo. Así
como por 340 mil al 8 de abril, de acuerdo a cifras recientes del IMSS.
Ello dificultaría la entrada de recursos,
complicada también con la caída del precio del petróleo mexicano, que redunda
entre los 10 a 14 dólares por barril de 200 litros.
También se verán afectados los envíos de
remesas ante la caída del empleo y economía norteamericana, que ya se calcula
en más de 16 millones de desempleados, principalmente del sector servicios,
construcción y campo, donde operan los migrantes mexicanos.
El sector turístico es otro de los más
golpeados, al igual que la industria automotriz nacional, por lo que la crisis
sanitaria está siendo funesta para la economía mexicana, y por ende, las
entradas fiscales que verán trastocada la estimación presupuestaria de inicios
de este año 2020, tanto para solventar los abultados programas sociales de la
4T, como el propio pago de la deuda pública, por lo que el país atravesaría un
escenario de mayor riesgo de pérdida del grado de inversión en su calificación
crediticia soberana.
La crisis del empleo, hace que los estados
y los organismos empresariales, demanden fuertemente que se lleven a cabo
acciones de reasignación del gasto público, difiriendo pagos de impuestos y de
servicios públicos hasta por tres meses, suspendiendo proyectos de inversión
que no sean prioritarios con la finalidad de destinar esos recursos a
fortalecer el sistema de salud y la recuperacion de las MiPyMEs.
Es bastante deseable que se decidan hacer
transferencias directas de recursos a los ciudadanos y empresas afectadas ya
sea por pérdida del empleo o mayor vulnerabilidad económica.
La propia Secretaría de Hacienda de México
previó una variación en 2020 de entre el 0.1 % y el -3.9% del PIB, mientras que
analistas del sector privado consultados por el Banco de México pronostican una
caída entre el 4 hasta al 6%.
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