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Por
Riccardo Petrella
Este
28 de julio «celebramos» el 10º aniversario de la resolución de la ONU que
reconoce el derecho humano (universal, indivisible e imprescriptible) al agua
potable y al saneamiento. Desgraciadamente, la situación es tal que la vida ha
evolucionado como si la decisión aprobada por la más alta organización política
de la comunidad internacional nunca hubiera existido: 2.200 millones de
personas no saben lo que es el agua potable y 4,2 no tienen acceso a retretes y
servicios higiénicos; más de 9 millones de niños menores de 5 años mueren cada
año debido a enfermedades causadas, entre otras cosas, por la falta de agua
potable. ¡Lavarse las manos es un acto imposible para cientos de millones de
personas con las consecuencias que conocemos en esta época de pandemia! (1)
El
agua apta para el uso humano es cada vez más escasa: muchos de los ríos, lagos
y napas freáticas más importantes del mundo están muriendo, desecados por
extracciones de agua muy superiores a su capacidad natural de renovación (en
cantidad y calidad), envenenados por la contaminación y la polución, asfixiados
por los desechos… Las sequías estructurales están afectando a un número cada
vez mayor de regiones del mundo (¡incluyendo el Amazonas!). La tierra se está
desertificando, y la devastación de los bosques juega un papel importante. Por
último, varias ciudades importantes del mundo (de Nueva York a Nairobi, de
Tokio a Dhaka…) están seriamente amenazadas por las inundaciones debido a la
subida del nivel de los mares. Yakarta, por ejemplo, ya está siendo abandonada.
(2)
En
este contexto, hablar del derecho al agua y al saneamiento es un eufemismo. De
hecho, los «expertos», los líderes políticos y empresariales, sólo hablan de la
escasez de agua en el mundo. En una forma engañosa, culpan de la escasez al
crecimiento de la población mundial y al cambio climático (lo cual es sólo
parcialmente correcto). Se olvidan de mencionar el papel que desempeña la
economía mundial dominante que devora los recursos del planeta hasta agotarlos,
y el papel de nuestros sistemas sociales basados en el apetito de poder y
riqueza privada, fomentado por un desarrollo tecnológico de la vida belicoso,
violento y depredador. Frente a la escasez de agua que se da como inevitable,
los grupos sociales dominantes ven el camino de la salvación en la resistencia,
la capacidad de resistir y adaptarse a los choques asociados a la escasez. Sin
embargo, en las condiciones actuales, la capacidad de recuperación sólo es
posible para quienes tienen una gran capacidad tecnológica y financiera. (3)
Adivine qué países y grupos sociales serán capaces de resistir en los próximos
decenios.
Según
las Naciones Unidas, el derecho al agua, al agua para la vida, se traduce
concretamente en la disponibilidad de 50 litros de agua potable por día y por persona
para uso doméstico y 1.800 m³ de agua por año y por persona para todos los usos
combinados. Sin embargo, el concepto mismo del derecho humano al agua, que
es igual para todos y justificable, ha sido sustituido en los últimos 30 años
por el concepto de acceso equitativo y asequible al agua. Al «acceso
equitativo a un precio asequible» ya no hay ninguna obligación por parte del
Estado. Estamos saliendo del ámbito del derecho y entrando en el campo de las
necesidades de agua que deben satisfacerse de acuerdo con la accesibilidad
económica, política y social de los consumidores individuales. El precio
«asequible» del agua es un poder discrecional en manos de los administradores
de los servicios de agua que fijan el precio del agua de manera que se garanticen
las ganancias financieras. (4) ¡Actualmente, ya sean privadas o «públicas», las
empresas están ganando dinero con el agua para la vida!
Este
profundo cambio cultural y político fue posible gracias a la conjunción de
cuatro transformaciones estructurales: la mercantilización de la vida (todo
se ha reducido a una mercancía: semillas, agua, transporte público,
conocimiento, salud, vivienda, plantas, animales, genes humanos…); la
privatización de todos los bienes y servicios (nada ha escapado a este
proceso, incluido el dinero, que ha dejado de ser un símbolo clave de la
soberanía de las naciones y los estados); la liberalización y
desregulación de toda la actividad económica en nombre de la libre
gobernanza entre los titulares de intereses (los famosos «stakeholders «)
y, por último, la financiarización de la economía que ha sometido las
principales decisiones sobre la asignación y utilización de los recursos
disponibles a las lógicas financieras del rendimiento y la eficiencia a corto
plazo. Los propios seres humanos han sido reducidos a «recursos humanos» para
ser explotados al máximo de su rendimiento financiero a pesar de los derechos
humanos y más allá de ellos.
Como
resultado de ello, ya no hay bienes y servicios comunes reales ni bienes
verdaderamente públicos. En 1980, la Corte Suprema de los Estados Unidos
legalizó la patentabilidad de los organismos vivos con fines privados y de
lucro. La patentabilidad de los algoritmos (Inteligencia Artificial) se
convirtió en una práctica común en el decenio de 1990. El sector privado obtuvo
el reconocimiento de más de 50.000 patentes sobre la vida. Idem, en el campo de
la IA. En 1992, con ocasión de la Conferencia Internacional sobre el Agua
en Dublín como preparación para la Primera Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro,
la resolución final establece que el agua ya no debe considerarse un bien
social, un bien común, sino un bien económico privado, sujeto a las reglas de
la economía de mercado. La sed de agua para la vida humana ha dado paso a
la sed de agua para las actividades económicas para la competitividad y el
beneficio. Peor aún, en 2002, en la Segunda Cumbre para la Tierra de
Johannesburgo, se declaró que se debía dar un valor monetario a la naturaleza
calculando los costos y los beneficios de los servicios «ambientales» prestados
por la naturaleza. La monetización de la naturaleza (precios de la naturaleza,
banca de la naturaleza) y la patentabilidad de los seres vivos han acabado con
cualquier forma de economía del bien común, de los bienes públicos, de la
economía social y solidaria fuera de los microproyectos.
El
derecho a la vida se ha escapado de los poderes públicos. Las políticas
agroalimentarias, sanitarias, de información y de desarrollo tecnológico, como
el «desarrollo sostenible» y la seguridad del agua, ya no forman parte del
dominio de la soberanía de los Estados. Dependen más de los intereses de los
grandes grupos privados mundiales como Suez, Vivendi, Big Pharma, GAFAM,
oligopolios mineros y, por último, pero no menos importante, grandes grupos
financieros (bancos, compañías de seguros). Una de las actividades más
lucrativas y crecientes en el campo del agua es el sector de los seguros frente
a los cambios meteorológicos (turismo, agricultura, etc.) y los «accidentes
climáticos» (sequías, inundaciones, etc.). Cuantas más incertidumbres afecten
al agua del planeta, mayor será el valor de mercado del agua. En la «lógica»
especulativa financiera dominante, es evidente que cuanto más se confirme la
escasez de agua, más aumentará el valor económico del agua en detrimento de su
valor para la comunidad de vida mundial de la Tierra.
¿Adiós
al derecho universal efectivo al agua? Sí, si no se invierten los principios,
políticas y prácticas colectivas descritas. La sociedad y el Estado deben
liberarse de su privatización y financiarización. Es necesario construir la
sociedad de los bienes públicos mundiales comunes y cooperativos. Existe una
necesidad urgente de construir el sistema político público mundial basado
en la responsabilidad y la solidaridad colectivas compartidas para la
salvaguardia, el cuidado y la promoción de la vida y los derechos a la vida y,
por consiguiente, al agua para todos. La re-municipalización del agua es
fundamental para la construcción de una política pública global, siempre y cuando
se trate, por supuesto, de una verdadera municipalización cuya gestión se
financie con los impuestos y no con los ingresos generados por la venta de los
servicios de agua, incluso a precios asequibles.
En
cualquier caso, el futuro del agua y el derecho a la vida no puede lograrse a
través del agua procesada (5), sino a través de una nueva era de
ingeniería colectiva creativa y de cultura política y social guiada por la
voluntad de convivir con el respeto a la Madre Tierra.
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