Movilizaciones contra el golpe de Estado
en noviembre del año pasado. (Imagen de Rolando Andrade Stracuzzi, ley 11723)
Por Verónica Zapata
El lunes 6 de junio la fiscalía de Bolivia
imputó y pidió la detención del expresidente Evo Morales por “Terrorismo y sedición”.
Se reactivó de esta manera la causa basada en un audio casero atribuido al exmandatario,
que supuestamente desde México donde se encontraba refugiado, instruyó al
dirigente cocalero Faustino Yutra a bloquear caminos e impedir el ingreso de
alimentos a diferentes ciudades en el marco de los conflictos desatados en
noviembre del 2019, cuyo desenlace fue un golpe de estado.
La investigación había comenzado el 20 de
noviembre del 2019 luego de que el gobierno de facto presentó los cargos contra
el exmandatario por “terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo”. El
20 de diciembre los fiscales pidieron la detención de Morales que se encontraba
en Argentina con el “estatus de refugiado” por lo que las autoridades
argentinas rechazaron extraditarlo.
Interpol tiene sede regional sudamericana
en Buenos Aires, se espera que se mande un pedido de alerta roja para crear un
conflicto diplomático con Argentina, cuyo presidente Alberto Fernández no
reconoce a Jeanine Áñez como presidenta constitucional y legítima del Estado
Plurinacional de Bolivia, porque no accedió al poder por el voto democrático.
Se autoproclamó presidenta de Bolivia en una asamblea legislativa semi vacía y
la banda presidencial se la colocó un militar. Por fuera, la asamblea
legislativa estaba sitiada de militares, rodeada de tanques y helicópteros. La
autoproclamación se produjo posterior a la renuncia del expresidente Morales a
pedido del jefe de las F.F.A.A., Williams kaliman. Áñez para llegar a ser
presidenta de facto, primero se autoproclamó presidenta del senado, y recién
luego presidenta de Bolivia, antes de ello, era la segunda vicepresidenta del
senado por lo que no cumplió con la línea de sucesión, ya que su partido había
obtenido solo el 4% de los votos.
Los abogados de Morales, Raúl Zaffaroni y
Gustavo Ferreyra emitieron un comunicado: “Bolivia es un estado de derecho
donde rige la fuerza bruta. La imputación a Evo Morales constituye la enésima
evidencia del estado policial en Bolivia. Las pruebas no existen, la acusación
fiscal es un disparate, igual que el pedido de detención. No hay cargo penal
alguno que deba incriminar al expresidente, nuestro defendido. Morales lucha
por la recuperación del estado constitucional y la democracia. El peso de
nuestras razones despeja los señalamientos despreciables, cómo son la
imputación y el pedido de detención”.
Por otro lado, el 15 de junio se reactivó
la investigación en que se acusa a Evo Morales de planificar un fraude en las
elecciones del 2019 y se anunció la presentación espontánea de un “testigo
clave” cuya declaración permitiría ampliar las denuncias y los pedidos de
captura. Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral quién tiene
estrecha amistad con Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, y aparece
en diversas fotografías en redes sociales, se sumó a esta denuncia.
La estrategia golpista es “probar” por
medio de jueces cooptados por el golpismo que hubo fraude sin pruebas y anular la
personería jurídica del M.A.S. Sería una opción para los golpistas que les
permitiría ganar una elección, sacar de la competencia electoral al M.A.S.
La persecución política y judicial contra
el exmandatario no termina ahí, el 25 de junio Arturo Murillo ministro de
gobierno de facto, acusó a Morales disparatadamente de ser el ideólogo de la
escandalosa causa de corrupción por la compra de respiradores con sobreprecios
en el que se detuvo al ex ministro de salud golpista Marcelo Navajas. Murillo
sostuvo que esta causa responde a “una conspiración del M.A.S.” y amplió las
denuncias al dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, y a dos exministros, entre
otras 10 personas más, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito con
afectación al estado y organización criminal. En esta causa también se habría
presentado un “testigo clave” que brindaría datos que compromete a los
dirigentes y a ex funcionarios del M.A.S.
Proscripción del candidato a presidente,
Luis Arce
El 30 de junio se conoció la denuncia
penal interpuesta por Sergio Flores. gerente de la gestora pública de pensiones
contra Luis Arce Catacora, candidato a presidente del Movimiento al Socialismo
por la compra de dos programas informáticos cuando fue presidente del
directorio de la gestora publica, que habría causado un daño económico en
detrimento del estado. La denuncia fue realizada a dos meses de las elecciones
presidenciales fijadas para el 6 de septiembre en el país y en el contexto en
que Áñez anuncia el decreto 4.272 de reactivación del empleo. El M.A.S.
denunció que dicho decreto implica el retorno al neoliberalismo, favoreciendo a
las empresas privadas y excluyendo a las empresas públicas de recurrir a los
fondos del tesoro nacional, condenándolas a la quiebra para su posterior
privatización. De tal manera, se pone en riesgo la existencia de los bonos
Juancito Pinto y Juana Azurduy, cuyo fondo para el pago proviene de las rentas
de las empresas públicas. Además, este decreto determina la privatización de
los servicios básicos: luz, agua, gas, etc., que fueron declarados como un
derecho humano por Morales, quién bajó sus precios en el país.
El ministro de justicia Álvaro Coimbra
confirmó que aceptarán la denuncia contra Luis Arce y solicitó a la fiscalía
que reactive las diligencias para citarlo en el caso del desfalco del fondo de
desarrollo para los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinos
(F.O.N.D.I.O.C.), en la que estarían implicados la mayoría de los ex
funcionarios del gobierno del expresidente Morales. Luis Arce es acusado de
incumplimiento de deberes y otros. Coimbra también relató que se reactivarán
los más de 60 procesos por presunta corrupción durante el gobierno de Morales.
Luis Arce en un encuentro con el
presidente argentino, Alberto Fernández. (Foto: Télam)
La persecución judicial o lawfare es una
estrategia conocida en la región, a la que han sido sometidos diversos exmandatarios
como Lula Da Silva, Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner, para
intentar sacarlos de competencia electoral ante el abrumador apoyo de sus
pueblos. El caso brasileño fue paradigmático.
El 30 de junio desde la dirección nacional
del M.A.S.-I.P.S.P. se emitió un comunicado a nivel nacional e internacional
denunciando el intento de inhabilitar al candidato a la presidencia Luis Arce
por el M.A.S. que se presenta como ganador indiscutido en las encuestas con el
fin de impedir la participación en los comicios del próximo 6 de septiembre. De
tal manera, se proscribiría al M.A.S. principal fuerza política de Bolivia,
mediante un golpe judicial. Se apuesta a competir en una elección pero sin el
principal competidor.
Luis Arce llegó a La Paz, desde el exilio
en México para iniciar su campaña proselitista el 28 de enero pasado, de
inmediato fue notificado por la fiscalía por un caso de corrupción apenas bajó
del avión en un pasillo del aeropuerto de El Alto. Se lo acusa de supuesto
incumplimiento de deberes en el caso del fondo indígena (F.O.N.D.I.O.C.),
cuando ejercía como ministro de economía. Este caso es el que los golpistas
advirtieron que reactivarán en lo inmediato. Anteriormente, Luis Arce también
estuvo en resguardo en la embajada de México en La Paz posterior al golpe de
estado del 10 de noviembre del 2019 y se asiló en México luego de obtener un
salvoconducto del gobierno de facto.
Las elecciones en Bolivia están fijadas
para el 6 de septiembre, y todas las encuestas dan por ganador al candidato
Luis Arce del Movimiento al Socialismo. El contexto es de crisis política,
económica, social y sanitaria en el país con una fuerte ofensiva golpista hacia
el pueblo boliviano para evitar las próximas elecciones a toda costa, pese al
establecimiento de la fecha electoral. El golpismo busca evitar los comicios
con acciones violentas para convulsionar el país y en simultáneo se administra
siniestramente la pandemia con el fin de obtener un pico de contagios de 130
mil contagios para la fecha electoral. Por este motivo, Áñez no tomó las
medidas de contención necesarias y recién luego del colapso sanitario, se
empezaron a realizar pruebas para justificar el disparo en las cifras
oficiales. Otra opción sería llevar a cabo las elecciones, pero eliminando de
la competencia al principal candidato opositor y/o anulando la personería
jurídica del M.A.S.
También se advierte la asunción de un
gobierno netamente militar que eliminaría la realización de los comicios en la
fecha establecida. Esta situación se entrelaza y reconfigura en relación al
contexto geopolítico regional e internacional en que EE. UU. dejó de ser la
potencia económica del mundo y el jefe Trump de Áñez, también cae
estrepitosamente en las encuestas para su reelección, lo que demuestra que la
pandemia puede llevarse puestos varios gobiernos.
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