Por:
Zenaida Espinosa y Jorge Escobar Banderas
Casi
cuatro años han pasado de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno
colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. En ese trasegar han sido varias
las transformaciones que se han logrado impulsar, no obstante, todavía quedan
muchas deudas por cumplir, pues hasta hoy sólo se registra un 25% de avances en
lo acordado.
Hacer
un seguimiento a los distintos compromisos suscritos, ha sido una tarea
compleja, aseguran desde el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz
de la Universidad de Notre Dame, que publicó recientemente el informe que
analiza los avances del acuerdo entre diciembre del 2018 y noviembre de 2019,
como parte de la tarea de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a
la implementación (CSIVI).
El
informe “Tres años después de la firma del Acuerdo Final de Colombia: hacia la
transformación territorial” recoge diversos artículos de prensa, reportes de
entidades estatales, ONGs, centros de pensamiento y organizaciones
internacionales, contrastado con el testimonio de miembros de la sociedad civil
y el gobierno.
¿Cómo
va el cumplimiento de lo acordado?
De
acuerdo con las revelaciones del Instituto Kroc, el acuerdo se encuentra en un
proceso de implementación y acercamiento territorial en el que se hace
necesario construir sobre los avances que se han logrado en años anteriores,
con miras a reducir las brechas socioeconómicas entre las zonas más golpeadas
por el conflicto.
El
primer punto del acuerdo hace referencia a la reforma rural integral. Aquí los
especialistas afirman que hay avances en los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET) y en el catastro multipropósito (1), además de
subrayar como uno de los principales logros en este período su inclusión en el
Plan de Nacional de Desarrollo. Sin embargo, junto con el punto sobre drogas,
son los que menos avances presentan, cuestión que preocupa, debido a que son
dos de los elementos nodales sobre los cuales han girado las causas del
conflicto: la tenencia de la tierra y el narcotráfico.
Una
de las tareas pendientes para la implementación es la inclusión de las
comunidades para generar prácticas confiables y transparentes, lo cual se ha
visto golpeado por el asesinato constante de líderes y lideresas en los
territorios, pues se ha perdido confianza con el proceso, sobre lo cual llama
la atención el informe. Colombia ha acudido a un préstamo del Banco Mundial con
el objetivo de fortalecer el catastro multipropósito y establecer criterios
sobre el tema de la tenencia de la tierra en las zonas más afectadas por el
conflicto, porque sólo así se podrá avanzar en mejores procesos de planeación y
aumento en la recaudación de impuestos con un sentido de equidad y redistribución.
Sin embargo, el gobierno ha de hacer mayores esfuerzos para mejorar las
condiciones de seguridad para la población en los territorios, para el caso de
reclamantes de tierras y todo tipo de liderazgos que propenden por la calidad
de vida y la dignificación de los habitantes.
El
segundo punto de los acuerdos de paz es la participación política de aquellos
sectores afectados por el conflicto armado. El informe del Instituto Kroc
destaca que uno de los asuntos que ha afectado el avance tiene que ver con la
negativa del Congreso en la aprobación de las Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz, que permitiría la participación de las víctimas.
En
cuanto a la reforma política, se constató que las disposiciones avanzaron muy
poco durante el último año. El proyecto de ley final contó con amplias críticas
dentro del Congreso, mientras que el gobierno del presidente Iván Duque optó
por retirar el proyecto de acto legislativo después de la exclusión de listas
cerradas y paridad de género.
Asimismo
no se tomaron en cuenta las recomendaciones de la Misión Electoral Especial
(MEE), donde se le otorgaba mayor autonomía al Consejo Nacional Electoral (CNE)
y el financiamiento de campañas y partidos políticos.
Mientras
tanto, los ajustes normativos para garantizar la movilización y la protesta
pacífica, también presentaron un estancamiento durante el último año. De
acuerdo con el informe, se hace necesario promover los consensos necesarios
para su aprobación en el Congreso de la República.
A
su vez, le hace un llamado a los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación
y Convivencia (2), para tomar un papel proactivo en la implementación
territorial del acuerdo, al promover la inclusión de sus comunidades en las
diversas discusiones y espacios de incidencia, debido a que este es un momento
de la implementación que requiere grandes esfuerzos a nivel local, con el fin
de alcanzar las metas de mediano y largo plazo. Buena parte del porcentaje del
avance, está dado por las metas de corto plazo, que tenían que ver con la
desmovilización, la dejación de armas y la reincorporación.
¿Estamos
cerca del fin del conflicto?
El
“Fin del Conflicto” se presenta en el apartado número tres. En primer lugar se
destacan avances en la reincorporación socioeconómica de algunos grupos de
excombatientes, quienes por su disposición han accedido a las garantías
otorgadas por el gobierno, con la veeduría de la comunidad internacional.
Igualmente,
han sido aprobados diversos proyectos productivos en el Consejo Nacional de
Reincorporación, no obstante, su ha incluido a 3159 ex integrantes de las FARC,
cerca del 24% de esta población. Otra tarea pendiente es la búsqueda de
soluciones permanentes para los espacios de reincorporación, cuyos contratos de
arrendamiento se vencieron en agosto del 2019. De hecho algunos de los
excombatientes se han visto en la necesidad de abandonar espacios territoriales
por la falta de garantías de seguridad.
De
hecho el informe destaca que el 2019 fue el año más mortal para los y las
excombatientes de la extinta guerrilla, debido a que fueron asesinados un total
77 excombatientes y, sumado a los asesinatos de líderes, lideresas, ha generado
un efecto devastador en la implementación del acuerdo final y en su percepción
ante la sociedad y la comunidad internacional. En ese sentido se hace un
llamado para revisar las garantías de seguridad en los territorios, que proteja
la vida de quienes siguen comprometidos y para lograr sostenibilidad del
proceso.
A
pesar de esto, el gobierno sigue en una actitud negacionista, pues el mismo
Consejero Presidencial para la Estabilización expresó a la Radio Nacional de
Colombia que “la Fiscalía sostiene que dichos asesinatos han ocurrido por
disputas del narcotráfico y no por la condición de excombatientes”, lo que
desconoce las condiciones de los territorios y, además, estigmatiza al grueso
de los excombatientes que ahora están comprometidos con el proceso de
reincorporación.
A
pesar de eso, el informe destaca que la Unidad Especial de Investigación de la
Fiscalía y el Cuerpo Élite de la Policía, han avanzado en el esclarecimiento de
algunos homicidios, pero no ha sido suficiente ante el alarmante crecimiento.
Mientras tanto, que la falta de participación de la sociedad en la Comisión
Nacional de Garantías de Seguridad no ha permitido impulsar ante este espacio
las políticas adecuadas de protección.
En
el cuarto punto se busca una solución a la problemática derivada por el uso de
drogas ilícitas, pero los retrasos en el Programa Nacional Integral para la
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), se presentaron porque el
gobierno hizo revisiones durante seis meses y, los cambios realizados,
generaron desconfianza entre la población. Existen algunos avances en
materia de proyectos destinados a la seguridad alimentaria, pero el asesinato
de algunos participantes, nuevamente genera gran temor en las comunidades.
El
quinto punto se refiere al acuerdo sobre las víctimas del conflicto. De acuerdo
con las apreciaciones del informe, éste registró los mayores avances durante el
2019. El éxito se debe al funcionamiento de entidades pertenecientes al Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pues han generado
participación y debate público. Cabe resaltar que son instituciones que, por su
naturaleza jurídica, son independientes al gobierno, así que el avance de sus
labores no es atribuible a la voluntad del ejecutivo. La Comisión de la Verdad,
deberá entregar su informe en diciembre de 2021, mientras que la Jurisdicción
Especial de Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas, tienen una extensión para su acción de por lo menos 20
años.
Asimismo
se fortaleció el despliegue territorial de inclusión con las víctimas donde la
participación de mujeres, comunidad LGBTI y las comunidades étnicas le otorgó
mayor legitimidad, pero se hace el llamado a una mayor profundización en estos
puntos, pues fueron las poblaciones con mayores niveles de vulneración en el
marco del conflicto armado y, por lo tanto, se debe avanzar en los procesos de
reparación colectiva, donde se no registraron avances significativos.
El
sexto punto es la implementación, verificación y refrendación. El 2019 fue un
año cuyos avances fueron mínimos en este sector. No se logró establecer una
agenda conjunta entre el Estado y los exintegrantes de las FARC que aborde los
temas legislativos y de seguridad.
La
firma de este acuerdo es un proceso que durante los próximos años va a requerir
la comprensión de diversos ámbitos de la sociedad, con el objetivo de alcanzar
propuestas y planes que permitan el crecimiento de aquellas poblaciones que
durante años fueron las víctimas de la violencia. El Instituto Kroc asegura que
se requieren, por lo menos, 10 años de avances sostenidos para alcanzar los
objetivos.
De
cara a este 2020, la pandemia ocasionada por el Covid-19 obligará a realizar
ajustes en distintos frentes. Sin embargo, la participación de la ciudadanía y comunidades
será clave para garantizar que se fortalezcan las iniciativas de paz y no se
convierta en la tarea pendiente de todo un país.
Notas
(1) Catastro
multipropósito. Hace parte de los compromisos del Acuerdo de Paz y va en
beneficio de los municipios para el recaudo de impuestos, debido a que Colombia
de los 17’128.662 que tiene el país, solo el 5’380.575 están actualizados.
Según Dinero, «el catastro multipropósito
servirá para contar con información precisa y actualizada del territorio para
el diseño de mejores políticas públicas y aumentar el acceso y derecho a la
propiedad de la población, lo que les permitirá estar en la legalidad y acceder
a servicios financieros y del Estado» (Dinero, julio 19 de 2019).
(2) Consejos
Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia. Son órganos consultivos de
los gobiernos territoriales (alcaldías o gobernaciones), cuyo fin es propender
por el logro y mantenimiento de la paz, facilitar la colaboración armónica de
las entidades y los órganos estatales y promover una cultura de reconciliación
y no estigmatización.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario