Megaproyecto a contracorriente
Capricho que saldrá caro a Morena
Por Francisco Gómez Maza
La determinación de López Obrador de ir a contracorriente del
malestar de varios pueblos y comunidades originarias del sureste, por la
construcción del tren maya, va a costarle caro en lo futuro cercano. No es bien
vista la decisión presidencial, y no sólo por el panismo – eso sería explicable
-, sino por muchos inclusive de sus seguidores. En el sureste, en Chiapas y en
Tabasco particularmente, la gente ya está cansada de que los gobiernos decidan
por ella y de que sean objeto de imposiciones.
Él está seguro de que los indios quieren el tren. La verdad es
que le tienen miedo porque es una aberrante intromisión en su cultura, en su
biodiversidad, y están seguros de que es un proyecto destructor.
Sin embargo, corre el peligro de que, en el propio estado donde
nació, no sea bien evaluado electoralmente y su partido Morena se convierta en
flor de un día y en el ya cercanísimo proceso electoral de 2021. La derecha
está integrando alianzas con las organizaciones campesinas, con indígenas, con
empresarios y la ciudadanía.
Y es que la decisión de López Obrador, de entrada, está fuera de
la realidad. Es calificada como un capricho personal. Además, no realizó una
verdadera consulta entre los pueblos y comunidades (ya no estamos en los
tiempos de la consulta a mano alzada. Ésta sólo es funcional en los
comisariados ejidales y en las organizaciones comunales del campo.
Y los indios están aún más enojados porque el Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa con sede en Tuxtla Gutiérrez revocó la suspensión
provisional de las labores de construcción del tren en el tramo Palenque
-Escárcega, había otorgado la jueza Lucía Anaya Ruiz Esparza, del Segundo
Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado de Chiapas en favor de
indígenas choles, que se oponen a la construcción del tren.
El amparo se presentó con el argumento central del peligro de
contagio de COVID-19, que para la población indígena representa esa
construcción, y fue precisamente atendiendo a ese riesgo que la jueza otorgó la
suspensión. Con todo, los magistrados de ese Tribunal Colegiado la revocaron
con el argumento de que el riesgo para la comunidad Maya Ch’ol constituye un
acto futuro de realización incierta. “Es decir, que para los magistrados la
población tendría que estar contagiada para que la suspensión de los trabajos
debiera de otorgarse, lo que llevaría al absurdo de que las medidas sanitarias
preventivas, en este caso a cargo del Poder Judicial de la Federación,
carecieran de sentido”. Así, los jueves afectaron a las comunidades Ch’ol
de Palenque, Ocosingo y Salto de Agua y la organización Indignación.
Los magistrados alegaron que las autoridades (fundamentalmente
Fonatur) dicen que las empresas encargadas de la ejecución del proyecto
han observado las medidas de prevención para sus trabajadores y los pobladores
de esa región.
Sin embargo, si con lavarse las manos, cubrirse la boca y no
escupir fuera suficiente para prevenir los contagios del SARS-Cov-2, bastaría
que en cualquier empresa, centro de trabajo o educativo se afirmara lo mismo
para que toda la población dejara el confinamiento al que las autoridades de
salubridad han inducido”, resaltaron las y los defensores del territorio,
quienes señalaron la contradicción de que los magistrados trabajen de manera
remota para no contagiarse, pero sí desechen la medida en favor de las
comunidades indígenas argumentando que no hay riesgo de contagio.
Igualmente insostenible es el argumento de los magistrados,
consistente en que el Tren Maya es, en sí mismo, de interés público y social,
ya que supuestamente podría generar a la colectividad desarrollo en económico.
Pero la verdad es que, con tal argumentación, lo que hacen los magistrados
no es más que repetir lo que dicen las autoridades y que ha sido
ampliamente contradicho por numerosas organizaciones, comunidades y académicos,
además de que hacen caso omiso de que, en estos momentos, el mayor orden
público e interés social debe de estar fincado primordialmente en la salud de
la población.
En realidad, lo que los magistrados defienden, a costa de la
salud de los Maya Ch’ol y de otros sectores de la región, es un proyecto
presidencial favorable para las empresas constructoras y para el interés de
Fonatur. Lejos están los propios magistrados de resolver, poniendo por delante
las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas.
Otros que también, como dicen en Chiapas, se están haciendo
pijijis son los legisladores morenistas, que han incurrido en omisión
legislativa sobre el derecho de los pueblos originarios a la consulta
verdadera.
· Hacerse pijiji es hacerse tonto, por no decir una palabra que
las buenas conciencias califican de majadería
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