Por Sputnik
Tras los comentarios del expresidente mexicano Felipe Calderón sobre
el desconocimiento de su Gobierno de la ejecución del operativo Rápido y
Furioso, la periodista Lydia Cacho expuso evidencias de que el exmandatario
pidió dinero para permitir la llegada de las armas de la Oficina de Alcohol,
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EEUU al país.
Cacho presentó capturas del documento Plan Mérida para México y
América Central: Financiamiento y Cuestiones Políticas, elaborado en 2009 por
el Servicio de Investigación del Congreso, donde se revela que el Gobierno
mexicano tenía conocimiento del traslado ilegal de armas desde Estados Unidos.
La periodista también comentó que las armas de Rápido y Furioso pudieron
pasar desde los estados de Texas y Arizona (Estados Unidos) a Chihuahua
(México) gracias a los canales de tránsito de materiales ilegales utilizados
por las redes del crimen organizado.
Plan Mérida para México y América Central: Financiamiento y
Cuestiones Políticas es una investigación de Clare Ribando Seelke. En las
capturas compartidas por Cacho se puede leer que Estados Unidos estimó que 90%
de las armas encontradas en escenas del crimen en México provenían de su país.
La operación Rápido y Furioso volvió a debate el 7 de mayo, luego de
que el expresidente de México Felipe Calderón reiteró que es falsa la
consideración de que su administración acordara con Estados Unidos la introducción
de armas al país.
"La llamada operación Rápido y Furioso fue operativo
secreto, cuya implementación y resultados fueron revelados a agencias mexicanas
en la medida en que fueron del conocimiento público resultados negativos no
deseados por sus autores en el Departamento de Justicia", aseveró Calderón
en su cuenta de Twitter.
Asimismo, Cacho aseguró que los cárteles obtenían esas armas de
personas legalmente acreditadas para obtenerlas, o bien, de exhibiciones de
armas en estados fronterizos, donde eran vendidas a contrabandistas que se
encargaban de cruzarlas por la frontera entre Estados Unidos y México.
Entre 2009 y 2011, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y
Explosivos (ATF) de Estados Unidos ejecutó un operativo para ingresar
ilegalmente a México más de 2.500 armas de fuego, las cuales contaban con un
chip para rastrearlas y dar seguimiento a su paso por el país.
La operación, conocida como Rápido y Furioso, pretendía
identificar a los responsables de traficar armas para el crimen organizado en
México. Sin embargo, esas armas habrían sido descubiertas por los
narcotraficantes, quienes lograron controlarlas y, finalmente, desaparecer el
rastro que debían dejar para su seguimiento.
En diciembre de 2010 se identificaron dos de los rifles de asalto
enviados a México por la ATF, los cuales fueron utilizados en un tiroteo cerca
de la frontera entre Arizona y Sonora en el cual murió un agente de la Patrulla
Fronteriza de Estados Unidos. En febrero de 2011, un agente de la Oficina de
Inmigración y Aduanas de la Unión Americana fue asesinado en San Luis Potosí
con otra de las armas que formaron parte de Rápido y Furioso.
Los dos hechos fueron clave para revelar este operativo, por el cual
el Gobierno mexicano, entonces encabezado por Felipe Calderón, presentó una
queja a Washington para descubrir sus intenciones y ejecución. Desde entonces,
el expresidente ha defendido que su administración no tenía conocimiento de que
la ATF introdujo armas al país.
Rápido y Furioso también provocó una pugna entre el Congreso
estadounidense y el presidente Barack Obama, quien utilizó su privilegio
ejecutivo para impedir que el fiscal general entregara documentos clave sobre
el operativo a la Cámara de Representantes —entonces controlada por el Partido
Republicano— encargada de indagar sobre el caso.
Aun así, un funcionario del Departamento de Justicia dijo a los
investigadores legislativos que la ATF había permitido el ingreso a México como
parte de una táctica para "dejar que caminen las armas" por el país.
Y en enero de 2012, Janet Napolitano, entonces secretaria de Seguridad Interna
reconoció que se cometieron "serios errores" en la operación Rápido
y Furioso, al tiempo que se prometió evitar su repetición.
Finalmente, en 2016, la Oficina del Inspector General del
Departamento de Justicia publicó un informe final de la investigación, donde
consideró que Rápido y Furioso fue irresponsablemente supervisado.
Además, acusó que tanto la ATF, como los fiscales federales de la Unión
Americana, "fracasaron en considerar adecuadamente los riesgos para la
seguridad pública de Estados Unidos y México".
En 2017, el Gobierno mexicano recuperó unas 500 armas procedentes de
ese operativo. Todas estaban en manos de la delincuencia organizada, y la
mayoría fueron decomisadas en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis
Potosí.
Tras los comentarios del expresidente de México Felipe Calderón en
Twitter, el 8 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer
que solicitó a su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, remitir
una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos con el objetivo de
solicitarle información sobre Rápido y Furioso.
"Estamos ante un caso delicadísimo, porque se está reconociendo
que hubo una intromisión ilegal, violatoria de nuestra soberanía, por un
gobierno extranjero, en el caso de que no existiera cooperación. Entonces, si
ya sabemos esto de parte del expresidente, pues vamos a mandar una nota
diplomática al Gobierno de EEUU. Queremos informe sobre este caso, que informe
el Departamento de Justicia", explicó.
"México presentó más de 7.500 armas recuperadas para su
rastreo, lo que demuestra que la mayoría se originó en Texas, Arizona y
California", señala el documento del Servicio de Investigación del
Congreso. Del mismo modo, asevera que la ATF recibió un fondo de 4,5 milllones
de dólares para realizar operativos en territorio mexicano.
Como parte del operativo Rápido y Furioso, la ATF envió más de
2.500 armas compradas ilegalmente a México, a las cuales se les colocó un chip
para dar seguimiento a su paso por el país. Sin embargo, esas armas habrían
sido descubiertas por los narcotraficantes, quienes lograron controlarlas y,
finalmente, desaparecer su rastro.
En 2011, tras descubrir que algunas de esas armas fueron utilizadas
en crímenes contra agentes estadounidenses, el Gobierno mexicano, entonces
encabezado por Felipe Calderón, presentó una queja a Washington para descubrir
sus intenciones y ejecución. Desde entonces, el expresidente ha defendido que
su administración no tenía conocimiento de que la ATF introdujo armas al país.
El 11 de mayo, el Gobierno mexicano solicitó a EEUU a través de un nota
diplomática que le proporcione toda la información con respecto al operativo.
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