Durante estos meses se ha perdido hasta el
disimulo en las trampas del juego político.
LOS GOBERNANTES DEBEN EXPLICAR LO QUE LOS PUEBLOS
QUIEREN SABER.
Por Carolína Vásquez Araya
A los gobiernos latinoamericanos se les ha caído
la careta y muestran el cinismo abierto de su codicia desmedida y un afán
evidente de engañar a los pueblos. Ninguno se salva; están en plena competencia
ocultando ante la comunidad internacional –extra continental- los resultados de
la catástrofe social, económica y sanitaria provocada por décadas de saqueo,
privatizaciones espurias y explotación de la clase trabajadora. Esta pandemia
ha dejado a la vista el esqueleto del sistema y ya resulta imposible disimular
las intenciones detrás de las supuestas medidas para hacer frente a la crisis.
Lo más triste del caso es ver cómo algunos profesionales, conocidos por su
impecable reputación, caen en esos juegos de malabar político y terminan
apoyando a los gobernantes más corruptos.
A nuestras sociedades las han callado con el
fantasma del contagio que, aun siendo real, ha terminado por convertirse en un
parapeto tras el cual se perpetra toda clase de delitos. Es posible imaginar la
alegría de los gobernantes al constatar cómo el pueblo vive callado y temeroso,
sin haber tenido necesidad de mover un dedo. O, para más claridad, sin
necesidad de mover a sus esbirros anti-choques. Hoy, se divierten viendo cómo
los ciudadanos más corajudos vierten su frustración en las redes sociales, lo
cual al final del día es una catársis inocua para sus planes de dominación de
las estructuras del Estado, las cuales de todos modos ya están cooptadas desde
hace tiempo.
Sin embargo, un pueblo sumiso y callado ya no
puede ni debe ser parte de este juego, dado que se está rifando la vida y la de
su familia y, de no reaccionar ante los abusos de sus gobiernos, será parte del
proceso de destrucción de esa democracia que durante décadas le costó sangre y
pérdidas humanas. El proceso de convertir a nuestros países en dictaduras
setenteras ya está en marcha y las protestas tibias e ineficaces por medio de
las redes no tendrán el menor efecto. Por ello, es imperativo comenzar a exigir
claridad sobre algunas dudas elementales para ir trazando el mapa actual y
obtener alguna claridad respecto –por lo menos- de las medidas contra la
pandemia.
Entre las dudas elementales que asaltan a la
población y sobre las cuales no se logra respuesta alguna de las autoridades,
los gobernantes están en la obligación de responder sobre cuáles son sus planes
para controlar la pandemia; el pueblo tiene derecho a conocer los detalles
puntuales sobre la ejecución de los abultados presupuestos destinados a tal
fin; los encargados de las comisiones específicas para enfrentar la pandemia
están en la obligación de explicar por qué en los decesos no se incluye a los
contagiados por Covid 19 fallecidos en su domicilio; también es imperativo
transparentar cuánto presupuesto han destinado a cubrir las regiones más
alejadas de las capitales, en donde la infraestructura sanitaria es
prácticamente inexistente.
Por otro lado, tienen la obligación de explicarle
a la ciudadanía cómo intentan frenar los contagios cuando los sectores
económicos siguen presionando para realizar una apertura tan inoportuna como
peligrosa, cuando entidades de la sociedad civil ya han demostrado el
incremento del riesgo a pesar de las medidas actuales y cuando cada día es más
evidente la falta de pertinencia de las normas impuestas a los sectores más
afectados. El pueblo tiene derecho a saber y las autoridades tienen la absoluta
e indiscutible obligación de rendir cuentas claras. La participación virtual
puede ser un apoyo, pero la verdadera palanca está en demostrar de manera
rotunda que con la vida humana no se especula.
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