Acechadas
en todos los espacios, las niñas deben luchar por sobrevivir.
La
maternidad forzada es una carga injusta; contra las niñas, es un crimen
imperdonable. #DíaInternacionalDeLaNiña
Por Carolína
Vásquez Araya
elquintopatio@gmail.com
http://www.carolinavasquezaraya.com
Las cifras
de niñas y adolescentes madres en la región centroamericana –más de 215 mil
solo en 2019, de acuerdo con instituciones oficiales y organismos
internacionales- es uno de esos indicadores, como el de la pobreza extrema,
excluidos de las políticas públicas prioritarias de los gobiernos. Quienes
poseen las llaves del poder desde sectores privilegiados consideran estas patologías
sociales como un fenómeno natural, inevitable, cuya responsabilidad recae en
quienes las sufren y jamás entre quienes las provocan.
Principal
causa de muerte entre niñas y adolescentes, la maternidad forzada –hay que
recordar que el sexo con menores de 18 años está tipificado como violación-
constituye una condena real e inevitable a una vida de privaciones y miseria.
La abrumadora mayoría de los gobiernos de la región y del continente
desarrollan sus políticas bajo un sistema de administración estatal
influenciada por los sectores económico y religioso de corte patriarcal los
cuales, en perfecta sintonía, han permanecido inalterables desde tiempos de la
Conquista incidiendo con todo su poder en la política y en la administración de
justicia.
El
patriarcado no es una fantasía feminista. El patriarcado existe y está
instalado desde las épocas más remotas, restando oportunidades y derechos a las
mujeres –por ley, por tradición, por simple proceso de adjudicar la autoridad a
una mitad de la población y prohibírsela a la otra- con el resultado de
sociedades enfermas, violentas, racistas, discriminatorias e incapaces de
funcionar como un todo, con iguales metas y objetivos. Resulta penoso comprobar
que en pleno siglo de la tecnología y los viajes interplanetarios existan
limitaciones al desarrollo de las niñas, adolescentes y mujeres por un sistema
de limitaciones por cuestiones de género que pervive desde la prehistoria.
En aquellas
naciones –como las centroamericanas- en donde se tolera el abuso sexual contra
niñas y adolescentes con el resultado de embarazos forzados y maternidades que
jamás debieron suceder, el desarrollo social es un objetivo perdido. Los
impedimentos institucionales para la integración de este importante sector de
la juventud al goce de los derechos fundamentales, como una educación de
calidad, un desarrollo físico y psicológico adecuados, un acceso libre a todas
las oportunidades de vida de las que goza la otra mitad de la sociedad, son
sociopatías inaceptables cuyo alcance pone en peligro de muerte a seres tan
valiosos como inocentes.
Ser mujer
–y peor aún, ser niña- constituye un riesgo vital. Acechadas en las calles, en
el hogar, en la escuela y en el lugar de trabajo, deben vivir a la defensiva y
soportar toda clase de agresiones por el solo hecho de ser mujeres. Quienes
supuestamente deben ser sus pares son, en realidad, sus superiores jerárquicos
en este sistema perverso de privilegios por género. La negación de esta cadena
interminable de abuso no es más que una perpetuación del sistema por medio de
un acondicionamiento psicológico capaz de transformar a las víctimas en sus
propios victimarios, al convencerlas de la supuesta pertinencia del marco de
valores que las somete.
Quizá por
eso la sociedad no responde a la urgencia de proteger a las niñas y
adolescentes de las agresiones sexuales y, en lugar de ello, las culpa por su
desgracia. Numerosos son los casos de incesto y violaciones cometidas en el
entorno íntimo, bajo la mirada cómplice de familiares y vecinos quienes, con
esa actitud, confirman de manera rotunda su desprecio por las víctimas. Esto
debe terminar.
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