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Por LAND
NICARAGUA:
En una mayoría de 70 a 16 votos, la legislatura de Nicaragua aprobó el martes
un proyecto de ley que ordena penas de prisión para las personas que cometen
delitos cibernéticos. La aprobación de esta ley permite la persecución de actos
como piratería, robo de identidad o espionaje informático, pero también de
personas que “difundan información falsa”. La Ley Especial de Delitos
Cibernéticos autoriza penas de uno a 10 años de prisión para los acusados de
cualquiera de los 30 delitos que tipifica. Algunos de estos delitos incluyen "aquellos
que promueven o distribuyen información falsa o engañosa que causa alarma,
terror o malestar en el público".
Los
críticos del proyecto de ley, que fue impulsado por el partido gobernante
Frente Sandinista del presidente Daniel Ortega, afirman que es un ataque a la
libertad de expresión y permite al gobierno controlar y censurar información en
Internet. Los grupos de derechos humanos lo describen como una amenaza a la
libertad de expresión, y muchos periodistas temen que la ley sea demasiado
amplia y pueda afectar la libertad de prensa. El artículo 30 de la ley
establece que las publicaciones que dañen el honor, el prestigio o la
reputación de una persona serán sancionadas con una pena de entre uno y tres
años de prisión y una multa de salario.
CHILE: La
Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó este martes 11-1 la
idea de legislar un proyecto de ley que permitiría un segundo retiro del 10% de
los fondos de la Administración de Fondos de Pensiones (AFP). El primer retiro
de pensiones tomó US $ 16 mil millones del sistema de AFP e impulsó la
economía, pero dejó a muchos sin ahorros para las pensiones. El diputado Jorge
Alessandri, de la Unión Democrática Independiente, fue solo uno en contra del
proyecto de ley, argumentando que el Estado debería pagar la crisis, no los
chilenos. El diputado Eduardo Durán, del partido Renovación Nacional, explicó
que el Estado no está en mejor posición para apoyar a la ciudadanía en esta
crisis. El presidente Sebastián Piñera se reunió con los departamentos de
Hacienda y Trabajo para analizar los próximos pasos. El Congreso también está
debatiendo una reforma de las pensiones más amplia, y es probable que las
pensiones estén entre los temas clave de debate al redactar la nueva
constitución de Chile.
BOLIVIA: La
Cámara de Diputados y el Senado de Bolivia iniciaron una reforma que permitirá
aprobar ciertos procedimientos en el Congreso con solo una mayoría absoluta en
lugar de dos tercios de los votos. El senador Omar Aguilar del partido
Movimiento al Socialismo (MAS) justificó la decisión, diciendo que le
permitiría a la legislatura brindar más "gobernabilidad". La
oposición vinculó el movimiento con el autoritarismo. El expresidente Carlos
Mesa denunció la modificación como una “maniobra inaceptable e ilegítima” y
amenazó con no asistir a la toma de posesión del recién electo presidente Luis
Arce, del partido MAS.
Mientras
tanto, el senador del MAS, Andrónico Rodríguez, confirmó que, después de estar
exiliado durante más de un año por fraude electoral, el presidente electo Evo
Morales regresará a Bolivia el 11 de noviembre, un día después de que Arce
asuma el cargo.
VENEZUELA:
Un avión de carga iraní que transportaba armamento aterrizó en Caracas el
martes a pesar de las sanciones de Estados Unidos. La administración Trump
intentó extender su embargo que restringe la compra y venta de armas de Irán
por tiempo indefinido en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero
fracasó, dejando que el embargo expirara el 18 de octubre. El presidente
Nicolás Maduro anunció el viernes pasado la creación de un consejo militar que
tiene como objetivo independizar su sistema de armas con la ayuda de otros
países, incluidos China, Rusia, Irán y Cuba.
COLOMBIA:
Más de 600 familias indígenas en Leticia fueron presuntamente evacuadas
violentamente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Unidad de Control de
Disturbios de la Policía Nacional de Colombia, dejando varios heridos y tres
muertos durante el enfrentamiento, según el Consejo Regional Indígena del
Cauca. Las 625 familias estaban levantando chozas en terrenos que ocupaban para
evitar contraer COVID-19 y fueron destruidas por la unidad de control. La
comunidad de Leticia, el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Organización
Nacional Indígena de Colombia condenaron la violencia excesiva durante el
operativo y llamaron a las organizaciones de derechos humanos a prestar
atención a la situación.
CUBA: Más
de 400 oficinas de Western Union cerrarán en Cuba debido a las nuevas
regulaciones de embargo impuestas por la administración Trump. La nueva orden
anunciada el martes prohíbe a las empresas controladas por el ejército cubano
participar en el procesamiento de remesas. El secretario de Estado de Estados
Unidos, Mike Pompeo, dijo en un comunicado que la medida cortaría los fondos
que fluyen a las agencias de seguridad cubanas acusadas de violaciones de
derechos humanos en Cuba y Venezuela. Fincimex, la empresa militar cubana que
controla las remesas a la isla, dijo en Facebook que no está dispuesta a
transferir el negocio de las remesas a entidades públicas. Western Union dijo
que seguirá buscando soluciones alternativas para mantener su servicio en el
país.
GUATEMALA:
Los trabajadores de la salud afirman que fueron despedidos después de denunciar
la falta de tratamiento y protección contra el COVID-19. La Procuraduría de Derechos
Humanos, una institución estatal independiente, ha documentado despidos,
traslados y otros actos de represalia contra los trabajadores de la salud, como
asignar responsabilidades a los empleados fuera de sus funciones, como el
transporte de cadáveres. La oficina también dijo que los trabajadores de la
salud carecen de equipo de protección personal, y algunos crean sus propias
máscaras de tela desde casa o colocan bolsas de basura sobre sus batas. El
gobierno dijo que 44 trabajadores de la salud han muerto por COVID-19 desde el
25 de septiembre, pero el Sindicato de Trabajadores del Hospital General de San
Juan de Dios, un sindicato nacional de trabajadores de la salud, dijo que el
total es casi 10 veces mayor en todo el sector de la salud pública.
MÉXICO:
Ciudad Juárez reportó 450 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, un
aumento brutal de casos. Arturo Venezuela, médico jefe de la región norte,
anunció que la ciudad pasó de tener 12.476 casos a 12.926 en las últimas 24
horas, con 849 personas aún hospitalizadas y 156 intubadas. A nivel estatal,
las muertes han aumentado a 1.827. La ciudad fronteriza de El Paso, Texas,
también registró un aumento en los casos de coronavirus.
MÉXICO: El
presidente Andrés Manuel López Obrador propuso imponer una prohibición total a
la subcontratación o tercerización de trabajos en un esfuerzo por detener el
maltrato de empleados por parte de empresas privadas. El mandatario anunció que
enviará un proyecto de ley para que desaparezca el mecanismo que utilizan las
empresas para evadir las obligaciones fiscales y patronales. El Senado ya
estaba trabajando en una forma de regular la subcontratación. Sin embargo, el
presidente dijo el miércoles por la mañana que el gobierno probablemente
terminará el esquema laboral, aunque 8 millones de personas en el país trabajan
bajo el esquema de subcontratación.
MÉXICO:
Alfonso Durazo presentará su renuncia oficial como secretario de Seguridad este
viernes. El futuro exsecretario renunciará a su cargo para postularse como
gobernador del estado de Sonora. Durante su liderazgo, ha habido un aumento de
femicidios en el país del 9,8% y 65.000 casos de homicidios. Durazo dijo que,
aunque dejaría su cargo, seguirá involucrado en asuntos de delincuencia y
seguirá trabajando junto al presidente para hacer del país un lugar más seguro.
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