Por OAS/OEA
Comunicado sobre campaña de desinformación en torno al rol de la OEA en las elecciones de Bolivia
En los últimos días se ha articulado una maliciosa campaña de desinformación contra la OEA, con evidentes objetivos políticos, en relación a su rol en las pasadas elecciones de Bolivia. Como parte de esta campaña, incluso se solicitó a la OEA que convalide los resultados de las Elecciones Generales de Bolivia del 20 de octubre de 2019. Al respecto, la Secretaría General manifiesta que la convalidación de resultados es una facultad exclusiva de las autoridades nacionales acreditadas por su ordenamiento constitucional vigente. Corresponde sólo a los bolivianos determinar sus decisiones soberanas.
Diversos comunicados y artículos en cuestión exhiben no sólo una gran confusión sobre la secuencia de hechos que llevaron a la renuncia del presidente Morales, sino también una intención parcial e interesada que procura generar mayor desinformación al respecto, ignorar los hechos (no siempre con mala intención, porque debemos reconocer que en algunos casos hay una ignorancia real por gente que no ha estado cerca de Bolivia desde hace por lo menos un año) y desconocer la realidad del proceso electoral boliviano y sus circunstancias (muy convenientemente para sus argumentaciones), en medio de la campaña electoral que se desarrolla en Bolivia. Ello constituye otra falta de respeto a la soberanía del país y un grave despropósito político.
Tal como se ha señalado en anteriores oportunidades, la Secretaría General de la OEA ha estado y estará siempre abierta al debate serio, riguroso y profesional respecto a los hallazgos de sus especialistas electorales. En los últimos meses, se han publicado múltiples análisis, periodísticos y académicos, sobre la elección de Bolivia.
En algún caso en particular se llega a citar el estudio que presenta más contradicciones e imprecisiones, obviamente marcado por cierta orientación ideológica. Esa combinación demuestra una encomiable aparente lealtad hacia el ex presidente Evo Morales, pero se separa del conocimiento y los lleva a cometer graves errores políticos.
En su afán por justificar un resultado de la elección, los autores llegan al extremo de ofrecer una explicación basada en los apellidos supuestamente indígenas de algunos votantes, lo cual, además de ser absolutamente especulativo y de desconocer el secreto del sufragio, podría ser calificado como racista y propio de una mirada colonialista.
De igual forma, al comparar la elección de Bolivia con el voto anticipado en los Estados Unidos y las elecciones de Brasil, los investigadores exhiben una ignorancia profunda tanto de las diferencias abismales entre estos sistemas electorales como de los contextos en que se desarrollaron los comicios. Pretender justificar un resultado en Bolivia a partir de la tendencia encontrada en uno de estos otros países, ignorando deliberadamente las pruebas contundentes del fraude, es un ejercicio de mitomanía académica.
La debilidad principal de esos estudios estadísticos radica en que todo su análisis se ha hecho a partir de dos premisas falsas:
a. La primera falsedad es suponer que los resultados reportados en el cómputo oficial son válidos. Como probó el Informe de la auditoría realizada por el grupo de especialistas de la OEA, y se está confirmando por investigaciones posteriores por parte de la Fiscalía de Bolivia, existían actas 1) Pre llenadas, 2) Falsificadas, 3) Adulteradas y 4) Modificadas, por lo que cualquier análisis que tome como base la validez de estos resultados no es confiable ni remotamente creíble. Esa información está viciada de origen. Cabe recordar que, tan sólo de la muestra con la que trabajó el equipo auditor de la OEA, se encontraron 226 actas con gravísimas irregularidades correspondientes a mesas en las que “casualmente” el candidato Morales obtuvo el 91% de los votos.
b. La segunda falsedad es suponer que el análisis estadístico demuestra o no demuestra fraude en lugar de ser un elemento indicativo de la supuesta existencia de irregularidades. Debe tenerse en cuenta, obviamente algo que sabría cualquier experto electoral, que un análisis estadístico por sí solo no valida ni comprueba un fraude, sino que da indicios de dónde observar con mayor atención. Los propios autores del estudio en cuestión señalaron a The New York Times que su investigación no prueba que las elecciones hayan sido libres y justas, y que hubo múltiples problemas durante los comicios que han sido documentados1 (#_ftn1) . Los “múltiples problemas” son actas falsificadas, servidores ocultos y la votación de personas fallecidas.
Aún con todas las deficiencias y la parcialidad de su estudio, los autores admiten: “Nuestro análisis no establece la ausencia de fraude en esta elección; eso nunca podría afirmarse sólo en base al análisis cuantitativo. La información cuantitativa que revisamos es sólo una parte del caso que la OEA presenta contra la integridad de la elección boliviana. Su equipo presentó evidencia de servidores ocultos, actas incorrectamente completadas, modificaciones de software no reveladas a altas horas de la noche y numerosas otras razones que dan lugar a la sospecha”2 (#_ftn2) .
Consciente de las limitaciones propias de este tipo de ejercicios estadísticos, el equipo auditor de la OEA rotuló las conclusiones del propio análisis cuantitativo como “elementos indicativos”, y los colocó en cuarto lugar en una lista de hallazgos que incluía “acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección” e “irregularidades graves” y “errores”.
En otras palabras, el estudio estadístico realizado por la OEA no buscó validar u objetar el resultado, sino identificar comportamientos anormales o sospechosos en las tendencias para poder orientar el trabajo de los otros equipos de la auditoría, los cuales dieron con las pruebas incontrastables de la manipulación de la elección: los servidores informáticos ocultos, con capacidad para modificar los resultados, y las actas adulteradas. De manera categórica la Secretaría General continúa, por lo tanto, respaldando el análisis estadístico realizado, entendiendo que su utilidad fue solamente de carácter instrumental dentro del análisis integral que se efectuó de los comicios.
Es preciso señalar, asimismo, que incluso un grupo de políticos con obvia afinidad ideológica hacia el ex Presidente Evo Morales y otras voces críticas reiteradamente demuestran su desconocimiento al citar el estudio estadístico de la auditoría y confundirlo deliberadamente con el trabajo realizado por la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA). Como se ha manifestado infinidad de veces, se trató de análisis diferentes, realizados por equipos distintos (MOE y auditores) y completamente independientes el uno del otro.
Cabe recordar que la MOE/OEA ejecutó un conteo rápido la noche de la elección. Hasta el momento de la inaudita suspensión del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), los datos publicados por el TSE coincidían con la Misión y con los de los otros dos conteos realizados por organizaciones de la sociedad civil, señalando una clarísima tendencia hacia una segunda vuelta. Tras casi 24 horas de sospechosa interrupción y sin una explicación congruente o creíble de lo sucedido, el TSE reinició el TREP, dando a conocer unos resultados consolidados que consagraban convenientemente al candidato oficialista como vencedor en primera vuelta. Tanto la OEA como la Unión Europea alertaron sobre las dudas generadas por el accionar del TSE.
Es importante recordar que, al día siguiente, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio José Iván Costas Sitic, quien tenía a su cargo el TREP, presentó su renuncia arguyendo “la desatinada decisión de la sala del Tribunal Supremo Electoral de suspender la publicación de los resultados del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares Electorales-TREP” 3 (#_ftn3) que “derivó en la desacreditación de todo el proceso electoral, ocasionando una innecesaria convulsión social”4 (#_ftn4) .
La auditoría de la OEA posteriormente reveló que no había una razón técnica detrás de la interrupción del TREP y que se había ocultado a la ciudadanía información correspondiente a casi un 6% de las actas, que ya habían sido procesadas al momento de la suspensión, pero cuyos resultados no se publicaron. No hay forma de defender semejante ejercicio de ocultamiento y falsedad.
En un intento desesperado por “lavar” el fraude electoral que se fraguó sin éxito en Bolivia y generar la percepción de que existe más de un estudio que respalde su posición, se hace referencia a un autodenominado “think tank” que en rigor no es más que un “propaganda tank” consagrado a la defensa de gobiernos ilegítimos en la región como el venezolano y el cubano.
No es intención de este comunicado descalificar al llamado “think tank” pues no es a través de la descalificación del otro que se argumenta la verdad de los hechos, sin embargo, el viso de “seriedad” que se intenta dar a esta campaña atribuyendo la autoría a Universidades o “equipos profesionales” obligan a desenmascarar a quienes llevan adelante esta campaña. Estas citas no resultan sorpresivas ya que son el mismo perro con distinto collar.
Es en definitiva una institución que carece del expertise técnico, debido a su ínfima experiencia en materia electoral, y que sin haber estado presente en Bolivia sus explicaciones ocultando hechos y evidencias de peritos informáticos y grafólogos documentales, reconocemos que es un encomiable trabajo de propaganda política a partir de hechos, pruebas y conclusiones muy adversas.
Ese “think tank” entra en el terreno de lo tragicómico al sugerir, por ejemplo, que la manipulación de un sistema informático paralelo y oculto se hizo para “corregir errores” y que constituyó una acción aceptable, a pesar de que en rigor se trató de actos completamente fuera del marco legal, que revertían decisiones de tribunales departamentales. Es una argumentación que daría risa si no fuera que esto se hizo a un costo muy alto del pueblo boliviano.
Ese estudio omite señalar, además, que la propia auditoría interna del TSE calificó de viciada de nulidad la elección sólo por la manipulación de la infraestructura informática, sin tener en cuenta la evidencia de numerosas actas falsificadas que posteriormente la OEA reveló. Los investigadores de ese “think tank” incluso llegan a opinar al respecto, aunque jamás tuvieron contacto con siquiera un acta. Para quienes defienden la democracia resulta una broma de mal gusto.
No es increíble que estas personas defiendan una elección una vez probadas y evidenciadas todas estas acciones realizadas con el objetivo de alterar el resultado electoral: existe un claro propósito político.
En este contexto deliberado por generar confusión a través de la redacción de “informes a modo” elaborados por consigna política, es importante recordar que las conclusiones de los especialistas de la OEA, que estuvieron trabajando en terreno, han sido respaldadas por instituciones serias y neutrales como la Misión de Observación de la Unión Europea (UE). En su informe sobre las elecciones del pasado 20 de octubre, la UE consideró que “las decisiones del TSE, combinadas con la ausencia de explicaciones sobre sus decisiones y el cambio de tendencia dañaron irrevocablemente la confianza en el proceso de cómputo de resultados”5 (#_ftn5) .
Podría citarse, igualmente, la investigación realizada por Edgar Villegas en Bolivia o de Rómulo Chumacero de la Universidad de Chile, cuyas conclusiones coinciden también con las del equipo de la OEA.
A la lista anterior se podrían agregar el trabajo de Rodrigo Salazar en México, y el Informe de Ethical Hacking, empresa que auditó la transmisión de resultados a pedido del propio TSE, para la cual todo el proceso estuvo viciado de nulidad por la suma de irregularidades detectadas.
Otros estudios que respaldan la posición de la OEA son el elaborado por John Newman, ex economista y estadístico principal del Banco Mundial, quien señala que la Organización estuvo en lo cierto al cuestionar la integridad de las Elecciones Generales de Bolivia de 2019; o la investigación realizada por los académicos Diego Escobarri y Gary A. Hoover, de la University of Texas Rio Grande Valley, quienes estiman cuánto fue el alcance del fraude de octubre.
Se advierte, entonces, que frente a un estudio que cuestiona los hallazgos del equipo auditor, la comunidad académica ha respondido con múltiples análisis, verdaderamente independientes, que respaldan las conclusiones de la auditoría.
Estos grupos de personas que no son expertos en temas electorales han montado una narrativa de desinformación basada en atacar a la Organización, buscando cambiar la percepción de la realidad. La Secretaría General de la OEA no tiene por costumbre contestar todas las mentiras o falsedades que se publiquen, ni es tampoco nuestro cometido corregir los errores que se perpetran por entidad o persona alguna, pero acá se está poniendo la democracia en juego y por lo tanto no se permitirá comercializar estas mentiras, falsedades, errores o ignorancia lisa y llana.
El caso de Bolivia confirma el rigor técnico de nuestro equipo, la evidencia recolectada por los más de 100 especialistas de la organización que estuvieron en terreno es contundente y el mundo académico con niveles de expertise en materia electoral, así como otras organizaciones internacionales así lo han reconocido.
Con el ánimo de recordar a la opinión pública el objetivo de la participación de la OEA en el proceso electoral en Bolivia, la Secretaría General considera necesario reiterar información conocida sobre el marco bajo el cual la OEA ha actuado en este caso en particular.
El 8 de abril de 2019, el Órgano Electoral Plurinacional solicitó a la Secretaría General de la organización el despliegue de una Misión de Observación Electoral para observar las Elecciones Generales del 20 de octubre. En respuesta a esta solicitud se envió un equipo de 92 expertos y observadores de 24 nacionalidades que dieron seguimiento al proceso.
Tras los comicios, el 22 de octubre de 2019, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia envió una comunicación dirigida a la Secretaría General de la OEA invitando a la organización a realizar una auditoría al cómputo oficial de votos. En su respuesta, la Secretaría General aceptó la invitación e indicó que la OEA procedería a realizar un Análisis de Integridad Electoral que comprendiera la verificación de cómputos, aspectos estadísticos, verificación de actas y cadena de custodia.
El 30 de octubre, la Secretaría General de la OEA y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia firmaron los acuerdos relativos a la auditoría, en los que se estableció que- tras concluir su análisis- el equipo de especialistas entregaría un informe a la Secretaría General, que lo enviaría al gobierno de Bolivia. Además, con la finalidad de asegurar la máxima seriedad y rigurosidad, las partes acordaron que las conclusiones del análisis serían vinculantes.
Con base en el trabajo realizado por los especialistas, en fecha 10 de noviembre, se dieron a conocer los hallazgos preliminares de la auditoría. Como se mencionó, los expertos de la OEA detectaron una manipulación dolosa de los comicios en dos planos. Primero a nivel de las actas, a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. Segundo a nivel del procesamiento de los resultados, a partir del re direccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas.
A lo anterior se sumaron irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible. Reconociendo la contundencia del informe de la OEA que él mismo había solicitado y aceptando las recomendaciones, el 10 de noviembre, el entonces presidente Morales anunció que anularía las elecciones cuestionadas y convocaría un nuevo proceso.
Tras la salida del ex Presidente Evo Morales del poder, las distintas fuerzas políticas, incluyendo el partido del ex presidente, acordaron el llamado a elecciones y la designación de nuevos vocales para integrar el TSE. Actualmente, el país se encamina a un nuevo proceso electoral, más equitativo y más plural, con la participación de todas las fuerzas. A solicitud del Órgano Electoral, la OEA se encuentra ejecutando un proyecto de cooperación electoral y contará, asimismo, con una Misión que observará los próximos comicios.
Es en extremo patético y poco profesional que cualquiera pida se acepte el resultado de una elección que el mismo ex presidente Evo Morales tomó la iniciativa de anular, pidiendo reemplazar a la autoridad electoral. Es obvio que quien lo hace está llevando la intromisión en los asuntos internos de Bolivia a extremos inauditos. El ex presidente estuvo de acuerdo en anular la elección; la actual presidenta, el MAS, la oposición en todas sus manifestaciones y formas, todos quienes integran el Gobierno interino, el Congreso, el Senado, la autoridad electoral, el Tribunal Supremo de Justicia están de acuerdo en que haya una nueva elección.
Por su parte, aunque menos relevante, un artículo del NYT también ha intentado de alguna manera ir por ese camino de negar el fraude electoral en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia. Una vez más, no corresponde a este comunicado entrar en una discusión política con el equipo del NYT, pero sí es necesario contextualizar esta campaña. El NYT tiene una historia controversial con la verdad en contextos de dictaduras y totalitarismos que ha sido documentada. Por ejemplo, en 1931 el corresponsal del NYT en la Unión Soviética Walter Duranty falló en identificar y reportar la hambruna de millones de ucranianos provocada por el régimen totalitario de Joseph Stalin. El corresponsal del NYT terminó representando más defensa de Stalin que de la verdad. Se podrá decir que era “otro” NYT, aun así, el Premio Pulitzer que Duranty obtuvo por este trabajo sobre la Unión Soviética, no ha sido despojado por la Junta del Pulitzer ni rechazado por el “actual” NYT.
Por alguna inaceptable e incomprensible razón, el NYT tampoco reportó en sus primeras planas la evidencia del genocidio del Holocausto y los campos de concentración Nazi en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. El criterio de publicación de NYT no pasa por las coordenadas de veracidad y objetividad, sino más bien de conveniencia política. En este Hemisferio, en 1957, su corresponsal Herbert Matthews fue instrumental en la construcción de una narrativa pro-Castro del cual el mismo Fidel Castro se burló y se benefició en su proceso de destrucción totalitaria. Nada de esto ha sido objeto de revisión por el actual NYT. Hoy, por su parte, pretende negar al pueblo boliviano la posibilidad de elegir un nuevo presidente que no sea Evo Morales en una nueva elección.
Obviamente le reconocemos al NYT su derecho a mentir, tergiversar, distorsionar la información, los datos y los hechos, así como a mezclar verdad y mentira todas las veces que quiera; reconociendo que estos derechos que tiene son inalienables y pertenecen a la esencia del ejercicio de la libertad de prensa y de expresión y definitivamente haremos todo lo que sea necesario siempre para asegurar el ejercicio de estos derechos. Por parte de la Secretaría General, ejerceremos, con prudencia, nuestro único derecho a decir la verdad y a presentar los hechos tal cual son.
Este recuento evidencia que, en todo momento, la Secretaría General de la OEA ha actuado bilateralmente con las autoridades bolivianas de turno, sin importar ideología ni partido político. Indefectiblemente todos y cada uno de los informes de la organización han sido emitidos por requerimiento de las instancias nacionales. La Secretaría General ha pagado costos políticos de un lado y del otro y jamás se tendrán problemas al respecto.
Lamentablemente, no puede decirse lo mismo de otras organizaciones políticas y “expertos académicos”, que desde el exterior buscan influir y condicionar la política interna de Bolivia, a pesar de que las autoridades y las distintas fuerzas políticas nacionales han llegado a un acuerdo sobre las nuevas elecciones.
Cabe recordar, además, que el propio embajador de Bolivia ante la Organización ha solicitado a terceros países y organizaciones internacionales que se abstengan de interferir en los asuntos internos del país en un momento en que los ciudadanos están enfocados en la realización de próximas elecciones.
Es importante apuntar que los informes de la Misión de Observación Electoral y del equipo auditor de la OEA, respectivamente, han sido oportunamente presentados ante el Consejo Permanente y publicados en la página web de la organización. Los mismos incluyen una descripción pormenorizada de las innumerables irregularidades y manipulaciones detectadas en el análisis de los comicios del 20 de octubre. La evidencia recolectada no deja dudas sobre el fraude electoral perpetrado. Se invita a los interesados a consultar los informes para evitar caer en la confusión generada por estudios parcializados.
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