Por Edwin
N. Montes
Es
una burda e inmoral contradicción que el Gobierno de Donald Trump justifique
acciones terroristas de Estado, enarbolando banderas de “democracia, usurpación
de poder y abuso de los derechos humanos”.
El
Gobierno de EE.UU. lleva aproximadamente 20 años desarrollando una serie de
estrategias mediáticas, geopolíticas y sanciones económicas con la
intención de desprestigiar y doblegar al gobierno bolivariano electo
democráticamente en Venezuela, encabezado en un primer momento por Hugo
Chávez, y actualmente por Nicolás Maduro.
Durante
los gobiernos de George W. Bush y Obama las estrategias se centraron
mayormente en sanciones a la compra de armas y hacia funcionarios públicos
llegando a establecer este último mandatario el decreto presidencial 13692
que tendía a calificar arbitrariamente a Venezuela como “amenaza
extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de
Estados Unidos".
Las
medidas de estos dos últimos mandatarios sólo serían un preámbulo para la
intensificación de las mismas una vez llegado al poder Donald Trump,
imponiéndo un bloqueo, adoptando dichas acciones un nivel internacional, no
sólo creando figuras políticas ilegítimas e irracionales como el caso Juan
Guaidó, sino congelando bienes y activos derivados de la venta del crudo
venezolano, prohibiendo además a cualquier empresa, particular y entidad
norteamericana realizar transacciones con el gobierno, la empresa petrolera
PDVSA y con el Banco Central venezolano. La Unión Europea y otros países
aliados del imperio se han sumado a apoyar dicha estrategia terrorista de
bloqueo económico y ensayos de intervención político militar incentivada
por el gobierno de Trump.
Resulta
irónico las declaraciones realizadas por el Secretario del Tesoro
estadounidense, Steve Mnuchin, quien señaló que “es una verdadera tragedia
tener una crisis humanitaria en un país que tiene muchos recursos” como
Venezuela, cuando es bien sabido que los verdaderos causantes de esa tragedia
humanitaria es el propio gobierno norteamericano sumado a los intereses
mezquinos de la oposición y burguesía venezolana, que no fueron capaces de
vencer en las urnas al gobierno bolivariano y pretenden realizarlo mediante
campañas mediáticas y terrorismo encubierto.
Es
una burda e inmoral contradicción que el Gobierno de Donald Trump justifique
acciones terroristas de Estado, enarbolando banderas de “democracia, usurpación
de poder y abuso de los derechos humanos” para derribar gobiernos constitucionales
como el de Venezuela, cuando es el mismo Trump quien presenta acusaciones de
tal característica en su propio país, llevado incluso ante procesos de
impeachment, y que actualmente su administración presenta la mayor crisis
social y económica en la historia de EE.UU. tras la masiva ola de protestas
desatadas tras el asesinato del afroamericano George Floyd.
Resulta
a la vez contradictorio a los principios de derecho internacional, e ilegítimo
las acciones y acusaciones emprendidas por el gobierno norteamericano hacia
Venezuela cuando dichas medidas encajan dentro de lo que se denomina como
“Terrorismo de Estado”, entendida como una guerra vertical, con un enemigo
encubierto y acciones clandestinas, creando temor e inseguridad en la sociedad
venezolana con el objetivo de asfixiar económicamente al gobierno de Nicolás
Maduro, estimulando políticas de shock para fomentar la presión y fracturas
sociales al interior del Estado de Venezuela. En el actual contexto mundial del
nuevo coronavirus, la administración Trump decide arremeter contra el gobierno
bolivariano, asumiendo ilusoriamente tres componentes en su política exterior:
-
Bloqueo: Trump apuesta que a través de esta medida pueda socavar económicamente
al Gobierno de Nicolás Maduro, sin embargo, pese a estas medidas terroristas,
Venezuela aún cuenta con aliados estratégicos que son elementos de
competitividad económica y contención de la geopolítica norteamericana en sus
respectivas regiones: China, Rusia, Irán, Corea del Norte, por mencionar algunos,
agregando a ello la lista de Estados que a excepción del bloque occidental aún
reconocen como legítimo presidente de Venezuela a Nicolás Maduro.
Algunos
analistas consideran que el bloqueo económico que Estados Unidos aplica
actualmente a Venezuela no es comparable al aplicado a Cuba en 1962, aduciendo
que este bloqueo impuesta a la república bolivariana “no prohíbe el comercio
entre actores privados”; no obstante, en el bloqueo a Venezuela por parte de
Trump se observan algunos elementos de extraterritorialidad que se buscaban con
las leyes Torricelli y Helms-Burton aplicados a Cuba en 1992 y 1996. Venezuela
y Cuba han demostrado que pese a la agresividad de las medidas terroristas
implementadas en su contra durante años, no han podido ni podrán doblegar a un
pueblo que defiende su soberanía y libre autodeterminación.
-
Emergencia del Covid-19: la administración Trump asumió que el Gobierno de
Nicolás Maduro no sería capaz de lograr contrarrestar los efectos de la actual
pandemia, llegando incluso a señalar mediante sus mass media que Venezuela se
convertiría en el epicentro del Covid-19 en la región.
Pero
la realidad fue otra muy distinta, desde el pasado 13 de marzo que se
reportaron los primeros casos, Venezuela ha demostrado que la estrategia de
contención del Covid en su territorio ha sido exitosa en comparación con otros
países del cono sur, siendo Estados Unidos quien logró obtener tal título de
“epícentro de la pandemia” en dicho período.
-
Otras de las estrategias infructuosas de la administración Trump para
deslegitimar y socavar el gobierno bolivariano, fue poner precio a las cabezas
de Nicolás Maduro, y del parlamentario, Diosdado Cabello, catalogando al
Gobierno de Maduro como un “narcoestado” y así justificar las incursiones
militares en el mar Caribe venezolano.
En
fin, la historia latinoamericana ha demostrado que este tipo de medidas
terroristas de EE.UU. sólo lograrán tener como efecto directo el
empobrecimiento de una nación, además de despertar y aglutinar el sentido
antiimperialista y anti injerencista de un pueblo que se ve sometido a medidas
coercitivas unilaterales del imperio, a como lo hizo Fidel Castro con la isla
caribeña.
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