Por Maria Luisa Ramos Urzagaste
La lucha contra toda forma de esclavitud
moderna, que representa una de las violaciones más crueles de los derechos
humanos, es una tarea incumplida en el mundo. Pocos países asumen sus
compromisos y otros, como EEUU, utilizan el hecho para someter a países a sus
intereses hegemónicos.
Cada año en el mes de junio el Gobierno de
EEUU hace público su informe sobre la trata de personas en el mundo, TIP por
sus siglas en inglés. Ese informe no se enmarca en el Protocolo de Palermo de la ONU, que es el instrumento
para prevenir, reprimir y sancionar dichos delitos.
Desde el año 2000 la Ley de Protección de
Víctimas de Trata y Violencia (TVPA, por su sigla en inglés) exige a su
Gobierno que emita un reporte anual, el TIP, mediante el cual la potencia se
atribuye el rol de justiciero global, califica y descalifica las acciones
de los gobiernos en el mundo.
El informe establece una clasificación de
cuatro niveles y la ley norteamericana prevé mecanismos de presión y castigos,
pudiendo dicho país impedir el acceso a créditos de instituciones
internacionales y además restringe el acceso a programas educativos y
culturales.
Los paladines de la lucha contra
la trata de personas en 2020, a criterio del Gobierno de
Trump, son EEUU, Israel, Chile, Colombia, Francia, Filipinas y España, entre
otros. Son quienes "cumplen plenamente con los estándares mínimos de TVPA
para la eliminación de la trata".
El segundo nivel está subdividido en
dos y es sujeto de vigilancia y advertencias de parte del Gobierno de EEUU. En
dicho grupo está la mayor parte de países que serán en adelante amonestados en
caso de no escuchar las advertencias que les haga Gobierno de Trump.
El tercer nivel, está compuesto este año
por 19 países, entre ellos China, Rusia, Cuba, Venezuela, Irán, Corea del
Norte, Argelia, Bielorrusia y Nicaragua, entre otros. Son en realidad los
países con quienes EEUU tiene conflictos políticos importantes, y quienes no se
someten a los estándares norteamericanos, así como quisiera EEUU.
La TVPA establece que el Presidente de EEUU
puede instruir a su representante ante organismos
financieros a que vote en contra y que hagan el mayor esfuerzo para negar
cualquier préstamo u otro uso de los fondos de las instituciones por parte del
país que EEUU haya clasificado en el Nivel 3.
El Informe de EEUU sobre trata de personas es también una
señal importante para los distintos organismos norteamericanos, para las ONGs y
activistas que defienden los intereses de EEUU.
Es paradójico que Arabia Saudita, por
ejemplo, según los criterios del Gobierno de Trump, se encuentre en el Nivel 2
bajo observación, a pesar de ser un país que ha sido acusado de contratar
trabajadores migrantes, bajo condiciones inhumanas de trabajo y plagados de
abusos físicos y sexuales.
Peor aun así, como dice el mismo informe,
Arabia Saudita fue acusada de financiar a las milicias yemeníes que contrataban
a menores en funciones de combatientes, y que el Gobierno de Arabia Saudita
habría proporcionado salarios, uniformes, armas y capacitación a combatientes
sudaneses (que incluían niños de 14 a 17 años) en Yemen.
Otro caso es el de la República Centroafricana, que es uno de los países más
pobres y violentos del mundo. Según ACNUR la violencia ha obligado a cientos de miles de
refugiados centroafricanos a escapar a paÍses vecinos, donde la situación
tampoco es de las mejores. Una gran parte es sometida tráfico humano, sin
embargo, EEUU la coloca en el Nivel 2.
Por otro lado, para EEUU el actual gobierno
boliviano ha ameritado un ascenso de nivel, y junto a Brasil, El Salvador y
Ecuador se encuentran en el Nivel 2 y según EEUU "hacen esfuerzos
significativos".
En cuanto a Rusia y China, no es de
extrañar que este informe político coloque a dichos países en el tercer nivel.
Cooperación cubana médica amenazada
Como en pasados años, EEUU volvió a acusar
a Cuba de tráfico. EEUU reniega que "a principios de 2020, el Gobierno
cubano envió más profesionales médicos para ayudar a los países a responder a
la pandemia global de COVID-19 en virtud de acuerdos financieros poco
claros". Con ese inaudito argumento, Cuba permanece en el Nivel 3.
Los países que reciben hoy cooperación
médica de Cuba para combatir el COVID-19 suman una treintena. Entre ellos
15 países del Caribe, Perú, México, Honduras, Venezuela, Nicaragua, seis países
africanos, además de Andorra, Italia, Qatar y Kuwait.
Ahora este informe, que acusa a Cuba de
tráfico humano, pone en peligro esa cooperación, pues dichos países sufrirán
presiones políticas y amenazas.
En ese sentido, el canciller cubano Bruno
Rodríguez dijo que "el gobierno de EEUU no repara en dañar esfuerzos de
terceros países en el enfrentamiento a la pandemia con tal de atacar a Cuba.
Criminaliza la cooperación internacional por motivos políticos. Les resultan
ajenos el humanismo y la solidaridad".
La injerencia norteamericana contradice la
ONU
La Carta de
la ONU establece que, en sus relaciones internacionales, los países se
abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad
territorial o la independencia política de cualquier Estado.
Cada Estado tiene derecho a ejercer su
política soberana, pero cuando se sobrepasan ciertos límites y se imponen
políticas a punta de amenaza, ya no hablamos de soberanía y menos de actos
democráticos. Estas acciones revelan conductas despóticas y el afán de
desplegar una extraterritorialidad de sus políticas que no tiene asidero en
ninguna convención o tratado internacional.
Pero ya sabemos que EEUU, independiente de
cuál sea la administración —demócrata o republicana— su política
injerencista no cambia. Es iluso esperar respeto, menos cooperación o
solidaridad de parte del Gobierno de Trump, que a todas luces intentará sacar réditos
de la actual crisis que vive el mundo.
Al adoptar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), la comunidad internacional se comprometió a erradicar el trabajo infantil a más tardar en 2025, y
el trabajo forzoso y la trata de personas en 2030. Esos objetivos ahora se
alejan cada día más.
La pandemia ha hecho más precaria la
situación de millones. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
Unicef, millones de niños podrían verse obligados a realizar trabajo infantil como
consecuencia del COVID-19.
Un detalle no menor en el BID
Los países latinoamericanos deben pronto
encaminar la etapa de recuperación económica, pero Esta no se avizora
alentadora. El informe de las Perspectivas de la economía mundial del FMI estima que América Latina y el Caribe se contraerá
un 9,4%.
Con las arcas del Estado vacías, los países
van a necesitar dinero para echar a andar la maquinaria económica y recurrirán
al endeudamiento. Una de esas instituciones internacionales que proporciona
préstamos es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya cartera en
2019 ascendió a más de 11.000 millones de dólares.
El 16 de junio, el Departamento del Tesoro
de EEUU anunció que "el BID se encuentra en una coyuntura crítica ya que
la región enfrenta desafíos crecientes para el crecimiento económico y el
desarrollo sostenible, particularmente a la luz de la pandemia global".
En ese sentido, y para asegurar el
cumplimiento de sus políticas hacia la región latinoamericana y caribeña el
Gobierno de EEUU decidió romper la tradición de que el presidente del Banco sea
un latinoamericano, y decidió nominar a Mauricio J. Claver-Carone para la
presidencia del BID.
Claver-Carone es hombre de confianza de
Trump, es el actual asistente adjunto del presidente y director principal para
Asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU y
es conocido por promover una política radical injerencista en la región.
EEUU necesita tener bajo control al BID y
usarlo para sus propios fines y el informe de trata de personas es una ficha
importante en ese tablero, porque la clasificación realizada define el abordaje
con cada país.
EEUU con el informe TIP no pretende
cooperar con nadie, sino amenazar y castigar a quien no se someta a sus
dictados, ahora también desde el BID.
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