Escrito
por: Renzo Díaz Giunta
Actualmente,
diversos países y ciudades del mundo continúan padeciendo por la expansión del
COVID-19. A través de la toma de medidas como la cuarentena y la obligatoriedad
del uso de mascarillas, las naciones buscan detener el avance del coronavirus.
La alta transmisividad del virus ha logrado que la tasa de contagiados a nivel
mundial ascienda a más de 10 millones, así como más de 500 mil muertos. Por
ello, la comunidad científica, a través de instituciones gubernamentales,
universidades, laboratorios privados y empresas, ha optado por emprender
investigaciones que conlleven al desarrollo de una cura que ponga fin a este
mal.
Diferentes
vacunas contra el coronavirus se encuentran en diversas etapas de pruebas y
provienen de equipos científicos del Reino Unido, China y Estados Unidos, entre
otros. Cabe destacar que, es la inglesa, desarrollada por la University of
Oxford y producida por la farmacéutica AstraZeneca, en la que muchos líderes
mundiales depositan su confianza. Encontrar la cura, sin duda, es un engorroso
y complicado proceso. Pero lo más difícil está aún por venir, ya que con la
obtención de una vacuna que sea efectiva contra el coronavirus, las naciones
del mundo emprenderán una competitiva carrera por ser los primeros en
adquirirla.
El COVID-19 aqueja
a toda la humanidad y no solo pone en peligro la salud de las personas, sino sus
vidas. Si bien esta no es la primera pandemia que padece la humanidad, ha evidenciado
las deficiencias que posee la legislación internacional y la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Esto se debe a que, una vez descubierta la vacuna,
no será un bien de acceso universal ni masiva. Por ende, serán aquellos países
con el mayor poder adquisitivo los llamados a la mesa de negociaciones para
que, la institución o empresa que ha elaborado vacuna pueda escuchar quién está
dispuesto a pagar más para cumplir con sus expectativas de ganancia.
Así es como
opera el mercado siempre y su sustento se basa en la libertad de contratar,
derecho consagrado en muchas constituciones alrededor del mundo. No obstante, con
lo que respecta a la cura de una enfermedad que originó una pandemia mundial,
deberían operar otras formas de proceder más justas y menos discriminatorias,
al ser encontrarse vidas en riesgo. No hay seres humanos que sean menos por
vivir en la pobreza ni porque sus países carezcan de los recursos económicos
para afrontar una crisis sanitaria. Toda vida humana es valiosa y es necesario
que los instrumentos normativos de la legislación internacional ratifiquen la
inviolabilidad e intangibilidad de la dignidad humana; fin supremo de la
sociedad y el Estado, a través del establecimiento de un acceso universal y
masivo de vacunas, en tiempos de pandemia mundial.
Cabe destacar
que, durante la pandemia del coronavirus, lo acontecido con las mascarillas y
los ventiladores mecánicos ha evidenciado que, en tiempos de crisis, el mercado
llega a ser voraz. Ello se debe a que, los precios suben por la gran demanda y,
quienes más tienen, optan por comprar más de lo que necesitan; generando
escasez, desabasto y aumento de precios. Naturalmente, esto perjudica en
sobremanera a los países con escasos recursos. Además, la desesperación que
genera la propagación del virus puede llevar a las naciones a tomar decisiones
imprudentes como República Checa que, a fines de marzo del 2020, confiscó
mascarillas que China envió para Italia. Con la tasa de contagiados y muertos
en aumento, no cabe duda de que todas las naciones querrán ser las primeras en
recibir la vacuna para sus ciudadanos; sin embargo, solo unos cuántos países
accederán a la cura primero y el factor imperante no será la necesidad por la
gran cantidad de casos, sino su solvencia económica.
Por ello, es
necesario dotar legalmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la
facultad exclusiva y excluyente para adquirir vacunas de enfermedades
epidémicas que se extiendan a escala regional, continental o, mundial; como es
el caso del COVID-19. A través de la ONU y la cooperación de las naciones del
mundo, es posible llegar a un consenso para pactar ello y, establecer un fondo
solidario que servirá a la OMS para adquirir vacunas para las devastadoras
enfermedades epidémicas como el COVID-19, a nombre de la humanidad. Es
trascendental que se canalice a través de la OMS las negociaciones con las
empresas e instituciones que hayan descubierto la cura, así se podrá asegurar, con
la compra de esta, que sea un bien de acceso universal y que se le pueda dar
prioridad, en la distribución de las dosis, a países que no han podido
controlar la propagación del virus y cuyo índice de contagios es muy alto.
Además, que se puedan destinar muestras a los diversos laboratorios de los
países con la tecnología suficiente para intensificar los esfuerzos de una
producción masiva y, con ello, todos puedan acceder a la cura.
En suma, es
inconcebible que se siga perpetuando un proceso de adquisición y distribución
de vacunas que atenta contra la vida humana al anteponer el lucro y donde se acrecientan
las brechas de desigualdad entre los países. En materia de salud pública, en
plena pandemia mundial, la prioridad tiene que ser salvar la mayor cantidad de
vidas posibles. Subastar la cura al mejor postor es darle la espalda a la
humanidad y permitir que la inescrupulosidad de hacerse rico acosta de la vida
de otros impere. Debido a que la vida de sus ciudadanos se encuentra de por
medio, algunos países serían capaces de recurrir a iniciar conflictos armados
para robar la cura; la historia nos enseña que otras guerras han comenzado por
menos. El no contar con un marco
internacional que regule el acceso universal y distribución masiva de una
vacuna, que vincule a todos los países, es una crisis de Derechos Humanos.
Desplegar indiferencia y egoísmo, en tiempos tan críticos como este, solo
conllevan a la extinción de nuestra humanidad, por ende, estar a la altura de
las circunstancias amerita solidaridad y una política internacional de vacunas
con el bien común como principio rector.
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