Por Lucía
Barrios
La
corrupción, esa enfermedad percibida como endémica en América Latina, parece
recrudecer en un momento donde los países enfrentan una pandemia que arruina
las economías y envía a millones de personas a la pobreza.
En
países como Ecuador, Paraguay, México y Colombia fueron reportadas irregularidades y casos de
corrupción entre marzo y abril en procesos de adquisición de ventiladores
respiratorios, bolsas para cadáveres, ambulancias y diversos insumos médicos
para hacerle frente a la propagación del COVID-19.
Insumos
médicos que aumentaron hasta 9.000% su precio, ventiladores que
triplicaron su costo habitual, alcohol cobrado como si fuera oro y barbijos que
cuadruplican su valor son algunos de los ejemplos de este 'nuevo Odebrecht',
tal como lo denominan algunos analistas.
Mientras,
el último índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2020, de la
organización Americas Society/Council of the Americas y la empresa de
consultoría Control Risks, señala que mientras el COVID-19 aumenta el
riesgo de corrupción en la región, los países relajan la lucha en contra de
este flagelo.
"Semana
a semana se han denunciado casos de absoluta corrupción sobre la base de
funcionarios y empresas privadas que ha estado en coordinación para estafar al
propio Estado y a la sociedad con sobreprecios escandalosos. Distintos sectores
corruptos han aprovechado la pandemia para hacer los negocios de su vida",
dijo a Sputnik el politólogo e historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño,
profesor de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y exvicepresidente de
la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe.
Por
su parte, el antropólogo y exdiputado español Sergio Pascual, miembro del
consejo ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica
(Celag), señaló que, según estimaciones, los estados de la región vienen
invirtiendo en total unos 177.000 millones de dólares en lo que va de esta
pandemia y, mientras tanto, ya hay múltiples denuncias de que un barbijo que
cuesta un dólar se está vendiendo a cuatro.
"Es
aterrador porque estamos hablando de que, en el medio de una pandemia, en la
que uno no tiene el recurso más básico para protegerse, su Gobierno no solo no
lo protege, sino que se enriquece con su drama sanitario. Es verdaderamente
aterrador. Estamos ante el nuevo Odebrecht de proporciones inimaginadas",
sostuvo, en referencia al mayor escándalo de corrupción reciente en la región,
que involucró a esa firma constructora brasileña y tuvo ramificaciones en
varios países.
En
tanto, la politóloga Teresita Chávez, asesora regional para América Latina y el
Caribe de Transparencia Internacional, aseguró el 9 de diciembre que la
corrupción se ha vuelto endémica en América Latina porque impregna la cultura y
la vida cotidiana y causa pérdidas para la economía, el desarrollo y hasta los
derechos de las personas.
Ecuador
En Ecuador, en plena crisis sanitaria por el COVID-19, son
constantes las denuncias de casos de supuestos sobreprecios en compras, por
parte de instituciones públicas, de fundas para embalar cadáveres, mascarillas
de protección y kits de alimentos, entre otros insumos necesarios para combatir
la pandemia, a tal punto que la Fiscal Diana Salazar creó una Fuerza multidisciplinaria encargada
exclusivamente de realizar investigaciones sobre este tema.
El
11 de mayo, el contralor Pablo Celi dijo que el Estado ecuatoriano pagó sobreprecios entre el 400% y el 9.000% en la
adquisición de insumos médicos y mascarillas para las redes hospitalarias del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El
4 de junio, la Fiscalía de Ecuador y agentes de la Policía Nacional realizaron
en Quito (norte) y Guayaquil (suroeste) 37 allanamientos y detuvieron a 17 personas
involucradas en delitos de peculado, tráfico de influencias y delincuencia
organizada, en la compra de insumos médicos y otros materiales durante la
emergencia sanitaria por COVID-19.
Entre
los detenidos en Guayaquil figuran el expresidente Abdalá Bucaram (2006-2007), Carlos Luis Morales,
prefecto provincial de Guayas, y Luis Zunino, exgerente del Hospital del IESS
de esa ciudad costera.
Paraguay
En
los últimos meses se ha denunciado también irregularidades en la compra de
insumos médicos en Paraguay.
La
adquisición de artículos y camas en el marco de la lucha contra el COVID-19,
que llevó adelante el Ministerio de Salud Pública, estuvo viciada de
irregularidades en todas sus etapas, según un informe de Contraloría.
El
contrato fue por 80.000 millones de guaraníes (12.069.120 de dólares) para las
dos empresas y se realizó un adelanto de 17.000 millones de guaraníes
(2.564.688 de dólares) que deben ser devueltos al Gobierno.
Ese
pago fue uno de los principales puntos controvertidos, debido a que un
adelanto contradice los principios de una compra de insumos por la vía de la
excepción.
México
El
17 de abril el Instituto Mexicano del Seguro Social compró un equipo
respiratorio con la compañía Cyber Robotic Solutions.
Pese
a los reproches por el sobreprecio del ventilador, la polémica se encendió cuando fue confirmado que la
empresa comercializadora es propiedad de León Bartlett, el hijo del director de
la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, uno de los más criticados
funcionarios del Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador.
Poco
después que las referencias a la venta del ventilador se volvieran virales,
salió a la luz que se trataba también de la compra de 20 más, por más de
un millón de dólares.
El
13 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social devolvió los 20
ventiladores.
Colombia
La
Secretaría de Transparencia de la Presidencia colombiana se vio obligada a
hacer un llamado a los gobernadores para que redoblen las revisiones a los contratos
por la emergencia sanitaria en varios departamentos del país a los que se
consideraba de mayor "riesgo de corrupción".
La
Procuraduría General abrió una investigación contra el gobernador de Putumayo
(sur), Buanerges Florencio Rosero Peña, por un polémico contrato de compra de
10 ambulancias con el que, presuntamente, habría incurrido no solo en
sobrecostos, sino también en la "vulneración al principio de
planeación".
Antes
de que terminara el mes de abril, el gobernador del Chocó (oeste), Ariel
Palacios, fue separado de su cargo luego de ser señalado de haber cometido
supuestas "irregularidades graves" en la administración de los fondos
destinados a cubrir los gastos por la emergencia.
En
total, se trata de más de 43 procesos disciplinarios y 70 indagaciones
por corrupción.
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